TLATLAYA, IMPUNIDAD

Por Gloria Leticia Diaz/Proceso

PROCESO-2064-191x250Un magistrado decidió que tres soldados implicados en la ejecución de Tlatlaya –perpetrada en junio de 2014– no irán a juicio. La determinación hirió profundamente a los familiares de las víctimas y al estado de derecho, pues había pruebas y testimonios sólidos que incriminaban a dichos militares, además de que pesquisas importantes nunca se realizaron y se obvió, otra vez, el hecho de que hubo confesiones arrancadas mediante tortura. Detrás del fallo se entrevén presiones de las Fuerzas Armadas, el gobierno mexiquense y el federal, e incluso de Televisa.

 Obtuvo varios premios con su investigación periodística, que puso en evidencia que el 30 de junio de 2014 el Ejército perpetró ejecuciones sumarias tras un enfrentamiento contra miembros del crimen organizado en Tlatlaya, Estado de México.

 A un año y 10 meses de los hechos –y a uno y siete de que el periodista valenciano diera a conocer el testimonio de una de las sobrevivientes de la masacre de 22 personas– el reportero español Pablo Ferri reflexiona sobre la reciente resolución del magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Toluca, Adalid Ambriz Landa, quien ­desestimó las probanzas presentadas para llevar a juicio a tres soldados, los últimos de los siete a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) consignó por los hechos del 31 de octubre de 2014.

Gracias al trabajo de Ferri Tórtola (publicada en la revista Esquire Latinoamérica y difundido por Proceso) y antes al de reporteros de la agencia estadunidense Associated Press es que la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, tomó el caso ante el escándalo internacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arrancó su proceso investigativo el 11 de julio de ese año.

 Reconocido con los premios Nacional de Periodismo y Ortega y Gasset en 2014, Penn Club en 2015 y nominado para el premio Gabriel García Márquez en la categoría de cobertura, Ferri dice en entrevista que no se siente frustrado, pese a que la noticia dada a conocer la noche del viernes 13 provocó una lluvia de cuestionamientos hacia su trabajo por parte de columnistas afines a las Fuerzas Armadas, incluso con un toque xenófobo.

 “Se ve lo absurdo de tratar de descalificar un asunto en el que ahí está el trabajo y, sobre todo, ahí está la recomendación de la CNDH, que señala las graves violaciones a los derechos humanos, nada ha cambiado por la decisión del juez”, apunta Ferri.

 No es la primera vez que por el caso ­Tlatlaya, Ferri padece animadversión y amenazas. “Hubo algunos comentarios en redes muy agresivos tanto hacia la fotógrafa como hacia mí; entramos al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, pero ya salimos porque ahí no pasa nada”.

 Y aunque no pretende especular, Ferri resalta cómo, de manera extraña, Grupo Televisa se fue deshaciendo de los directivos de Esquire que respaldaron la publicación del reportaje del periodista freelance en 2014 y el seguimiento que le dio en 2015.

 “No es justo después de lo de Tlatlaya, pero a los pocos meses (en julio de 2015) la cúpula editorial de Televisa despide a Manuel Martínez Torres, que era director de Esquire, y a quien era su jefe, Javier Martínez Staines (director general editorial), en tanto que Mael Vallejo, el editor general, renunció por el despido de ellos dos (agosto de 2015). Sería muy especulativo de mi parte decir que todo se debió a ese caso, pero los hechos son los hechos”.

 Ferri –hoy colaborador de El País y quien dejó el proyecto de El Universal Televisión, entre otras cosas, por diferencias en el caso Tlatlaya– admite que aunque la resolución del magistrado no exculpa a los militares de las ocho ejecuciones arbitrarias, de acuerdo con la consignación de la PGR, “como periodista y como parte de la sociedad es triste ver cómo trata el gobierno federal casos así, un caso tan sólido como el de la CNDH, para desde el cochinero de los medios pretender sembrar dudas, sin argumentos, de lo que pasó”.

 Luego de divulgada la resolución del magistrado, a la medianoche del viernes 13 la PGR emitió un comunicado mediante el cual anunció su presunta intención de reformular cargos para reaprehender a tres soldados (Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides), quienes habían sido consignados por homicidio calificado, alteración ilícita de los hechos, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, pero que apelaron el auto de formal prisión decretado el 6 de noviembre de 2014.

 Ya con anterioridad, en octubre del año pasado, cuatro militares más (Alán Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez) también habían ganado una apelación contra el auto de formal prisión que se les dictó como probables responsables de ejercicio indebido del servicio público y, contra el oficial, por encubrimiento.

 El lunes 16, la CNDH, presidida por Luis Raúl González Pérez, reiteró en un comunicado que los hechos registrados en la bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fueron violaciones graves a los derechos humanos y reiteró a la PGR su petición para que “tome en consideración los elementos contenidos en el expediente de queja seguido ante este organismo nacional y que dio origen a la recomendación 51/2014, entre los medios probatorios que eventualmente aporte ante la instancia jurisdiccional competente, a efecto de propiciar que estos hechos tan lamentables no subsistan en la impunidad”.

 Después de esta comunicación, el ómbudsman ofreció entrevistas a medios –sin incluir a Proceso, pese a que le solicitó audiencia desde el lunes 16–, en las que reiteró su convicción de que fueron entre 12 y 15 los ejecutados arbitrariamente en Tlatlaya por los soldados, y no ocho como lo sostuvo la PGR. En su pliego de consignación, denunció paralelamente, dicha dependencia no incluyó la recomendación respectiva como medio de prueba, a pesar de que la CNDH la dio a conocer 10 días antes de que la PGR solicitara la consignación de los militares.

