2001: CUANDO LOS ZAPATISTAS ESTUVIERON EN LA TIERRA DE LOS PIES ALADOS

zapatistas-450x300Por Everardo Monroy Caracas/Reportaje publicado en El Diario de Chihuahua en marzo de 2001

Los casi setenta mil indígenas chihuahuenses, la mayoría tarahumaras, no cuentan por el momento con un instrumento legal que les permita preservar, con absoluta amplitud, sus derechos y diversidad cultural. Su mayor prioridad, como lo advierten investigadores y defensores de los derechos humanos, es evitar el despojo de sus ejidos y tener un mayor control de sus recursos naturales: minerales y madereros.

Esa es su paradoja

A pesar de ser los principales herederos de estas tierras, conquistadas a sangre y fuego por los españoles en el siglo XVI, los indígenas chihuahuenses -tarahumaras, pimas, guarojíos y tepehuanes- poco pueden hacer con los 74 mil 51 kilómetros cuadrados de terrenos serranos, de los cuales 53 mil 500 les fueron entregados en dotación desde el gobierno de Benito Juárez García, en 1867.

Aún así, sus atribulaciones no paran: viven en constantes litigios por linderos y posesión de predios con sus vecinos, los mestizos; son objeto, en su mayoría, de la caridad pública, implementada por autoridades y organizaciones civiles y religiosas y, desde enero de 1994 -de forma abierta-, sus reclamos silenciosos son abanderados, desde la selva chiapaneca, por un grupo de indígenas autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Precisamente, en marzo de 1999 una delegación del EZLN recorrió partes de los 23 municipios de la baja y alta Tarahumara y se entrevistó con algunos gobernadores tarahumaras. El propósito: tratar, entre otros puntos, de elevar a rango constitucional el reconocimiento a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas para “acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios”, administrar sus propios medios masivos de comunicación y tener una mayor representación política en el ámbito local o nacional.

Sin embargo, los tarahumaras entrevistados por la guerrilla zapatista, evidenciaron a su manera otro tipo de preocupaciones, propias de su cotidianidad: corrupción oficial, despojos aislados, saqueo de madera, incendios forestales y, ante tanta depredación, el futuro incierto de sus tierras de heredad.

“Los campesinos ya no tenemos el derecho que teníamos antes porque los políticos vinieron a malbaratar los artículos de la ley que nos protegían. Los ejidos se van a malgastar, todo parece que va para allá”, expresó el gobernador tarahumara, Manuel, el 20 de marzo de 1999, en San José del Pinal, municipio de Urique.

En esa ocasión, se reunieron con dos delegados del EZLN, de 13 y 17 años de edad, cinco representantes indígenas, misioneros religiosos y defensores de los derechos humanos. En uno de los puntos ahí expresados, los tarahumaras les sugirieron a los zapatistas impedir que los soldados se retiraran de las comunidades chiapanecas “porque es la única seguridad que tienen ante el ataque de los maleantes y gavilleros ligados al narcotráfico”.

De las cuestiones relacionadas a la tierra, poco se trató. No fue el meollo de la reunión. En nada se aludió lo expresado, casi dos años después, el domingo 4 de marzo, en el Tercer Congreso Nacional Indígena, de Nirio, Michoacán. “Llevar la autonomía a la práctica es parte de las estrategias. Vamos a recuperar nuestras aguas, bosques, tierras, santuarios, sitios históricos; recuperaremos nuestro territorio”, se leyó en el resolutivo final, ante más de cinco mil delegados indígenas de todo el país.

Ahí estaban presentes trece tarahumaras que aplaudieron los acuerdos, son parte de una de las cuatro etnias que desde tiempos inmemoriales viven en Chihuahua y enfrentan los sinsabores del alcoholismo, marginación, racismo e injusticia. En los últimos dos años, de acuerdo con datos oficiales, los propietarios de 208 ejidos inmersos en parte de los 74,051 kilómetros cuadrados de serranía, para no morirse de hambre y frío, han recibido dos mil toneladas de maíz; dos mil toneladas de frijol y miles de cobijas y láminas de cartón. Sólo cuentan con un médico por cada mil indígenas, y cien de cada mil niños menores de cinco años mueren por desnutrición.

Hasta el momento, las mismas autoridades federales y estatales han hecho evidente su incapacidad para resolver a fondo estos problemas. Caciques, transnacionales papeleras y del sector turístico, traficantes de drogas, dueños de aserraderos y representantes ejidales venales tienen aún el control político y económico de la zona. Nada se mueve sin su consentimiento.

De ahí que el titular de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, Lorenzo Natera Navejas, advierta de los riegos políticos que se avecinan de aprobarse, sin consensar a todas las partes, la Ley de Derechos y Culturas Indígenas. “Existen grandes intereses económicos en la Alta y Baja tarahumara y su aprobación tendría un impacto enorme”, alerta.

