CASO AYOTZINAPA, EL COCHINERO OFICIAL (Reportaje completo)

Por Jesús Cantú/Proceso

PROCESO-2059-193x250En octubre de 2015 el gobierno mexicano aceptó prolongar seis meses la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como parte de una estrategia para revertir la pésima imagen oficial tras la divulgación de su primer informe, el 6 de septiembre de ese año, que destruía la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).
Hoy, a punto de concluir el segundo mandato el 30 de abril, es muy claro que en realidad lo único que le interesó al gobierno mexicano en aquel momento era recomponer la relación de fuerzas (gobierno mexicano-GIEI) y pretender revalidar su “verdad histórica”; nunca pensaron en dilucidar qué pasó en Iguala con los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Tras la firma del acuerdo que prolongaba la estancia del GIEI, en estas páginas señalé (Proceso 2034): “La PGR está más empeñada en preservar ‘la verdad histórica’ para deslindar a las fuerzas federales de cualquier responsabilidad”; sin embargo, aclaraba que si los términos del acuerdo se cumplían a “cabalidad, podrían modificar radicalmente la investigación”, por lo que concluía que “el forcejeo entre los organismos internacionales y el gobierno federal se prolongará, por lo menos durante los siguientes seis meses”.

Estos seis meses fueron vitales para el gobierno mexicano que no sólo incumplió los términos del acuerdo, sino que logró desacreditar —ante una parte de la opinión pública mexicana— el trabajo de los expertos del GIEI y difundir un informe que da nueva vida a “la verdad histórica”. En retrospectiva se puede reconstruir la estrategia con precisión.

NO LO ENTREVISTARON

Todavía no se iniciaba el segundo periodo formal, cuando el gobierno mexicano ya estaba desdiciéndose de lo que había firmado: los expertos no podrían entrevistar directamente a los elementos del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, que había sido una de las principales solicitudes de los expertos. La única forma en que podrían declarar los militares sería ante el Ministerio Público, que estaría dispuesto a recibir las recomendaciones de los expertos.

Desde febrero de este año, poco después de la mitad del segundo mandato, los expertos denunciaron en rueda de prensa más incumplimientos del gobierno mexicano, donde destacaban, entre otros: lo que llamaron la “fragmentación” de las investigaciones, de tal forma que las nuevas evidencias no se incluían en la averiguación previa original y el GIEI no tenía acceso a las mismas; la demora en la asistencia técnica que el Grupo de Expertos solicitó a la PGR para investigar todo lo relacionado con el “quinto autobús”; la retención de videos y fotografías tomadas por elementos del Ejército durante el ataque contra los normalistas, así como del video tomado desde el Palacio de Justicia de Iguala, que registró el momento en que los policías atacaron a los normalistas; y el resguardo por parte de la Seido de restos óseos recuperados en un sitio cercano al basurero de Cocula (no en éste).

En paralelo a los incumplimientos de los acuerdos, el gobierno mexicano inició dos campañas: una, para posicionar en la opinión pública que la diferencia entre “la verdad histórica” y el informe del grupo de expertos era si los normalistas habían sido o no cremados en el basurero de Cocula; y la otra, para descalificar a los integrantes del grupo de expertos y de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

INFORME PRELIMINAR

Cuando consideraron que las campañas habían logrado su cometido y en la víspera de que concluyera el segundo mandato del GIEI, convocaron a una conferencia de prensa en la PGR, en la que el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, y el vocero del grupo colegiado de expertos de fuego, Ricardo Damián Torres, dieron a conocer un informe preliminar que afirmaba que sí hubo fuego de gran escala en el basurero y que habían encontrado restos de, al menos, 17 personas (sin aclarar que algunos de éstos evidentemente no corresponden a los normalistas). También aclararon que todavía faltaban estudios y pruebas para poder confirmar que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero.

Nadie reparó en la aclaración; la sola confirmación de que sí hubo fuego en gran escala destruía lo que el gobierno había colocado como el principal argumento del primer informe del GIEI y, por lo tanto, le restaba todo su valor.

El gobierno mexicano le había dado un giro de 180 grados al caso: en septiembre de 2015, cuando concluyó el primer mandato del Grupo de Expertos y se dio a conocer el primer informe del grupo, nadie creía en la versión de la PGR y el grupo de expertos era el que tenía el sartén por el mango; ahora, en abril de 2016, cuando concluye el segundo mandato y el GIEI tiene que rendir su segundo informe, el desacreditado es él.

DUDAS SEMBRADAS

En parte de la opinión pública mexicana el gobierno logró sembrar la duda respecto a la credibilidad y el valor de los trabajos del GIEI en el momento preciso para dar por concluida su misión en México. La estrategia le funcionó al gobierno mexicano y por ello actúa con tanta seguridad.

A pesar de que el presidente de la CIDH, James Cavallaro, reiteró que aunque México presentó su negativa, es facultad de la comisión decidir (en consulta con las partes —el gobierno y los padres de los normalistas—) concluir o extender el mandato el próximo 30 de abril, difícilmente la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo al que pertenece la comisión, y la misma CIDH se atreverán a prolongar su presencia en el país, especialmente porque las dificultades para continuar con su trabajo serán todavía mayores.

Lo que el gobierno mexicano no toma en cuenta es que en el ámbito internacional, especialmente en los organismos internacionales (tanto de derechos humanos como generales —ONU y OEA—), en las organizaciones internacionales de derechos humanos y en la opinión pública internacional, la precepción de la violación de los derechos humanos es la misma o peor que la que se tenía en octubre del año pasado, y eso se deja sentir en las protestas que tuvo que soportar el presidente Enrique Peña Nieto en su reciente gira por Europa. Es una victoria pírrica que le puede resultar muy cara.

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