NUEVO LEON, EL CRIMEN DESBORDADO (Reportaje completo)

Por Luciano Campos Garza/Proceso

PROCESO-2063-191x250Empresarios, organismos sociales y legisladores de Nuevo León le piden al gobernador Jaime Rodríguez Calderón atender la inseguridad; incluso le muestran estadísticas sobre el incremento en los índices delincuenciales, pero él les responde que todo está bajo control. El colmo de sus dislates: el martes 10 convocó a una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno y sólo habló de futbol. Cuando los reporteros intentaron preguntarle sobre otros temas, el mandatario abandonó el lugar.

Los empresarios están preocupados por el repunte de homicidios dolosos, robos y extorsiones en la entidad durante los últimos cuatro meses, incluso exhiben estadísticas para documentar su malestar.

Los inconformes se muestran irritados porque, dicen, la ola delincuencial comenzó a elevarse justamente cuando el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, inició su gira nacional proselitista, pero él rechaza los señalamientos.

El clímax de inseguridad llegó a principios de mes, cuando por primera vez en años un negocio fue atacado con una granada por un presunto cobro de piso. Hubo un muerto. Luego, el jefe de Inteligencia de la Agencia Estatal de Investigaciones, Carlos Arturo Valle Novelo, y su escolta, Javier Alejandro Rodríguez Rodríguez, fueron acribillados.

El diputado Marco Antonio González, coordinador de la bancada priista sostiene que el titular de Seguridad Pública, general Cuauhtémoc Antúnez, y el procurador estatal Roberto Flores, están en pugna abierta.

El coordinador ejecutivo del gabinete estatal, el exgobernador Fernando Elizondo Barragán, quien debe conciliar los diferendos entre los principales integrantes del área de seguridad, simplemente no aparece.

Asediado por la opinión pública que busca respuestas al problema, por vez primera desde que asumió el poder, el martes 10 el gobernador independiente rehuyó los señalamientos y dejó una conferencia de prensa cuando los comunicadores le preguntaron sobre los crímenes recientes.

“La seguridad es manejable”

El incremento en la inseguridad inquieta a la clase empresarial desde hace meses, pues sus integrantes tienen presente aún la crisis que envolvió a la entidad entre 2010 y 2012.

El 13 de enero último, representantes de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) en Monterrey se reunieron con el general Antúnez para pedirle apoyo ante el incremento de extorsiones y robos. Y aunque el funcionario les dijo que ya tenían identificados a los generadores de la violencia y que actuarían con contundencia, la violencia se incrementó.

El 10 de febrero, 49 internos del penal del Topo Chico fueron asesinados. El 17 de abril por la madrugada fueron descubiertos nueve cuerpos degollados en Apodaca.

Cinco días después, el Consejo Cívico presentó el reporte de delitos de alto impacto durante el primer trimestre del año en Nuevo León. Según el documento, elaborado junto con el Centro de Integración Ciudadana, en ese periodo la entidad se colocó en el sitio 13 a nivel nacional, sobre todo por las muertes en Topo Chico.

En materia de extorsiones, el estado pasó del segundo al primer lugar, pues se registró una tasa de 3.11 denuncias por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 0.93.

En robo con violencia, Nuevo León pasó del lugar 12 al 10; también se incrementó el robo de vehículo, por lo que se ubicó en el sitio 20 (antes estaba en el 22), y en el rubro de robo a personas pasó del lugar 12 al siete.

Según el “Semáforo del delito Nuevo León 2016”, elaborado a nivel nacional, al mes de marzo cinco de los ocho indicadores –extorsión, robo a vehículo, robo a negocio, lesiones y violación– estaban en rojo; dos –homicidio y robo a casa– en amarillo, y uno –secuestro– en verde.

En abril, según las cifras del gobierno estatal, su semáforo delictivo tenía cinco de sus 10 parámetros en rojo –robo a negocio, a banco, violencia familiar, lesiones y violación–; los robos a personas y a autos en amarillo, sólo el robo a casa, cristalazo y homicidio estaban en verde.

A la iniciativa privada, Rodríguez Calderón le respondió que las cifras no se incrementaron; lo que pasa, arguyó, es que su antecesor, Rodrigo Medina, no difundía los índices delictivos. Y culpó a las televisoras de haberle ayudado a simular la realidad:

“La estrategia de seguridad de la pasada administración fue puro engaño de Televisa y Multimedios. Yo no quiero seguir con ese engaño; la estrategia de seguridad era de la televisión, era mediática. No era de la policía.”

A los organismos civiles el gobernador los acusó de ignorantes. “Es importante que conozcan nuestra estrategia, pero ellos no saben de seguridad. Yo me basaré en los que saben de seguridad”, dijo.

El jueves 5 un grupo armado atacó un taller de compra-venta de chatarra en la colonia La Fe, en San Nicolás. Los agresores arrojaron dos granadas que lesionaron a varios trabajadores, dispararon hacia el interior del negocio y asesinaron a un cliente.

Y aunque el mandatario declaró que la seguridad estaba controlada, el lunes 9 admitió que se han registrado cuatro masacres recientes que han disparado las cifras de homicidios en Nuevo León.

“No podemos resolverlo de la noche a la mañana. Yo no puedo ni debo estar engañando a nadie. Sí hay un crecimiento de violencia –admitió–, pero es manejable”. Y volvió a culpar a los periodistas por no cuestionar a los alcaldes.

