EL CRIMEN DEL TENIENTE MENDOZA (Reportaje completo)

PROCESO-1931-186x250Por Arturo Rodriguez Garcia/Proceso

La tarde del 19 de septiembre de 2012 el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez fue a la primaria del Instituto Educativo Las Américas, en Naucalpan, para saludar a su hijo. Ahí, frente al pequeño y sus compañeros, maestros y padres de familia, el militar fue atacado a tiros.

Desde hacía meses se quejaba de que el concubino de su ex pareja, el coronel de justicia militar José Raúl Celedón Lamas, le impedía ver a su hijo. La jerarquía era el argumento: Mendoza tenía que obedecer.

Ese 19 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde, cuando cientos de padres convergían en la caótica hora pico, Mendoza llegó a la escuela donde se encontró con Celedón. Sin mucha puntería el coronel disparó al menos cinco veces. Sólo dos tiros impactaron al teniente: uno en el costado izquierdo y otro en la espalda.

Entre la muchedumbre aterrorizada se escuchaban los gritos acusadores: “¡Fue el pelón, fue el pelón!”, decían y señalaban al agresor.

Según la primera declaración de los testigos (Vivian Prieto y Juan Manuel Samperio, en cuyo automóvil hubo impactos de bala), el teniente pedía clemencia mientras el coronel seguía disparando. Herido, Mendoza se arrastró hasta quedar junto a la pared del deportivo El Huizachal, donde unos soldados lo subieron a una camioneta para llevarlo al Hospital Militar. Tenía perforado el pulmón derecho.

Celedón huyó con el hijo del teniente y seis horas después se entregó a la justicia militar, ante la que dio una versión distinta: que había sido él quien resultó agredido —”a cabezazos”—, por lo que respondió a tiros en “legítima defensa”. A esa hora, en el lugar del tiroteo ya no quedaban ni los casquillos percutidos. Además acusó al teniente de insubordinación.

Mendoza estuvo internado varias semanas en el Hospital General Militar.

Cuando estaba a punto de ser dado de alta, oficiales de la Policía Judicial Federal Militar irrumpieron en el nosocomio, lo arrestaron y se lo llevaron a la prisión del Campo Militar Número Uno, donde permanece hasta ahora.

La justicia castrense desestimó las lesiones por arma de fuego y la justicia civil no se quiso hacer cargo de la denuncia por intento de homicidio interpuesta contra el coronel, que está libre y en funciones en la sede judicial militar de Mazatlán, mientras que por el supuesto cabezazo el teniente está preso, acusado de “insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior”.

Cuando ocurrieron los hechos, ninguno de los dos iba uniformado —no forman parte de la misma área ni tienen relación directa de supra-subordinación—; estaban fuera de servicio en una zona de civiles y no en instalaciones castrenses.

Con todo, los jueces militares y un juzgado constitucional le negaron a Mendoza Pérez la petición de llevar su causa al fuero civil, quien desde hace años ha sido un activo promotor de la erradicación del fuero militar, por considerarlo una medida injusta que favorece las violaciones a los derechos humanos.

MARCHABA POR LA PAZ

Un año antes del tiroteo, el teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez se había sumado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), surgido a instancias del poeta Javier Sicilia y de familiares de víctimas de la violencia desatada durante el sexenio de Felipe Calderón.

Indignados, varios oficiales del Ejército y la Marina denunciaban abusos de la justicia castrense, a la que acusaban de propiciar la vulneración de derechos humanos de civiles y militares por igual.

A Mendoza y otros de sus compañeros en activo se les veía marchando junto con integrantes de dicho movimiento, enviaban oficios a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los titulares de los tres poderes y participaban en foros y audiencias de la Cámara de Diputados para pedir una reforma al fuero militar.

Por ejemplo, el 26 de junio de 2012 el MPJD peregrinó a la Basílica de Guadalupe, donde el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, ofició una misa. El teniente y sus compañeros, en procesión, ingresaron al templo del brazo de familiares de víctimas de militares.

Para entonces el teniente había hecho público su testimonio como comandante de un batallón: reveló que el 19 de octubre de 2009 miles de militares fueron disfrazados de policías federales para tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), extinguida esa noche por decreto de Calderón.

El testimonio fue dado a conocer por Proceso en su edición 1841, del 12 de febrero de 2012. En la entrevista con este semanario Mendoza explicó que le habían fincado el delito de abandono de funciones. Él había cuestionado en diferentes ocasiones el operativo de custodia de LFC, pues aseguraba que sus soldados estaban en condiciones infrahumanas, con órdenes de no dejar entrar a trabajadores y mantener en secreto su condición de militares.

“La verdad, lo único que hacían (los trabajadores) era que iban y colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para mandarnos, pues aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos (los trabajadores) exigían lo que les correspondía. Nunca nos agredieron”, dijo a este semanario esa vez.

También relató su primer desencuentro con el coronel Celedón cuando en mayo de 2010 acudió a ver a su hijo a una unidad habitacional militar de Irapuato y fue retenido en el acceso por la Policía Militar. Afirmó que esa orden provino del coronel, quien lo amenazó con acusarlo de insubordinación si intentaba ir otra vez a ver al niño. De todas maneras quedó acusado.

“Le dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército: deciden hasta en derechos de familia”, explicó entonces.

