LA VERDADERA HISTORIA DE ELVIRA Y LOS GUACHOS TORTURADORES (Reportaje completo)

Por Juan Velediaz/Proceso

proceso 2060Poco después de las 08:00 horas del 4 de febrero de 2015, una llamada de la Policía Federal (PF) movilizó a la base de operaciones del Ejército que se había establecido semanas atrás en el poblado de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero.

Los federales pedían apoyo para detener a un grupo armado que había sido ubicado a las afueras de la población. Cuando el capitán Juan Carlos Limón Portillo tuvo el reporte completo, ordenó a su equipo —una treintena de soldados— salir en vehículos divididos en células de ocho para patrullar la zona.

Al paso de las horas, después de que uno de los grupos apoyó a la corporación federal en la captura de tres personas —dos hombres y una mujer—, los militares regresaron a su base.

Los soldados pertenecían al 12 Batallón de Policía Militar enviado por esos días a Guerrero desde San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, donde tienen su cuartel. Al mando estaba el coronel Francisco Javier Mandujano Acevedo, quien ascendió a este grado en 2012, comisionado con sus tropas al operativo especial que en diciembre de 2014 el gobierno federal lanzó en esa región del estado.

Había un considerable número de vehículos de la PF cuando regresaron. La primera orden que recibieron los soldados fue dividirse para formar un perímetro de seguridad alrededor de la base. A los detenidos les habían asegurado cuatro armas largas, cartuchos, dinero en efectivo, celulares y un radio de comunicación. Por este aparato, los militares y los agentes federales escucharon una voz que decía que fueran a recoger unas armas al panteón del poblado para ir a “rescatar” a los detenidos.

SE PREPARAN PARA ATAQUES

Se activó la alerta de un posible ataque, se emplazaron ametralladoras y colocaron los vehículos para formar barricadas, según testimonios recopilados en el expediente 406/2015 abierto en el Juzgado Quinto Militar. Existían antecedentes de que en la zona miembros del crimen organizado solían emboscar a policías y a miembros del Ejército. Además de cometer secuestros frecuentemente, amedrentaban de manera violenta a la población, sacándola de sus viviendas para apoderarse de sus propiedades.

Momentos más tarde arribó a la base el mayor Ricardo Lara Aguilar, comandante del sector de Ajuchitlán, y ordenó al capitán Limón Portillo que sacara de la base a los tres civiles detenidos. Los subieron a unas camionetas de la PF y se los llevaron hacia la salida del poblado. Al llegar a una glorieta el oficial ordenó a sus hombres formar una valla de seguridad mientras los federales los bajaban para meterlos a una casona que estaba en obra negra.

Los detenidos eran José Villalobos Díaz, de 32 años, originario de Arcelia; Juan Hernández Villa, de 35, también de Arcelia, y Elvira Santibáñez Margarito, de 21, oriunda de Ajuchitlán. A los militares les llamó la atención que la mujer no paraba de llorar mientras pedía que la dejaran en libertad. Estaba muy nerviosa tras encontrarle escondidos en sus ropas fajos de billetes que sumaban más de 11 mil pesos, según el expediente.

ALREDEDOR DEL INTERROGATORIO

Del 26 de diciembre de 2014 al 26 de febrero de 2015, el 12 Batallón de Policía Militar encabezado por el coronel Mandujano Acevedo formó parte del operativo especial Iguala. Los soldados que pertenecían a las unidades que venían de San Miguel de los Jagüeyes estaban bajo el mando del general Alejandro Badillo Trueba, quien por esas fechas era el comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar con sede en ese municipio del Estado de México.

Uno de los días más críticos fue aquel 4 de febrero, cuando detuvieron a los dos hombres y a la mujer en posesión de todo un arsenal. El sargento Ignacio Javier Jiménez Peña, miembro del 12 Batallón de Policía Militar, declaró que los detenidos fueron llevados a la base de operaciones de Ajuchitlán, donde se registró por escrito el tipo de armamento y se especificó lo incautado. Tras las indicaciones del mayor Lara Aguilar al capitán Limón Portillo, se llevaron a los detenidos del lugar hacia una casa en construcción a las afueras del pueblo.

Ahí, el capitán Limón “le ordenó a la soldado Dulce Elena Reyes Ramos que interrogara a la mujer detenida por la PF; también le pidió tomar nota de la información que obtuviera del interrogatorio”. El sargento Jiménez recordó, de acuerdo con copia de su declaración consultada por este semanario, que observó cuando la mujer soldado “en compañía de una agente de la PF estuvo interrogando y asfixiando con una bolsa a la detenida, la cual no aportó ningún dato relevante. En el lugar también estaba el cabo de Policía Militar Francisco Dámaso Aragón Luna”. Entre todos los presentes, añadió, no supo quién realizó el video.

UN ANÓNIMO PARA EL SECRETARIO

La investigación por lo ocurrido en aquella casona en obra negra a las afueras de Ajuchitlán, comenzó en diciembre pasado, cuando un sobre que contenía un escrito y un video llegó a la Procuraduría de Justicia Militar. El remitente firmó como Luis Hernández Hernández, y escribió “Avenida Ilusiones 2001, colonia Juárez, delegación Venustiano Carranza”, un lugar en la Ciudad de México inexistente.

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se enteró por esos días de la existencia del anónimo y giró instrucciones para que se investigara. El video circuló entre efectivos de la Policía Militar a su regreso de Guerrero durante varios meses, pero no fue sino hasta finales del 2015 que el alto mando militar supo del contenido. Durante este lapso, los órganos de información e inteligencia militar nunca lo detectaron.

El autor hasta mediados de abril no estaba del todo identificado, pero entre las hipótesis de la fiscalía militar y los abogados de la soldado Reyes Ramos, se apuntaba que pertenece al 12 Batallón de Policía Militar. Uno de los motivos para que se grabara el interrogatorio y se difundiera, probablemente fue para perjudicarla en la promoción e impedir que ascendiera a cabo el año pasado, según los abogados defensores.

PRESIÓN MEDIÁTICA

El 5 de enero pasado, cuando Reyes Ramos fue detenida acusada en el fuero de guerra de desobediencia, ingresó al penal castrense del Campo Militar Número Uno junto a su coacusado, el capitán Limón Portillo, su superior inmediato.

El viernes 22, en el juzgado Quinto de Distrito en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México se les tomó su declaración preparatoria en el juicio donde la PGR los acusó de tortura junto a tres elementos de la PF.

En la audiencia, Reyes Ramos dijo que no conocía el contenido del video, que no sabía de qué se le acusaba y que todo lo que realizó durante el operativo especial en la Tierra Caliente de Guerrero, siempre fue por órdenes de sus superiores jerárquicos.

En un escrito que dará a conocer en los próximos días y cuyo contenido adelantó a este semanario, Reyes asegura que las acusaciones en su contra son falsas además de que la condenaron de manera pública, el día que el secretario de la Defensa leyó un mensaje y pidió perdón por el contenido del video, violando su derecho al debido proceso.

Los abogados defensores de la soldado denunciaron que ha recibido demasiadas presiones de varios mandos superiores del Ejército. Van varios días, desde que se difundió el video, en que la visitan en la prisión militar para interrogarla. Son oficiales enviados por la Procuraduría de Justicia Militar, por la Dirección de Derechos Humanos y el área jurídica de la Defensa. A eso se le suman las declaraciones a los medios de comunicación de funcionarios de la Secretaría de la Defensa que pasan por alto su presunción de inocencia.

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