Horas más tarde un comando armado ejecutó a Valle Novelo y su escolta en el estacionamiento de un centro comercial en la colonia Carrizalejo, en San Pedro. Los cuerpos tenían 60 impactos.

El martes 10 Rodríguez Calderón recibió en el Palacio de Gobierno a los directivos de Tigres y Rayados, así como a representantes de los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Nicolás. El motivo: armar una estrategia de seguridad antes de la celebración del clásico norteño de futbol.

Al finalizar su exposición, los reporteros pretendieron abordar otros temas, en particular el repunte de la inseguridad. Y él les respondió: “Hoy no voy a hablar de temas, más que de futbol”. Y se retiró.

Al avalar las cifras aportadas por el Observatorio Ciudadano de Nuevo León en la conferencia del 23 de abril pasado, José Mario Garza Benavides, director de Coparmex Nuevo León, manifiesta la preocupación de sus pares por la creciente inseguridad, pues afecta los negocios.

Cada año, dice, en Nuevo León se sumaban a la población económicamente activa 100 mil personas. Hoy, no pasan de 60 mil. Eso provoca inquietud entre los hombres de negocios.

Y aun cuando los índices delictivos son menores a los del sexenio pasado, hay indicadores de alarma en los ilícitos que registran ya colores amarillo y rojo. Urge una coordinación entre los tres niveles de gobierno, sostiene.

Antes había un consejo coordinador en el cual participaban los generales de la Cuarta Región Militar, los de la Séptima zona, los gobernadores y jefes de policía.

“Se reunían cada semana para revisar los índices delictivos, verificaba la portación de arma de los policías y quiénes habían pasado las pruebas de confianza, se le daba seguimiento a los que abandonaban los cuerpos policiacos… Estaría muy bueno volver a hacerlo. Aunque nosotros, como iniciativa privada, nunca hemos sido integrados.”

Garza Benavides, quien fue secretario general de gobierno entre 2002 y 2003, durante las gestiones de Fernando Canales y Fernando Elizondo, considera que la administración de Rodríguez Calderón está a tiempo de observar qué se hizo bien en el pasado y replicarlo en el presente.

Pero el gobernador tiene sus prioridades. El 15 de abril lanzó a la venta el tequila Bronco Independiente. De las ganancias por cada botella, declaró, 75% será para la beneficencia y 25% para sus hijos.

La descoordinación

Cuando Fernando Elizondo Barragán fue designado coordinador ejecutivo del gabinete, los diputados locales tuvieron que modificar la ley a fin de crear el cargo y darle sustento jurídico.

Entre las funciones del exgobernador están la de ser consejero en asuntos financieros de la entidad, y conjuntar los esfuerzos de las diferentes dependencias para que las acciones no se dispersen y sigan el mismo camino que marca el jefe del Ejecutivo.

No obstante, hasta ahora no se ha visto la mano de Elizondo para superar las diferencias entre el titular de Seguridad Pública y el procurador, comenta el diputado Hernán Salinas Wolberg, del PAN.

“Esperaríamos que tomara un rol mucho más activo y más protagónico en el tema de seguridad que es lo que más le interesa ahora a los ciudadanos de Nuevo León”, dice.

Para el legislador, lo que actualmente viven los nuevoleoneses es un déjà vu. Las escenas de las últimas semanas, cuando la violencia se recrudeció de manera feroz, “nos hacen recordar las de 2009, 2010, 2011, que creíamos superadas”.

Salinas Wolberg se muestra contrariado porque, dice, la semana pasada el gobernador prefirió hablar de futbol y evadió el tema de la  seguridad.

Marco Antonio González, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal, observa que Rodríguez Calderón ha desoído los reclamos sobre la inseguridad. Y pese a que en 2014 y 2015 el estado entró en un periodo de relativa calma, de tres meses a la fecha los legisladores de su partido le han exigido atender la oleada creciente de inseguridad.

Por eso, insiste, se registró la matanza en el penal de Topo Chico; luego vino la de Apodaca, que el gobernador llamó un simple “asunto de adictos”.

González considera un desatino del gobernador el desdén a los empresarios que están alarmados con el incremento de la inseguridad. Es lamentable también su declaración de que “la violencia es manejable”, sobre todo porque horas después fueron asesinados su jefe de inteligencia y el escolta que lo acompañaba.

“La situación no es manejable –señala–, pues la seguridad se descuidó. Y no hay coordinación entre el gobernador, los municipios y la autoridad, pues el tema no ha sido prioritario para esta administración.”

El priista critica también las ocurrencias de Rodríguez Calderón, quien dijo que se iría a despachar al centro de inteligencia estatal y que incluso dormiría ahí: “Decir que despacharía en el C5 da a entender que hay un vacío en su gabinete o que hay una pugna interna entre el procurador y el secretario de Seguridad Pública”.

Ante la falta de coordinación entre el Ejecutivo y los alcaldes, se ha desaprovechado la experiencia que tuvo el edil priista Adrián de la Garza cuando fue procurador de la entidad.

El Congreso estatal se pronunció por incrementar la presencia de soldados y marinos en la entidad para contener la inseguridad. En caso de que ésta se desborde, dijeron, la autoridad federal deberá asumir la responsabilidad.

En respuesta, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos se manifestó rotundamente contra esa propuesta. Es factible, expresaron, que la llegada de fuerzas militares a realizar acciones preventivas incremente la violación de las garantías individuales.

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