EL “MOCHE” PANISTA QUE ENCOLERIZÓ A DONALD TRUMP (Reportaje completo)

Por Jenaro Villamil/Proceso

PROCESO-2058-193x250Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, le tiene fobia a los mexicanos. Eso es sabido. Las razones de ese odio son lo que no se conoce. Tal vez un par de negocios que quiso hacer en Quintana Roo hayan colaborado. Para construir un centro turístico de lujo, al magnate estadunidense le pidieron un “moche” que no estuvo dispuesto a pagar. Por otro lado, como organizador del concurso Miss Universo, tuvo diferencias con un empresario quintanarroense a quien luego le entabló una demanda millonaria. La corrupción endémica le dio armas a su discurso xenófobo.

A finales de 2008, en un modesto restaurante de Puerto Morelos, sitio cercano a la zona turística de Cancún, se reunieron los hijos del magnate inmobiliario Donald Trump, Donald Jr. e Ivanka, con representantes legales de la empresa Mayaland, del yucateco Fernando Barbachano Herrero, y el entonces alcalde panista de Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín.

Era la reunión definitiva para negociar con el presidente municipal el cambio de uso de suelo para una zona de 12 kilómetros de playa, en el norte de la isla caribeña, y que destrabara los trámites para el desarrollo de Punta Arrecifes Resort, un proyecto que pretendía convertir a Cozumel en un destino de turismo de lujo.

“Ese terreno ahora no vale nada. Si yo les cambio el uso de suelo valdrá más de mil millones de dólares. Y yo… ¿qué gano?”, les comentó Ortega Joaquín a sus invitados.

Para “acelerar” los trámites, el alcalde panista les pidió un “moche” de 20 millones de dólares. Directo, sin rodeos, el alcalde panista les indicó que ese era el precio para lograr el cambio de uso de suelo, pese a las protestas de los grupos ambientalistas.

Sorprendidos, los hijos de Trump dieron por terminadas las negociaciones y se fueron de Puerto Morelos, según relató a Proceso uno de los testigos de ese episodio, quien pidió el anonimato y formó parte del diseño de Punta Arrecifes Resort.

Los 20 millones de dólares que pidió el alcalde cozumeleño nunca fueron mencionados públicamente por Trump, pero hizo que se saliera del proyecto Punta Arrecifes Resort. Sólo había invertido 150 mil dólares, que les fueron devueltos años después por su socio Barbachano Herrero.

En el proyecto también dejaron colgadas a consultoras ambientalistas, como Gestión, Política y Planificación Ambiental, que ha colaborado en casi 300 proyectos en el Caribe. Para la empresa Mayaland realizó un estudio sobre impacto al medio ambiente de Punta Arrecifes.

Como este episodio, otros proyectos inmobiliarios y aventuras en el Caribe mexicano del actual aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos generaron la furia y las denuncias de Trump contra la corrupción de las autoridades mexicanas.

En 2006 se enfrascó en otro proyecto en el Caribe mexicano cuando firmó un contrato entre su compañía organizadora del concurso Miss Universo y la empresa Comercializadora Ronac, del empresario Rodolfo Rosas Moya, vinculado al entonces gobernador Félix González Canto, para realizar en México el concurso de belleza, lo que ocurrió el año siguiente.

Comercializadora Ronac se comprometió a aportar 6.5 millones de dólares para llevar Miss Universo a las playas de Cancún, recién afectadas por un huracán, y puso como garantía 25 lotes baldíos en una zona de Playa del Carmen, otro de los grandes desarrollos turísticos de la región.

Trump se enfureció porque no le dieron los predios en garantía y en 2012 ganó un laudo arbitral que ha sido litigado desde entonces por Comercializadora Ronac en los juzgados de la región.

Rosas Moya cuenta con una extensa red de apoyos políticos en el PRI que incluyen a los exgobernadores González Canto e Ivonne Ortega Pacheco, de Quintana Roo y de Yucatán, respectivamente; al actual mandatario yucateco Rolando Zapata Bello y al compadre del primer mandatario Enrique Peña Nieto, Felipe Enríquez, quien se caracterizó en la península de Yucatán por sus grandes negocios de especulación de la tierra como mecanismo para financiar campañas políticas.

Enríquez actualmente es embajador de México en Uruguay.