Casos y testimonios aparte, los militares y marinos que participaban en el MPJD, con Mendoza incluido, tenían una serie de exigencias: transparentar el destino de las nóminas retenidas a militares en juicio, investigar la cadena de mando en las acusaciones por muerte o agresión a civiles, erradicar el fuero militar y crear un tribunal especial (similar al electoral) integrado por jueces y magistrados civiles.

EL DESAMPARO

Concluida su convalecencia en el Hospital General Militar, el teniente quedó preso. Se le abrió la causa penal 462/2012 y el 26 de noviembre de 2012 el Juzgado Primero Militar adscrito a la I Región le dictó formal prisión, lo que quedó confirmado el pasado 8 de abril por el Tribunal Superior de Justicia Militar.

La denuncia del teniente por “intento de homicidio” —interpuesta contra Celedón— fue archivada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el coronel quedó libre, enfrentando sólo un cargo en el sistema judicial militar por abuso de autoridad simple; es decir, sin tener en cuenta los disparos.

Conforme a los autos asentados en el juicio de amparo 463/2013-IX-B, del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, el teniente rechazó haber cometido el delito que se le imputa.

Luego de que el coronel Celedón le prohibiera visitar a su hijo en su domicilio, Mendoza solía visitarlo a la salida de la escuela. Conforme a los antecedentes expuestos en la demanda de amparo, no existe ninguna orden que impidiera que Mendoza visitara a su hijo, lo que fue corroborado en la declaración testimonial de su ex mujer, la capitana Maribel Vázquez Vélez.

En el juicio de amparo Mendoza probó que el día de los hechos no estaban en servicio el coronel ni él mismo, que todo ocurrió fuera de instalaciones militares y que si bien Celedón tiene mayor grado, sus respectivas áreas de trabajo no se relacionan ni él se encontraba bajo el mando orgánico del coronel, razón por la cual no es posible que se haya insubordinado.

Subrayó que Celedón utilizó un arma de fuego en zona de civiles sin estar en funciones militares ni tener participación en operación alguna, y realizó más de cinco disparos que, según el coronel, hizo en legítima defensa.

Los testigos civiles corroboraron que el agresor fue el coronel, a quien Mendoza acusó por homicidio en grado de tentativa ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público, Mesa II, del fuero común, que hasta ahora no ha consignado el expediente.

En el juicio de amparo, Mendoza argumentó que el asunto debía ser tratado en el fuero común. Esgrimió la tesis aislada 313 404, tomo XXXVIII, de 1933, donde se establece que si un militar fuera de servicio mata a otro, el delito es competencia del fuero común. A ésta se añadieron 11 tesis resueltas en años recientes para exigir el proceso en el fuero común.

Durante el juicio Celedón se contradijo. Por ejemplo, en una primera declaración sostuvo que fue agredido y para defenderse sacó su arma y disparó, pero se le encasquilló, así que siguió jalando el gatillo y hasta cuando vio al teniente herido se dio cuenta de que era el padre del menor.

En una segunda declaración afirmó que vio llegar al teniente, quien se dirigió a él para agredirlo, por lo que debió disparar en legítima defensa.

No obstante, los testigos confirmaron que fue el coronel quien inició la agresión; unos dicen que a cabezazos y otros que ambos manotearon, tras lo cual el coronel sacó su arma y disparó.

Para el juzgado y el tribunal castrenses el delito de insubordinación se configuró en los hechos del 19 de septiembre pues ambos son militares —hayan estado en servicio o no— y Mendoza conocía el grado de Celedón, a quien le causó lesiones con el supuesto cabezazo.

La justicia militar dio por buena la denuncia por insubordinación en vías de hecho causando lesiones al superior, aunque durante el juicio no se acreditó ninguna lesión provocada por el teniente.

Con sus argumentos, Mendoza pretendía demostrar que se violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, así como disposiciones de tratados internacionales suscritos por México; sin embargo, se le negó el amparo, con lo que se confirmó el auto de formal prisión con el mismo argumento: el teniente conocía la graduación de Celedón.

Y PRESO SE QUEDA

Marcos Gerardo Mendoza fue juzgado por el general Rogelio Rodríguez Correa, quien —afirma el teniente— es compañero del agresor.

Rodríguez Correa ya había encausado al teniente Mendoza en 2011 tras la otra acusación por faltas a la disciplina militar hecha por Celedón la primera vez que se opuso a que el teniente viera a su hijo. Además el coronel fue titular del Juzgado Sexto Militar, donde se radicó la causa contra el teniente; ésta se sumó a la número 426/2012. En dicho juzgado permanece el secretario de acuerdos que sirvió también durante la titularidad de Celedón en esa instancia.

El general Rodríguez, uno de los altos mandos supuestamente dedicados a promover los derechos humanos en las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Calderón, se ha visto envuelto en diferentes casos polémicos; entre ellos el juicio a los soldados que violaron a 14 mujeres en Castaños, Coahuila, en julio de 2006, cuya sentencia (demasiado leve) fue criticada por defensores de los derechos humanos.

El recurso que intentó interponer Mendoza se radicó en el Juzgado Primero de Amparo en Materia Penal, cuya titular es la juez Sandra Leticia Robledo Magaña, envuelta con frecuencia en controversias por sus fallos.

