MORELOS: EL RECLAMO DE LOS 100 CADÁVERES (Reportaje completo)

Por Jaime Luis Brito/Proceso

PROCESO-2061-193x250Colectivos de familiares de víctimas emplazaron al gobierno federal a que abra las fosas clandestinas de Tetelcingo y sean identificados los más de 100 cuerpos que fueron depositados en ellas por la Fiscalía General de Morelos en 2014. El plazo vence el próximo miércoles 18; si no hay respuesta, afirman los demandantes, “nosotros iremos y las abriremos con nuestras propias manos”.

Luego de una reunión con los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de Seguridad, enviados de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, la Red Enlaces Nacionales, la Red Retoño y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad aseguraron que todavía queda un ápice de confianza para que se haga justicia a las más de 100 personas depositadas en las fosas ilegales.

Por separado, los representantes de la Red Eslabones, Valentina Peralta Puga, y de la Red Enlaces, Juan Carlos Trujillo Herrera, coinciden en que no tienen confianza en las autoridades de Morelos, pues “ellos serían juez y parte, fueron ellos quienes depositaron esos cuerpos de manera clandestina en las fosas de Tetelcingo, no puede ser que sean ellos mismos quienes ahora vengan a prometer justicia”.

María Concepción y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, un joven comerciante secuestrado y asesinado en 2013 y cuyo cuerpo fue inhumado en esas tumbas a pesar de estar plenamente identificado, aseguraron en entrevista que el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, ha dicho que el gobierno estatal prácticamente tiene listas nuevas fosas en un panteón privado de Cuautla, donde depositarían los más de 100 cuerpos de Tetelcingo.

El tiempo apremia y a pesar de que la CNDH tiene conocimiento de este caso desde noviembre pasado y que familiares de víctimas de desaparición de varios estados han presentado denuncias ante la PGR para exigirle que intervenga en el caso, hasta el momento los representantes de ambas instituciones han dado informaciones vagas a las organizaciones.

“Sólo nos dijeron que están solicitando información a la fiscalía. Es desesperante, porque en Morelos el gobierno de Graco debe estar fabricando las carpetas de investigación de esos cuerpos”, advierte Peralta Puga.

Proceso fue el medio que dio a conocer este caso en noviembre pasado, pero se remonta al 28 de marzo de 2014, cuando se conmemoraba por primera vez el Día Estatal de las Víctimas.

Oliver Wenceslado Navarrete Hernández, un comerciante de Cuautla, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en la colonia Ampliación Gabriel Tepepa por cuatro hombres mientras recogía a sus hijos de la escuela. Se abrió la carpeta de investigación CT-UIAE/83/2013 por el delito de desaparición de persona.

Diez días después, el 3 de junio, el cuerpo de Navarrete fue encontrado en un barranco en el municipio de Ayala, vecino de Cuautla, y se abrió una carpeta de investigación con el número CT-UIDD-A/1791/2013 por el delito de homicidio. Ahí se consigna que el cadáver estaba sin identificar.

Después de revisar sus pertenencias se encontró una credencial y se estableció que era Navarrete Hernández. Además, con ayuda de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero se realizó una prueba de ADN a partir de una muestra donada por su madre, María Concepción Hernández, y se estableció “un 99.99% de probabilidad” de identificación.

Sin embargo, las autoridades se negaron a entregar el cuerpo a la familia argumentando la necesidad de más estudios periciales. Así pasó más de un año.

Según los relatos de la madre y de la tía de Oliver, un funcionario de la fiscalía les dijo en diciembre de 2014, como rumor, que el cuerpo de su familiar ya no estaba en la cámara frigorífica del servicio forense. A fuerza de presiones, la familia logró que el fiscal regional José Manuel Serrano Salmerón les informara oficialmente, el 4 de diciembre de 2014, que Oliver había sido depositado en una “fosa común” desde el 28 de marzo de 2014.

La familia advirtió al funcionario que, si no le entregaban el cuerpo, lo denunciaría en los medios.

El 9 de diciembre de 2014 la fiscalía realizó una diligencia en la que la familia logró participar. Los peritos abrieron las fosas y desenterraron 150 cuerpos, según la familia que logró registrar las escenas en video –una copia del cual fue publicada en proceso.com.mx en noviembre pasado.

Los cadáveres estaban colocados sobre tablas y embalados con plástico. En el mejor de los casos tenían una botella de agua, vacía, con el número de su averiguación previa o carpeta de investigación escrito en cartón. El último cuerpo extraído ahí fue el de Oliver Wenceslao, que fue entregado a la familia, que lo inhumó en el panteón público de Cuautla.