Punta Arrecifes

Punta Arrecifes Resort sería un proyecto inmobiliario encabezado por Donald Trump Jr., quien trabó amistad en Nueva York con Eugenio Barbachano Loza, hijo de Barbachano Herrero, perteneciente a una larga dinastía de promotores turísticos y propietario del mítico hotel Mayaland en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Barbachano Herrero es el propietario del predio de mil 150 hectáreas en el norte de Cozumel, que desde el gobierno de Mario Villanueva Madrid en Quintana Roo fue declarado reserva natural protegida. Su hijo convenció de invertir a Trump Jr., vicepresidente ejecutivo de Organización Trump. Sería el primer gran negocio del hijo de este magnate inmobiliario que presume su carácter implacable a la hora de vender su “marca” y obtener ganancias.

Trump, confirma la fuente consultada por Proceso, “nunca arriesga, él presta su nombre. Invierte en ‘marca’, no en dinero. Así lo ha hecho en Panamá y Baja California”, explica.

En Playas de Tijuana, Trump anunció con gran despliegue mediático el desarrollo Trump Ocean Resort Baja. Ofrecía suites de lujo con jardines, spa, canchas de tenis, salones de baile. En 2006 vendió 188 unidades a un precio de 122 millones de dólares, pero un año después, en 2007, la obra fue parada.

Cuando los compradores le reclamaron a Trump, éste les respondió que él sólo había “rentado su nombre e imagen” para vender departamentos y que no había dinero para reembolsar a los inversionistas. El litigio se prolongó hasta 2013, cuando los abogados del magnate y los demandantes llegaron a un arreglo.

Sus socios de Cozumel sí se tomaron en serio el proyecto. En la empresa Mayaland se realizó un plan maestro para promover el desarrollo Punta Arrecife Resort, que incluiría 10 hoteles de gran lujo con 2 mil 858 habitaciones, dos puertos deportivos, un campo de golf de 18 hoyos, mil 210 casas de vacaciones, seis clubes de playas privadas, una pista para aviones privados, muelles y villas.

Incluso hubo una primera campaña publicitaria en medios digitales en la que aparecía la foto de Trump con la maqueta de lo que sería el gran desarrollo, que llegaría a valer mil millones de dólares, según las cuentas alegres de sus promotores.

En 2007, cuando se dio a conocer el proyecto, el alcalde Ortega Joaquín alabó la participación de la familia Trump y comentó en la prensa que se trataba de “convertir a Cozumel en un destino de turismo de lujo y altos estándares”.

Ortega Joaquín forma parte de la familia que ha dominado los negocios y el gobierno de Cozumel y del municipio Solidaridad, en Quintana Roo. Es primo de Pedro Joaquín Coldwell, exgobernador y actual secretario de Energía, y del actual aspirante a la gubernatura, Carlos Joaquín González, exsubsecretario federal de Turismo, quien rompió con el PRI tras no ser nominado para la candidatura.

Ortega Joaquín fue alcalde de 2005 a 2008 y lo sucedió su primo Aurelio Joaquín, de 2008 a 2011. Migró a Ensenada, Baja California, donde se dedicó en los últimos años a la producción vinícola. En días pasados retornó a Quintana Roo para apoyar las aspiraciones políticas de su primo Carlos Joaquín González.

En 2011 la Organización Trump trató de revivir el proyecto Punta Arrecifes Resort, disminuyendo de 3 mil a 600 el número total de cuartos y villas, así como presentando compromisos para respetar el medio ambiente.

Sin embargo, las organizaciones ambientalistas criticaron este proyecto, al que consideraron una amenaza para el equilibrio ecológico de la isla.

En su momento, Guadalupe Álvarez, presidenta de la ONG Citymar, advirtió a la prensa local que el proyecto de Trump y Barbachano violaba al menos cinco leyes locales y federales, y calificó el desarrollo inmobiliario como un “Guantánamo turístico”.

Caso Rosas Moya

El otro episodio, más público, fue el pleito de Donald Trump con el empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya, a quien acusó de deberle “mucho dinero” por la sociedad que establecieron para llevar el certamen de Miss Universo a Cancún.

“Por Rodolfo Rosas Moya, quien me debe mucho dinero, México jamás volverá a organizar Miss Universo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter hace un año.