Robledo amparó al narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40″, el pasado julio; en 2008 al líder textilero Fermín Lara Jiménez, acusado de fraude a Bacomext por más de 40 millones de dólares; en 2006 al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo contra una orden de extradición y, en 2005, a Osiel Cárdenas Guillén, capo que lideró el Cártel del Golfo.

Pero a Mendoza le negó el amparo. La defensa del teniente hace dos observaciones: la juez difirió cinco veces la audiencia, dando tiempo a que se resolviera el caso de abuso de autoridad contra Celedón en el fuero militar, y desoyó el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de septiembre de 2012, el cual establece que los delitos del orden común cometidos entre militares deben procesarse por la justicia civil.

Con todo, para la justicia castrense y para Robledo Magaña —según sus respectivas argumentaciones—, si bien los hechos analizados pudieron derivar de cuestiones personales, el teniente Mendoza trastocó y lesionó la disciplina castrense, lo que es constitutivo de delito en ese fuero, por lo cual debe permanecer preso.

EL DESMANTELAMIENTO DE PEMEX PARA SU PRIVATIZACION (Reportaje completo)

PROCESO-1931-186x250Por Jenaro Villamil/Proceso

De alguna forma, antes de ser siquiera discutida, la reforma energética ya está en marcha. Apenas dos días después de que Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa, funcionarios de Petróleos Mexicanos recibieron la orden de adelgazar radicalmente a la empresa paraestatal mediante el recorte de gastos y, en algunos casos, de personal. Pero mientras los trabajadores permanecen en la incertidumbre ante lo que viene con las eventuales inversiones extranjeras, el sempiterno líder sindical y senador priísta Carlos Romero Deschamps recibe señales de que su posición está garantizada.

Dos días después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció su iniciativa de reforma constitucional en materia energética, el 15 de agosto pasado el director corporativo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor David Solís, envió la circular 2831 a los directores generales de las cuatro grandes subsidiarias de la paraestatal, así como al director jurídico y al Corporativo de Finanzas, para exhortarlos a reducir plazas de mandos superiores, acelerar jubilaciones, suprimir tiempos extras y “cancelar plazas definitivas y temporales”.

En cumplimiento “a las instrucciones del director general” Emilio Lozoya Austin y “conforme a los compromisos establecidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Solís exhortó a los directores de Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica a que “refuercen las medidas para contener el gasto de mano de obra por lo que resta del año”.

Para lograrlo, el directivo les ordena las siguientes medidas: “Disminuir plazas de mandos superiores; restringir la cobertura de ausencias; evitar la sustitución de vacaciones en áreas administrativas; contener al mínimo posible las comisiones administrativas con sustitución; analizar y compactar estructuras; solicitar jubilaciones contractuales con cancelación de plaza; reducir el tiempo extra medido; suprimir el tiempo extra adicional en plazas vacantes y por consecuencia en nuevas contrataciones; cancelar plazas definitivas y temporales.”

La circular, cuya copia posee Proceso, aumentó la inquietud dentro de la petrolera, donde otros informes internos y confidenciales prevén un recorte de al menos 20 mil plazas en los próximos cinco años para disminuir las 150 mil 697 que existen actualmente, de las cuales 72% corresponden a trabajadores sindicalizados.

Esa preocupación se advierte en vísperas de que el Senado entre de lleno a la discusión y dictaminación de la reforma energética, pues se prevé que la apertura a inversiones privadas acelere la disminución de plazas en la paraestatal más grande del país.

Esto, a pesar de que Lozoya Austin, el secretario general del sindicato, Carlos Romero Deschamps, y el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, han negado una y otra vez que exista tal plan para correr a los trabajadores.

‘NO HABRÁ DESPIDOS’

El 23 de octubre pasado, durante su comparecencia en los foros de la reforma energética organizados en el Senado, Lozoya negó que existiera un plan de despidos a partir de las asociaciones con empresas privadas, como sucedió recientemente en el complejo petroquímico Pajaritos, donde Pemex firmó este año una asociación con la empresa privada Mexichem para dividir la propiedad accionaria: 44.15% para la paraestatal y 55.85% para la compañía que fundó el ex banquero Antonio del Valle.

Hasta febrero de este año, Pajaritos tenía 2 mil 300 trabajadores sindicalizados y 130 de confianza, y al Senado llegaron reportes de que sólo se quedarán 773 trabajadores, es decir que cerca de mil 500 serán cesados. “Lo que evidenciaría que la paraestatal cargará con gastos de pensiones, reubicaciones, transferencias y liquidaciones de personal” para beneficiar a su socio privado Mexichem, advirtió la senadora Dolores Padierna en su punto de acuerdo del 10 de septiembre pasado.

Padierna agregó que Pemex Petroquímica aceptó que Mexichem se quedara con la mayoría accionaria aportando sólo 125 millones de dólares en activos, pero se le permitió sumar 200 millones de dólares en efectivo con el fin de tener el control de la nueva compañía surgida de esta sociedad.

Al responderle en su comparecencia al senador del PRD que lo cuestionó sobre el tema, Lozoya Austin dijo: “Respecto al tema sindical, al tema de los trabajadores, el senador (Rabindranath) Salazar nos preguntó si se planteaba el despido de empleados. Le puedo decir que no, que esta información que le pasaron es incorrecta.”