Y subraya: “En la tarahumara (existen) monopolios de la madera, de lo forestal y hablamos también de los monopolios mineros. Ellos (los indígenas) son dueños de la tierra, pero de acuerdo a la ley minera ellos no pueden explotar, siquiera gambusinear en muchos de los casos. Dicen:

“¿Cómo es posible que siendo yo dueño de la tierra no tenga derecho de sacar una pepita o buscar cuarzo? Para venderlos, para subsistir ¿Por qué la ley no me lo permite?”. La realidad es que no hay denuncio y todos los recursos naturales que pertenecen a ellos, están limitados por la ley…”.

– Si las autoridades gubernamentales están conscientes de esa situación ¿Por qué no intervienen?- se le pregunta.

“Hay muchas barreras. Qué no quisiéramos nosotros que ahorita llegaran todos los beneficios a los marginados, a los indígenas y se allanaran todos los caminos. Pero no es así, por la misma corrupción de los ejidos. En el ejido, por poner un ejemplo, un 90 por ciento de los ejidatarios son indígenas y un 10 por ciento, mestizos. Por años, por años, la corrupción entre ellos mismos ha propiciado que los mestizos se apropien del recurso forestal, de las mesas de los comisariados ejidales y no permiten a la mayoría de los propietarios que los beneficios se den para todos. Un presidente del comisariado, sea indígena, es corrompido por los caciques”.

Luis Felipe Orozco Oviedo, ex subdirector de estudios agrarios de la Procuraduría Agraria y ex coordinador del Programa de Desarrollo Forestal Chihuahua-Durango, asegura que los conflictos existentes entre mestizos e indígenas tienen su origen desde el momento de la conquista española -de 1601 a finales del siglo XVIII-. Las cuatro etnias, principalmente los tarahumaras, fueron “arrinconadas en la sierra” y aún ahí, por asuntos de explotación minera, se ven reducidas en sus espacios territoriales y en su “presencia como seres humanos”.

En su estudio “Ejidos, Pueblos Indios y Desarrollo Sustentable”, editado por la Procuraduría Agraria, apunta que la historia de la explotación forestal de Chihuahua ha tenido “como consecuencia” el enfrentar dos concepciones “para entender, ocupar y utilizar la sierra tarahumara”.

Ejemplifica: “Por una parte, para los chabochis (blancos) con intereses y lazos fuera de la sierra, la explotación forestal consiste en sacar la madera lo más rápido posible y al menor costo, practica y promueve una extracción de carácter minero e intenta controlar los espacios de decisión política: comisarías ejidales, presidencias municipales, cargos de dependencias oficiales, etcétera.

“Por otro lado, para los indígenas el bosque forma parte de su estrategia de supervivencia, pues de él obtiene una serie de satisfactores que le permiten lograr la reproducción social. La explotación forestal ha significado la reducción y escasez de muchos recursos naturales, la imposición de formas ajenas de organización territorial y la marginación de los espacios de toma de decisiones, además de violencia y agresión a sus formas de expresión cultural”.

Antes de la conquista española, los tarahumaras habitaban valles y montañas chihuahuenses. Compartían su extenso territorio con otras etnias, sobre todo chínipas, guazapares, témoris, pimas, guarojíos, tepehuanes y tubares. Las vetas de plata atrajeron a los colonizadores entre 1590 y 1591, pero es con la presencia del capitán Diego Martínez de Hurdaide cuando se inicia la guerra fratricida contra los indígenas. El jesuita Pedro Méndez fue el primer misionero en contactar con los tarahumaras o rarámuris.

La antropóloga Mayra Mónica Meza, en su tesis “San José Baqueachi: historia de un ejido tarahumara que se resiste al despojo de sus tierras”, señala que la corona de España fue “la única propietaria de las tierras descubiertas en el nuevo mundo”. “Los reyes tuvieron la exclusividad para su reparto. Sin embargo, ante la lejanía que estos dos mundos guardaban entre sí, los reyes decidieron otorgar facultades a las autoridades de la Nueva España”, abunda.

Y añade: los virreyes y gobernadores cedieron la tierra de dos maneras: “en forma particular, como recompensa para los jefes expedicionarios o soldados que sirvieron al rey en la conquista, y para la formación de los pueblos de indios. A los indios se les concedió tierra en forma comunal, y no a ellos particularmente sino para la formación de reducciones o misiones”.

Los enfrentamientos armados contra los indios fueron permanentes y a principios del siglo XVIII habían sido vencidos y adoctrinados por los misioneros. En 1767 los jesuitas fueron expulsados del país y sus propiedades, que también eran parte de las etnias, pasaron a manos del gobierno. Sería hasta 1775 cuando por decreto, “se otorgó a los indígenas el derecho de poseer las tierras de las misiones en las que habían residido”.

El territorio chihuahuense quedó enmarcado, por acuerdo virreinal, dentro de la provincia de la Nueva Vizcaya, conformada además con el ahora estado de Durango. Es hasta el 31 de enero de 1824 cuando el Acta Constitutiva de la Federación crea el Estado Interno del Norte, integrado por las provincias de Nuevo México, Durango y Chihuahua. Meses después Chihuahua es elevado a rango de estado y el 7 de diciembre de 1825 aparece su primera constitución política. El territorio es dividido en once partidos y éstos, a su vez, en municipios.