“El sistema de justicia mexicano es corrupto. No quiero nada que ver con México excepto construir una pared impenetrable y detenerlos para que no vengan a quitar dinero de Estados Unidos”, estalló Trump, quien así inició sus mensajes xenófobos y discriminatorios contra los mexicanos en Estados Unidos.

Trump mantuvo una disputa entre Miss Universo, una marca que le pertenece a él y a la televisora norteamericana NBC, con Comercializadora Ronac, propiedad del también empresario inmobiliario Rosas Moya, quien firmó un contrato para aportar 6.5 millones de dólares destinados a realizar el concurso de belleza en Quintana Roo, en 2007.

Como garantía de esos 6.5 millones de dólares, Rosas Moya entregó 25 lotes de terrenos en Playa del Carmen a un extraño fideicomiso, otro sitio turístico ubicado frente a la isla de Cozumel. El aporte nunca se realizó y Trump emprendió una batalla legal para quedarse con los terrenos desde 2009. En 2012 el estadunidense ganó un arbitraje internacional, pero no pudo ejecutar el laudo.

En respuesta a los ataques de Trump, Rosas Moya publicó una carta en la que admitió la firma de un convenio con Miss Universo para realizar el certamen de belleza en Cancún, Chiapas y la Ciudad de México.

Afirmó que el espectáculo se realizó “con toda normalidad” y le representó a Trump ganancias por 8 millones de dólares por el contrato y por la venta de los derechos de transmisión para televisión y radio.

Rosas Moya señaló que “sorpresivamente” Trump pretendió hacer efectivas diversas garantías cuando “ya no tenían razón de subsistir, pues el certamen se realizó con toda normalidad, sin que se le adeudara cantidad alguna ni existieran reclamos de incumplimiento.

“Reitero, Donald Trump miente y con sus mentiras crea una farsa sólo digna de un reality show al que está acostumbrado y que sólo él cree”, sentenció el empresario mexicano en su carta.

Los gobernadores
de Quintana Roo y Yucatán

Lo que no se ventiló en esta disputa pública entre Donald Trump y Rosas Moya fue el vínculo de éste como gestor y empresario beneficiado por los contratos de los gobernadores de Quintana Roo –especialmente Félix González Canto, actual senador del PRI–, la gobernadora yucateca Ivonne Ortega y su sucesor, Rolando Zapata Bello.

Rosas Moya se vinculó con las campañas de González Canto y de Ortega gracias a las gestiones de Felipe Enríquez, “compadre” de Enrique Peña Nieto y quien jugó un papel clave en el esquema de financiamiento de las campañas del PRI entre 2005 y 2012 en la península de Yucatán.

Durante el gobierno de González Canto en Quintana Roo, Rosas Moya y sus empresas constructoras obtuvieron importantes contratos y se especuló que funcionaba como “prestanombres” del mandatario local.

En Yucatán, la exmandataria Ortega presionó al ayuntamiento de Puerto Progreso para lograr el cambio de uso de suelo de 60 hectáreas en la zona de Yucalpetén para que la empresa Mayantla, de Rosas Moya, pudiera construir un desarrollo turístico con marinas y condominios. El ayuntamiento finalmente cambió el uso de suelo a “habitacional industrial”.

Otro ejemplo de los beneficios que ha obtenido Rosas Moya es el contrato por 50 millones de pesos que le otorgó el gobierno de Rolando Zapata Bello, sucesor de Ivonne Ortega en Yucatán, para realizar los trabajos de “recuperación de playas” en los puertos de Chelem y Chuburná Puerto.

El mismo empresario presume en su página oficial en internet, www.rodolforosasmoya.mx, sus recientes negocios inmobiliarios, como Aldea Zamná, en la zona turística de Tulum, Quintana Roo, así como los trabajos de recuperación de playas en Yucatán a través de su empresa Pyrsa.

La biografía de Rosas Moya son dos pequeños párrafos donde se presenta como “ingeniero, empresario y filántropo mexicano”, así como creador de Grupo R4, “uno de los consorcios inmobiliarios más importantes del sureste de México”.

A estos datos se podrá agregar el de ser uno de los causantes de la ira de Donald Trump contra la “corrupción” en México y un viejo conocido de los jóvenes gobernadores priistas en la península de Yucatán.

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