Lozoya informó que el 29 de julio Pemex y el sindicato de petroleros, dirigido por el también senador Romero Deschamps —quien no participó en ninguno de los foros de reforma energética de su cámara—, firmaron el convenio administrativo 1070 “para definir la nueva estructura ocupacional sindicalizada en el complejo petroquímico, y se les garantizará respeto absoluto a sus derechos y prestaciones contractuales ya adquiridos por los trabajadores.

“Es decir, incluso en las asociaciones que Pemex pudiese lograr a partir de una reforma constitucional, en toda su cadena de valor, esto no implica, y creo que es una nota muy importante, el despido de trabajadores”, subrayó el director general de Pemex.

LOS COMPROMISOS

En el convenio administrativo 10717/2013, firmado por Lozoya Austin y el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, ambas partes se comprometen a “redimensionar la plantilla laboral sindicalizada” en todos los centros de trabajo y producción de la paraestatal.

El documento consta de 13 cláusulas y se firmó después de negociar y signar el nuevo contrato colectivo de trabajo 2013-2015, el 29 de julio pasado. Enuncia una serie de medidas para definir la situación de los trabajadores sindicalizados y de confianza “en las plantas que están fuera de operación” y “en los casos en que no sea posible el reacomodo de los trabajadores”.

Sindicato y paraestatal se comprometen a impulsar las jubilaciones y los cambios de adscripción para “aprovechar las plazas donde se requieren”. Por ejemplo, la cláusula X de este convenio establece que “en caso de que los estudios de redimensionamiento de estructura identifiquen áreas donde haya disminuido la actividad, se deberá analizar la justificación de las coberturas temporales de las plazas sindicalizadas”.

Tal “redimensionamiento” se realizará en acuerdo con la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Pemex y con la Secretaría del Interior, Actas y Acuerdos que encabeza el propio Romero Deschamps, quien prolonga así dos años más su control sobre el sindicato, como lo ha hecho desde que ascendió a la secretaría general en 1996.

La cláusula 11 estipula que empresa y sindicato “se comprometen a que, a través de la Comisión Nacional Mixta de Tabuladores, revisarán y designarán las funciones de cada categoría laboral con un enfoque de mejoramiento de la productividad y como consecuencia de su reglamento de trabajo y respectivamente del puesto”. En otras palabras, ambas partes pondrán definir las bajas, jubilaciones, despidos y modificaciones salariales.

El convenio se firmó después que el nuevo contrato colectivo definiera un incremento salarial de 3.99 pesos al salario y 1.98 pesos en prestaciones y que mantuviera intocado el poder de Romero Deschamps y de la dirigencia del sindicato, acusados reiteradamente de corrupción y despilfarro.

CORRUPCIÓN INTOCADA

Ni el contrato colectivo ni el acuerdo administrativo mencionados acaban con los millonarios privilegios para la dirigencia sindical de Romero Deschamps ni, mucho menos, se establecen controles para transparentar el manejo de las cuotas o de los fideicomisos que controla el senador priísta.

Un cálculo de la disidencia sindical, consultada por Proceso, revela que en los últimos cinco contratos colectivos firmados por su secretario general, la cúpula del sindicato ha obtenido más de 2 mil 200 millones de pesos tan sólo por cinco conceptos:

En apoyos económicos directos al Comité Ejecutivo Nacional, 457 millones; en apoyo de gastos y viáticos del mismo comité, 267; en gastos por festejos del desfile del 1 de mayo, 157; y en gastos para el festejo de la expropiación, 179 millones de pesos.

Donde más dinero ha obtenido la cúpula sindical es en la cláusula 251 bis del contrato colectivo, en la cual Pemex le entrega mil 148 millones de pesos en 10 años para “gastos para la revisión del contrato colectivo de trabajo”.

Jorge Hernández Lira, quien encabeza un comité ejecutivo disidente y dio una entrevista a este semanario en febrero pasado, afirmó tener pruebas de que existen entre 18 mil y 20 mil millones de pesos del sindicato ocultos en 18 fideicomisos que Romero Deschamps maneja discrecionalmente. Tan sólo en uno había 13 mil millones de pesos hasta 2010.

“La gente está cansada. El sindicato no beneficia a los trabajadores ni defiende sus plazas. Está cansada, además, de tantas amenazas”, afirmó Hernández Lira.

Otro ejemplo del uso opaco de los recursos que se le dan al sindicato es el de los 500 millones de pesos que Pemex le prestó a la dirigencia para un programa de construcción de viviendas. Romero Deschamps presumió en febrero que con ese fondo habían construido 25 mil casas, “y vamos por más”.

El expediente de averiguaciones previas contra Romero Deschamps es abultado, según los datos de la misma disidencia, pero nada le sucede a quien se ha convertido en un cacique sindical con más poder y dinero del que tuvo en su tiempo Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”.

En 2008, bajo el gobierno de Calderón, la PGR integró el expediente 15/03/02/2008 por presunto delito de fraude, derivado de que Mario Rubicel Ross García acusó a Romero de malversar más de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.

Romero enfrentó otras denuncias por fraude relacionadas con su cuarta reelección al frente del sindicato para el periodo 2007-2012, ya que los estatutos sólo permiten repetir una vez en el cargo. Sin embargo, ni la reforma energética ni la apertura de Pemex ni la reducción de personal afectan a este dirigente que va por sus 20 años al frente del sindicato más rico del país.