María Concepción Hernández relata en entrevista cómo su vida no volvió a ser igual. Amalia Hernández, su hermana, hizo un trabajo de investigación para determinar de quién era el panteón de Tetelcingo, cómo funcionaba, si tenía permisos. Ambas decidieron iniciar denuncias por las irregularidades en el caso de su familiar, y luego, en noviembre pasado, hacer pública la existencia de las fosas.

Esto provocó una movilización nacional por parte de los colectivos de víctimas, quienes aseguran que tienen interés jurídico en el caso “pues sabemos que el crimen organizado no respeta los límites políticos de las entidades. Buscando personas desaparecidas de una entidad, resulta que son halladas personas de otro estado que fueron asesinadas en una tercera entidad. Así que nuestras familias tienen el derecho a que se abran las fosas y que peritos independientes los identifiquen”, demanda Valentina Peralta.

En ese contexto, las diferentes organizaciones acudieron al Programa de Atención a Víctimas y a la Comisión de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dado que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no les hicieron caso.

De hecho, las familias que han presentado denuncias por estos hechos ante la PGR han señalado, con base en la Ley de Víctimas, a los peritos forenses de la UAEM como coadyuvantes en la identificación de los cuerpos.

“Es que no hay confianza en la fiscalía del estado. El anterior fiscal, Rodrigo Dorantes Salgado, que fue quien ordenó la inhumación de los más de 100 cuerpos en esas fosas, como basura, fue premiado con el nombramiento de delegado de la PGR en Durango. Y el nuevo fiscal, Pérez Durón, que al parecer no estaba involucrado, no ha sido capaz de mandarlo llamar y fincarle responsabilidades”, acusa Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

La CNDH, nada

En noviembre pasado hubo una primera reunión con la CNDH y la PGR, en la cual estuvieron presentes el ómbudsman Luis Raúl González Pérez y el subprocurador de Derechos Humanos, Éber Betanzos. Ambos se comprometieron a coadyuvar en las investigaciones.

La CNDH designó al segundo visitador Enrique Guadarrama López como el encargado de dar seguimiento al caso.

“Sin embargo, la verdad es que cinco meses después todavía no hay nada”, acusa Amalia Hernández. “De hecho, en la reunión (del 28 de abril) Luis Raúl González le pidió al visitador que informara de lo que ha hecho y no dijo nada. Sólo nos repitió varias veces que está actuando con sigilo. Pero no vemos resultados, mientras que tememos que el gobierno de Graco esté fabricando expedientes para curarse en salud”, asegura Valentina Peralta Puga, participante en ambas reuniones.

En tanto, la PGR no ha tenido actuaciones más allá de solicitar información a la Fiscalía de Morelos. Al menos eso fue lo que informaron los representantes de esa dependencia el 28 de abril.

En ese encuentro en las instalaciones de la CNDH, con la participación de González Pérez y de Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las organizaciones exigieron a ambas instituciones que se pronunciaran públicamente a favor de que la PGR atraiga el caso de las fosas de Tetelcingo. Se negaron rotundamente.

En cambio, acordaron gestionar una ­reunión con la titular de la PGR, Arely Gómez, para discutir el caso, y González Pérez y Rochín del Rincón se comprometieron a buscar una reunión con el gobernador de Morelos. “¿Para qué? No nos quedó claro, porque al final ya conocemos a Graco, no va a resolver nada, porque no lo ha hecho desde que denunciamos el asunto hace ya casi seis meses”, advierte Sicilia.

Además, una exigencia de las organizaciones de familiares de víctimas fue que la CNDH impida que la Fiscalía de Morelos meta mano a las fosas de Tetelcingo, por lo que este organismo emitió medidas cautelares para garantizar la protección y resguardo del predio.

Pero para los colectivos de familiares de víctimas esto no es suficiente. Hay molestia. Por ello, al término de la junta, los representantes de los colectivos de víctimas decidieron emplazar a las autoridades federales a que abran las fosas e identifiquen los cuerpos a más tardar el martes 17, o en caso contrario, al día siguiente, con el acompañamiento de los peritos de la UAEM, ellos mismos abrirán las fosas de Tetelcingo y comenzarán el proceso de identificación de los cuerpos.

“Es posible que nos metan a la cárcel con argumentos legales, pero su legalidad (de las autoridades) está muy lejos de nuestra legitimidad, de nuestro derecho a encontrar a nuestras víctimas. Las familias tienen la legitimidad y el derecho de buscar a sus víctimas. Vamos a ver si las instituciones pueden hacer que su legalidad se empate con nuestra legitimidad. Si no están a la altura, si no responden, abriremos las fosas con nuestras propias manos. Estamos dispuestos a ir a la cárcel. Los culpables serán ellos”, concluye Sicilia.

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