Durante la reforma, señala la investigadora, Benito Juárez puso en venta algunas tierras comunales, propiedad de los indios -por considerarlas ociosas-, pero en algunos casos, como en Bocoyna y Guerrero, expidió leyes para que se les restituyeran y sus propietarios contaran con títulos de certificación oficial. Después vendrían las leyes porfirianas sobre terrenos nacionales y las compañías deslindadoras.

“Estas leyes y decretos”, explica la antropóloga, “añadieron un elemento más al proceso de despojo de las tierras, no sólo de los indígenas de la Sierra Tarahumara, sino de otros grupos étnicos del país”.

Orozco Oviedo, por su parte, destaca que tras el triunfo de la revolución mexicana, el gobierno federal inicia el reparto agrario y pone en marcha la creación del ejido, como medio productivo parcelario, pero aún inmerso a un proyecto colectivo, de uso común. Ese hecho choca con la cosmovisión de los indígenas tarahumaras, quienes perciben la propiedad de la tierra sin connotaciones de explotación mercantil, sino para simplemente cubrir sus necesidades más elementales.

Ejemplifica: “El patrón de los asentamientos rarámuris responde por lo general al siguiente esquema: 1. Un pueblo rarámuri es pueblo porque tiene un siríame o gobernador tradicional. 2. Para que exista el siríame debe haber una iglesia donde realizar el nawesare o discurso ceremonial que se practica los domingos. 3. Alrededor de la iglesia se localiza la escuela-albergue, la tienda campesina y algunas casas. 4. En un radio de acción que varía en su distancia según sean las condiciones geográficas y la importancia del siríame se encuentra un número variable de ranchos y rancherías, las cuales definen su sentido de pertenencia al reconocer la autoridad y el gobierno del siríame”.

Y puntualiza:

“Sobre este esquema de organización territorial se impuso la división ejidal, la cual -como en un plano empalmado- abarca por lo general a más de un pueblo indígena dentro de su superficie territorial. En gran número de ocasiones los límites ejidales dividieron a más de un pueblo, es decir, la línea divisoria trazada bajo criterios exclusivamente topográficos cruzó sobre el territorio de un pueblo, dejando algunas rancherías dentro del área de otro ejido y a otras fuera. Junto con el ejido surgió la estructura de organización administrativa del mismo, lo cual se convirtió en la fuerza política y económica más importante de la sierra, me refiero a los comisariados ejidales y sus consejos de vigilancia, quienes son los que toman las decisiones sobre el uso y destino de los recursos naturales”.

De 1920 a 1940 se realizaron los primeros repartos agrarios en la sierra tarahumara. Balleza, recibió en veinte años, 76 mil 790 hectáreas; Bocoyna, 90 mil 49; Carichí, 130 mil 150; Chínipas, 11 mil 588; Batopilas, 342 mil 107 (parte de estas tierras pasaron a formar parte de Guachochi); Guerrero, 91 mil 340; Huejotitán, 18 mil 208; Moris, seis mil 149; Namiquipa, 131 mil 743; Ocampo, 13 mil 743; San Francisco de Borja, 612; Temósachic, 24 mil 146; Urique, 75 mil 820 y Uruachi, 13 mil 678.

Ya con las tierras en sus manos, los más de 58 mil tarahumaras y cerca de doce mil pimas, tepehuanos y guarojíos, quedaron entrampados entre la riqueza natural y la miseria. En todos los ejidos, -208, de acuerdo con la Secretaría de la Reforma Agraria-, se incrustaron pequeños grupos de mestizos quienes, hasta la fecha, tienen el control político y económico de los mismos.

Por el momento se tienen contabilizados más de 300 aserraderos en la zona serrana -el gobernador Patricio Martínez habló de 700, el 6 de junio del año pasado- y únicamente en 1998 se lograron extraer, legal e ilegalmente, 2. 4 millones de metros cúbicos de madera en Rollo Total Árbol, según datos del INEGI, aunque la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en esa fecha, aseguró que en realidad se comercializaron 3.1 millones de metros cúbicos.

Una sola fábrica estadounidense, a decir de la Semarnap, en 1999 obtuvo 128 mil toneladas de pulpa química proveniente de madera dura y blanda blanqueada. Chihuahua ocupa el primer lugar como exportador de productos maderables y el segundo, después de Durango, como productor de madera.

El responsable de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, Natera Navejas está consciente de lo espinoso que es resolver los problemas sociales y económicos de los indígenas chihuahuenses. Su diagnóstico es pesimista: “Realmente del aprovechamiento, tanto del bosque y de las cuestiones mineras, de la que son dueños ellos (los indígenas), pues no reciben los beneficios que les corresponden. Algunos cuantos son los que se benefician de eso. El robo de la madera, el cacicazgo y todos los problemas que afrontan los hacen que lleguen al mínimo las ganancias y las comodidades que verdaderamente han de tener y que el esfuerzo que hacen los gobiernos, para poderlos sacar adelante, sea mayor”.

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