EL NEVADO DE TOLUCA, PRIVATIZADO POR DECRETO (Reportaje completo)

PROCESO-1931-186x250TOLUCA, MÉX.— La sed privatizadora del gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de dar un golpe de magnitud vergonzante: pulverizó el decreto cardenista que a finales de los treinta dispuso que el Nevado de Toluca era ‘parque nacional’. Con la imposición de un nuevo decreto el presidente abrió la puerta, ni más ni menos, a la privatización de ese volcán con la finalidad de que la élite alpina del país, pero sobre todo la internacional, encuentre ahí hoteles de superlujo, clubes de golf, pistas de esquí y albergues exclusivos…

El pasado 1 de octubre, mediante un decreto, el presidente Enrique Peña Nieto le quitó el rango de “parque nacional” al Nevado de Toluca, con lo que le abrió las puertas al Grupo Atlacomulco para que pueda manejar las 53 mil hectáreas de la zona y realizar finalmente las inversiones que desde hace años proyectó para ese bosque.

De esta manera el mandatario planea hacer realidad el viejo sueño de su tío Arturo Montiel, quien como gobernador del Estado de México intentó instalar en ese un centro internacional de esquí, un campo de golf, hoteles, restaurantes, centros comerciales y una zona residencial de lujo.

Montiel no logró realizar su proyecto privatizador porque se lo impedía el anterior marco jurídico: un decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas de 1936 que declaró “parque nacional” al nevado y prohibió toda actividad que no se ciñera a la conservación forestal en esas tierras ejidales… Precisamente la disposición cardenista que derogó Peña Nieto.

No se sabe aún si el Grupo Atlacomulco volverá a retomar tal cual el proyecto de Montiel o si le hará modificaciones. Esa tarea se la encomendó principalmente a Ignacio Pichardo Pagaza, ex gobernador del Estado de México, quien actualmente preside una comisión con supuestos tintes ecologistas que apuntala las bases para diseñar el esquema empresarial requerido.

Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, alerta:

“El decreto de Peña Nieto fue una decisión tomada por el Grupo Atlacomulco y su equipo de asesores. Es el marco jurídico que legitimará la privatización del Nevado de Toluca. Este grupo político empresarial mexiquense esperó obtener la Presidencia de la República para dar el paso que hoy se da con el decreto.”

–¿Cambiará el uso que se le venía dando a la tierra en esta zona?

–Sí, todo indica que así será. En enero de 1936 el general Lázaro Cárdenas expidió el decreto presidencial que le dio al nevado rango de parque nacional. Es una vasta extensión de más de 53 mil hectáreas, principalmente ejidales. Cárdenas, con un profundo sentido social, dispuso que los propios ejidatarios preservaran esta reserva forestal de la nación.

EPN REFORMA DECRETO

“Ahora, Peña Nieto reforma el decreto cardenista quitándole su condición de parque nacional y, por consiguiente, las restricciones que esto le acarreaba a la inversión privada. La decisión de Cárdenas respondía a una política democrática. En cambio, la de Peña Nieto obedece a una política neoliberal encaminada a hacer negocio con la tierra, sacarle la mayor rentabilidad posible. Obviamente que intentará cambiar radicalmente el uso del suelo para beneficio del Grupo Atlacomulco, al que pertenece.”

–¿Qué lo hace suponer tal cosa?

Chavarría se alisa la barbilla con los dedos. Responde luego con un esbozo de sonrisa:

“Mire, yo llevo varios años denunciando los abusos de los gobiernos mexiquenses. Sé muy bien cómo se maneja el Grupo Atlacomulco en cuestión de negocios inmobiliarios, acaparamiento de tierras y despojo a ejidatarios. Desde hace tiempo le tiene puesto el ojo al Nevado de Toluca. Y le pongo el ejemplo más a la mano; en 2003, el entonces gobernador Arturo Montiel, junto con el alcalde de Toluca, Armando Enríquez Flores, planeaban atraer una inversión de más de mil millones de dólares para crear ahí un centro turístico internacional. Hablaban de crear pistas de esquí en la nieve, de tender una autopista de cuota que subiría hasta los cráteres del volcán y de otras obras por el estilo. No lo lograron. Pero ese proyecto no se ha desechado del todo. Sólo se espera el momento propicio para implementarlo quizá con ciertos cambios.”

Alude Chavarría al Centro Internacional de Esquí del Nevado de Toluca, anunciado durante la toma de posesión de Enríquez Flores como alcalde de Toluca, el 17 de agosto de 2003. El proyecto —se detalló entonces— abarcaría 607 hectáreas del Nevado; contaría con 19 pistas para esquiar, con longitudes de 500 a mil 500 metros, y tendría una amplia y lujosa “villa alpina” con capacidad para albergar a 8 mil personas, además de un campo de golf de 27 hoyos. También tendría hoteles, restaurantes y centros comerciales.

RED EMPRESARIAL

Los estudios de mercadotecnia calculaban que el centro atraería a 2.9 millones de esquiadores al año procedentes de distintas partes del mundo, y desde luego de México, con lo que se evitaría que los connacionales (alrededor de 600 mil al año) viajaran a Europa o a Estados Unidos para practicar este deporte de montaña, lo que, a su vez, impediría la fuga de divisas.

Durante el gobierno de Montiel, refiere Chavarría, algunos de sus funcionarios no sólo pedían que se privatizara el volcán Xinantécatl, nombre prehispánico del Nevado, sino otros parques mexiquenses. Afirma que entre estos servidores públicos destacaba el entonces subsecretario de Desarrollo Urbano, Jorge Jiménez Campos, hijo del exgobernador Jorge Jiménez Cantú.

En ese tiempo se manifestó un debate acerca de la viabilidad de las pistas de nieve en el Xinantécatl. Algunos las consideraban inoperantes porque, decían, hay etapas del año en que no hay nieve en el volcán, a diferencia de las montañas de Suecia, Suiza y Antártica, y de las situadas Colorado, Estados Unidos; proyecto este último que el plan mexicano intentaba imitar.

Con todo, otros decían tener la solución al problema: fabricar nieve artificial mediante la mezcla de agua con aire a presión.

Chavarría añade que mientras el Grupo Atlacomulco encontraba la manera de quitar la barrera del decreto cardenista que maniataba a la iniciativa privada, tendía carreteras y acaparaba terrenos en la zona circundante al Nevado. Explica:

“Con la intención de tener una mayor conectividad con el Nevado, los empresarios empezaron a construir grandes carreteras a su alrededor, entre ellas la autopista a Tres Marías o la que va a Valle de Bravo; pero igual comenzaron a levantar en la zona desarrollos habitacionales. Estos fraccionamientos están a la orden del día: pueden verse en proceso de construcción en las áreas circundantes de Calimaya, Zinacantepec o Tenango del Valle.

“Esas obras no las hacen de manera fortuita. ¡No, no! Responden a una ingeniería empresarial muy precisa que utiliza a las dependencias del gobierno estatal para su beneficio, particularmente a las áreas de Desarrollo Urbano y Ecología. Toda la red empresarial ligada al Grupo Atlacomulco siempre tuvo como meta poder invertir en el Nevado de Toluca. Lo veían como la cereza del pastel.”

–¿Qué características lo hacen tan apetecible?

–¡Hombre! ¡Su zona boscosa, el aire puro, el agua limpia, la belleza del paisaje… prácticamente todo! Es el lugar ideal para descansar. Hoy el decreto de Peña Nieto le entrega a la iniciativa privada estos atractivos naturales para que haga negocio con ellos. Así de sencillo.

CONSUMMATUM EST

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de octubre, el decreto consta de un considerando y 18 artículos. De entrada, dispone que se “reforma, deroga y adiciona” el decreto de Lázaro Cárdenas publicado el 25 de enero de 1936 con el que “se declaró Parque Nacional la montaña denominada Nevado de Toluca”.

En su artículo primero, el decreto de Peña Nieto le quita al Nevado el estatus de parque nacional para recatalogarlo como “área de protección de flora y fauna”, rango con el que la iniciativa privada ya puede realizar actividades para generar “riqueza”, siempre que preserve el medio ambiente.

En el artículo noveno, donde se enumeran las actividades que ya “podrán realizarse”, se incluye la “construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada”.

Y el artículo duodécimo detalla los requisitos que se necesitan para realizar “cualquier obra o actividad pública o privada”. Dice textualmente:

“Quienes pretendan realizar dichas obras o actividades deberán contar, en su caso y previamente a su ejecución, con la autorización del impacto ambiental correspondiente en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, independientemente del otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones que deban expedir otras autoridades conforme a las disposiciones jurídicas que correspondan”.

De 13 páginas, el decreto indica que su objetivo es “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”.

PROYECTO TURÍSTICO

El paso siguiente que debe dar el gobierno es elaborar el Plan de Manejo para el Nevado de Toluca. Está obligado a especificar ahí las obras y actividades “públicas y privadas” que menciona en el decreto, así como las medidas para preservar la flora y la fauna de la zona. Debe, pues, detallar el proyecto turístico que se planea realizar, los empresarios que participarán y el monto de las inversiones, entre otros puntos. Y tiene de plazo un año para presentar el Plan de Manejo, según lo estipula la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por lo pronto, un viejo integrante del Grupo Atlacomulco, el ex gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, está presidiendo la Comisión Estatal para el Rescate del Nevado de Toluca, cuyo supuesto objetivo es revertir el grave ecológico de la zona.

El pasado 28 de octubre, diagnosticó Pichardo:

“El Nevado de Toluca está gravemente enfermo, y si no se toman decisiones valientes y frontales como la que está asumiendo el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en poco tiempo entrará en un proceso de destrucción ambiental del cual no habrá retorno”.

Según el ex gobernador —calificado por algunos medios locales como “el abogado del Nevado”— las causas de la devastación del Xinantécatl son la tala ilegal de árboles que se perpetrado durante décadas, el pastoreo, las labores agrícolas y la construcción de viviendas.

Indicó que los ejidatarios y comuneros siembran cebada, trigo y papa, lo cual perjudicó gravemente al suelo, causando erosión y agrietamientos que han destruido grandes extensiones de tierra.

AL ‘RESCATE’

El gobierno del Estado de México y la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunciaron que en diciembre próximo destinarán 45.1 millones de pesos para el “rescate” del Xinantécatl. Esos recursos, indicaron, se emplearán principalmente para labores de reforestación, pues se calcula que el volcán ha perdido el 50 por ciento de su masa forestal debido a la tala.

Pero Chavarría acota:

“Los ejidatarios no son los causantes del deterioro ecológico, provocado principalmente por la brutal tala de árboles. Pichardo Pagaza y el gobierno le están echando toda la culpa a los pobres. Pero mírelos como viven, vea sus condiciones de miseria”…

Mientras maneja su automóvil rumbo a la cima del volcán, el urbanista señala un puñado de endebles jacales de tablón situados a la orilla del camino. Un par de ancianos en harapos platican acuclillados frente a una choza, viendo a sus gallinas picotear el piso húmedo.

“Esta gente es quien, según Pichardo, deforestó miles de hectáreas. ¡Por favor! Para hacer eso se requiere maquinaria, aserraderos, camiones de carga, acceso a las autopistas, toda una red de distribución y, sobre todo, estar en contubernio con el gobierno”, dice.

Y asegura que los mismos gobiernos estatales propiciaron el deterioro del Nevado, a tal grado que, en 1982, cuando Alfredo del Mazo era gobernador, el Grupo Atlacomulco decidió de plano “levantar la veda forestal” y entrarle el mismo al negocio maderero, para lo cual creó la empresa gubernamental Protectora e Industrializadora de Bosques (Protinbos), dirigida por Mayolo del Mazo, primo de ese mandatario.

“Con Protinbos, el gobierno estatal usaba el pretexto de que sólo talaba árboles enfermos. Era común ver por las carreteras a los camiones oficiales transportando madera del Nevado. El gobierno vendía incluso pequeñas casas móviles de madera. Aquí y allá proliferaban los aserraderos; de manera que no fue una tala clandestina, sino más bien abierta y bien programada.”

LES GRANDS PROJETS QUEBECOIS: LE METRO A MONTREAL (Documentaire)

300px-MontrealMetroMosaicThe Montreal Metro (French: Métro de Montréal) is a rubber-tired metro system, and the main form of public transportation underground in the city of Montreal, Quebec, Canada.

The Metro, operated by the Société de transport de Montréal (STM), was inaugurated on October 14, 1966, during the tenure of Mayor Jean Drapeau. Originally consisting of 26 stations on three separate lines, the Metro now has 68 stations on four lines measuring 69.2 km (43.00 mi) in length,[2][3] serving the north, east, and centre of the Island of Montreal with connections to Longueuil, via the Yellow Line, and Laval, via the Orange line.

The Montreal Metro is Canada’s busiest subway system, and North America’s third busiest in total daily passenger usage, delivering an average of 1,241,000 daily unlinked passenger trips per weekday (as of Q1 2013).[4] In 2011, 308.7 million riders (transfers not included) used the Metro.[5] According to the STM website the Metro system has transported over 7 billion passengers as of 2010, roughly equivalent to the world’s population. Montreal has built one of North America’s largest urban rapid transit schemes, serving the third-largest number of passengers overall behind New York and Mexico City, and attracting the second-highest ridership per capita behind New York.[6]

The Montreal Metro was inspired by the Paris Metro[7] and in turn is also the inspiration for the Lyon Metro, Marseille Metro, and the Mexico City Metro, all constructed a few years later, and all of which also share the same rubber-wheel car design and similar Montreal Metro station architecture. (Wikipedia)

HIJOS DE LA MALINCHE, NOS VA A LLEVAR LA CHIN..

fondfoPor Everardo Monroy Caracas

México está en manos de una camarilla política servil a la banca internacional, que, a la vez, representa a las trasnacionales propietarias del petróleo, agua bebible, metales, mano de obra barata y madera. Por lo mismo, imponen, bajo engañosas campañas mediáticas y compra de votos entre la masa miserable, a sus candidatos o empleados sexenales.
Los protagonistas de la revista Forbes utilizan al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de Desarrollo para administrar los dineros públicos de cada país empobrecido y sus cobros, como cualquier banca privada, se basan en las leyes del mercado. Si el deudor no paga con dólares constantes y sonantes, tendrá que hacerlo con recursos naturales y mano de obra casi regalada.
Hasta el momento, México tiene una deuda externa de 287 mil millones de dólares y prácticamente ya tiene hipotecada la tres cuartas partes del país: metales preciosos y para uso tecnológico ya se encuentran en manos extranjeras. Lo mismo una gran porción de playas y bosques. Ahora van por el petróleo y, de ser posible, por el agua de ríos, lagos y subsuelo.
Desde el gobierno de Miguel Alemán, la burocracia financiera es educada en los Estados Unidos y por lo mismo, su visión de país es afín al libre mercado. Únicamente Adolfo López Mateos, Luis Echeverría y José López Portillo intentaron darle un rostro nacionalista a su quehacer político. El primero nacionalizó la industria eléctrica y recuperó el Chamizal que estaba en manos de los estadounidenses y los otros, alentaron una reforma política que le permitiera a la oposición, de derecha e izquierda, tener presencia en el poder legislativo (federal y estatal) y en los ayuntamientos. López Portillo aun se dio el lujo de nacionalizar la banca, pero su vida personal, como la de sus antecesores, siempre estuvo manchada por la corrupción, represión y la excentricidad autoritaria.
Después de ellos, los neoliberales tomaron el poder político-administrativo de México y se convirtieron en abiertos aliados de los principales accionistas de Wall Street. Nuevamente privatizaron la banca y prácticamente regalaron cerca de dos mil paraestales a sus allegados, patrimonio de la nación. De paso, le dieron entrada al negocio del narcotráfico y sus familiares y conocidos tuvieron acceso a estos recursos ilegales y condenaron a muerte a millones de mexicanos.
Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y ahora Enrique Peña Nieto son gobernantes impuestos por el capital privado, nacional e internacional, y no menos de cinco mil hombres y mujeres han sido los responsables de materializar el arribo de estos siniestros personajes a través de los partidos políticos, congresos y gobiernos estatales y federal. El clero y el ejército también han puesto su grano de arena.
El cinismo de esta hermandad oscura, llega a extremos desquiciantes, cuando uno observa con impotencia cómo privatizan los bancos y no solo eso, sino tras saquearlos y llevarlos a la quiebra, legisladores bajo el mando del presidente en turno, en este caso Zedillo Ponce de León y Calderón Hinojosa, los rescatan con dinero público y se los devuelven. En estos momentos, los mexicanos tenemos un adeudo, por ese concepto, de 815 mil 786 millones de pesos.
El problema es que la deuda externa pone en jaque la riqueza nacional y son el FMI y el BM quienes en realidad dirigen las finanzas públicas del país. La Secretaría de Hacienda y el Banco de México son apéndices de ambas instituciones internacionales.  El Producto Interno Bruto de México (o sea toda su riqueza natural y laboral) está valorada, según datos del mismo FMI, en un billón 177 mil 955 millones 511 mil 614 dólares. Sin embargo, gran parte de esta riqueza no es nuestra, ya está en manos de las trasnacionales.
Desgraciadamente, los gobiernos priistas y panistas, y ahora con la ayuda del PRD, van a intentar, por todos los medios, de entregarle la renta petrolera a sus acreedores. Es la cereza del pastel. Ya lograron apropiarse también de la mano de obra de los mexicanos, con la reforma laboral. Esto significa que pueden explotarlos sin necesidad de contratos o ser demandados por incumplimiento o abusos ante una junta de conciliación y arbitraje y recuperar sus derechos laborales. Toda la obra pública ya es un asunto privado y las mejores playas mexicanas son feudos de cadenas hoteleras, restauranteras y para entretenimiento nocturno. El subsuelo tampoco es nuestro, ni siquiera el aire que permite circular las ondas electromagnéticas para transmitir la señal de los emporios de radio, telefonía, internet y televisión.  El capital trasnacional tiene la concesión con el apoyo del congreso y el poder ejecutivo. La burocracia sexenal es su mayor guardián.
Lo único que les queda a los mexicanos de a pie, es la organización para defender el patrimonio de sus hijos. Quienes tenemos la bendición de comprender lo que ocurre en torno a nuestra realidad, debemos dar la batalla con las ideas y organizarnos en una gran frente nacional. No tenemos de otra. El movimiento popular que encabeza Andrés Manuel López Obrador es parte de ese entarimado que debemos construir para evitar más saqueos de nuestro subsuelo, más miseria vergonzante y la pérdida de nuestra propia identidad nacional. La riqueza petrolera es nuestra, de nuestras futuras generaciones y, como lo hizo Ulises, el rey de Itaca, cubrámonos los oídos cuando escuchemos el canto apátrida de las sirenas de Televisa y TVazteca. Ellas, las televisoras, son ajenas a nuestra realidad e intentan envenenarnos el alma para traicionar a quienes nos aman y luchan para que nuestros hijos conozcan el reino de la felicidad.

LOU REED (Vida y obra, documental completo)

1383300820_129717_1383301557_noticia_normalLa artista Laurie Anderson, viuda de Lou Reed, publico el jueves 31 de octubre, cinco dias despues de su muerte, un obituario en un semanario estadounidense local, East Hampton Star:

A nuestros vecinos:

¡Qué otoño tan maravilloso! Todo reluciente y dorado y toda esa increíble luz suave. El agua nos rodea.

Durante los últimos años Lou y yo pasamos tiempo aquí, y aunque somos gente de ciudad este es nuestro hogar espiritual.

La semana pasada le prometí a Lou que lo sacaría del hospital y volveríamos a casa a Springs. ¡Y lo conseguimos!

Lou era un maestro de tai chi y pasó sus últimos días aquí feliz y deslumbrado por la belleza y el poder y dulzura de la naturaleza. Murió el domingo por la mañana mirando a los árboles y haciendo la famosa posición 21 del tai chi con tan solo sus manos de músico moviéndose en el aire.

Lou era un príncipe y un guerrero y sé que sus canciones sobre el dolor y la belleza en el mundo llenarán a muchas personas con la extraordinaria alegría de vivir que él tenía. Larga vida a la belleza que desciende y perdura y que se adentra en todos nosotros.

Laurie Anderson

Su amante esposa y eterna amiga

AQUEL FAMOSO REMINGTON (pelicula sobre el asesino que contrataba el viejo PRI para desaparecer a sus adversarios)

aquel-famoso-remingtonAquel famoso Remington es un película mexicana estrenada el 23 de julio de 1982, interpretada y dirigida por Gustavo Alatriste. Narra la historia de “Don Rodolfo”, apodado “El Remington”, un famoso pistolero de los años 1930, que muere trágicamente en un duelo, donde ambos contendientes se matan entre sí. El verdadero nombre de “El Remington” era Rodolfo Álvarez del Castillo y Rojas y fue cuñado de María Félix, “La Doña”. (Wikipedia)