 El jueves 19, la abogada de los militares que permanecían internos en la prisión del Campo Militar Número Uno, Lilia Mariana García, acudió a la Oficialía de Partes de la PGR para presentar una denuncia formal contra González Pérez, a quien hizo responsable de lo que les ocurriera a sus defendidos, ya que “con sus comunicados y comentarios enardece los ánimos de las personas en nuestra contra, lo cual puede traer actos de venganza por los familiares de las supuestas víctimas”.

 Un día después, en un nuevo comunicado, la CNDH recordó que de acuerdo con su ley orgánica ni el ómbudsman ni los visitadores “podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones”.

 El mismo viernes 20, la vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, transmitió la preocupación del titular de dicha oficina de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, de que a casi dos años de ocurrido, este caso en el que “al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando el derecho a la justicia y la verdad”.

 Al recordar que en su visita al país, en octubre pasado, Al Hussein advirtió que daría seguimiento al asunto Tlatlaya, la portavoz recomendó a las autoridades –en un comunicado fechado en Ginebra– una investigación efectiva e imparcial en “este emblemático caso”, y ampliarla para “abarcar a todos aquéllos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que puedan haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquéllos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado dicha alteración”, además de investigar las detenciones arbitrarias y la tortura a los testigos.

 Los huecos obviados

 En enero de 2015, en una revisión hecha por esta reportera de la versión pública del expediente Tlatlaya de la CNDH, se detectó que los soldados involucrados mencionaban, al menos, a tres altos mandos del Ejército que no fueron llamados a cuentas por la dependencia, según consta en la averiguación previa 81/2014 de la PGR.

 De acuerdo con el expediente, los soldados atestiguaron que al lugar de los hechos llegaron, incluso antes que las autoridades civiles, los generales Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León y el coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, excomandante del 102 Batallón de Infantería, ubicado en el municipio mexiquense de San Miguel Ixtapan, al que pertenecían los siete involucrados.

 En el mismo documento se alertó sobre la necesidad de esclarecer la presencia de un oficial de la Séptima Brigada de Infantería de la Secretaría de Marina, en específico del Batallón de Fusileros Paracaidistas, de Luvianos, Estado de México. La dependencia admitió ante la CNDH que su personal estuvo en el lugar, como lo denunció ante el organismo Clara Gómez González, una de las sobrevivientes (Proceso 1995).

 Representada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gómez González emprendió sin éxito un arduo litigio por que su hija, Érika, quien murió en los hechos, fuera considerada víctima de ejecución sumaria. Para la CNDH, Clara fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, delitos por los que hay abierta una averiguación previa en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

 A unos días de la resolución del Sexto Tribunal Unitario, el subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa, apunta que la falla de origen del caso Tlatlaya radica en que los militares “mantuvieron el control sobre el lugar de los hechos por varias horas, antes de la intervención de una autoridad civil, y la CNDH ha encontrado que cuando la Sedena toma el control de la escena con frecuencia la altera para encubrir lo que ocurrió”.

 En este caso, de acuerdo con los testimonios de sobrevivientes y los propios soldados, la zona estuvo bajo el control castrense entre seis y ocho horas hasta que arriban –después de las 12:30– funcionarios de la Procuraduría del Estado de México.

 En la orden de aprehensión librada el 6 de noviembre por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, Eduardo Torres Carrillo –documento del cual este semanario tiene copia–, se advierte cómo el agente del Ministerio Público estatal valida sin cuestionamiento lo dicho por el coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, quien recibe a las autoridades civiles con un reporte de lo que, dijo, fue un enfrentamiento, además de que le informa que se llevaría el vehículo militar dañado pese a que debería haber quedado a disposición de la autoridad civil.

 Para Aguirre Espinosa fue fundamental la intervención de la procuraduría local, en momentos en que el gobernador Eruviel Ávila Villegas “felicita la acción del Ejército y la califica como un enfrentamiento, y ése es un mensaje muy poderoso hacia las instituciones de procuración de justicia, es un mensaje que puede inhibir las investigaciones exhaustivas. En tanto, en las entrevistas a las sobrevivientes –dos de ellas permanecieron cinco meses en prisión– la CNDH detectó tortura y malos tratos por parte de funcionarios de esa dependencia”.

 Aguirre resalta que el magistrado pasó por alto esas denuncias de las sobrevivientes, y en cambio valoró las “confesiones” arrancadas a golpes de dos mujeres, quienes aceptaban que la madrugada del 30 de junio las 22 personas fallecieron en un enfrentamiento.

 Subraya que, también de forma sospechosa, el magistrado da credibilidad a los peritajes de la procuraduría local sobre los “más exhaustivos y detallados de la PGR”.

 Pruebas ignoradas

 De acuerdo con la orden de formal prisión apelada, el juzgador desestimó incluso el reconocimiento fotográfico que hicieron dos de las mujeres, de tres soldados como quienes ingresaron a la bodega después del enfrentamiento y supuestamente ejecutaron a Miguel Ángel Rodríguez Viviano, Álvaro Palacios González, Tomás Domínguez Flores, José López Santos, Marcos Salgado Burgos, Jorge Andrés González Oliarte, Jesús Jaimes Adame y Ricardo Sarabia Guzmán, hombres armados que se habían rendido tras sostener un intercambio de balazos de entre ocho y 10 minutos.

No sólo eso, en el expediente hay declaraciones de los soldados implicados que confirman que, una vez terminada la refriega, entraron en la bodega, en tanto que quienes permanecieron afuera escucharon disparos.

Otro elemento a destacar –contenido en la averiguación– es la confirmación de que al menos cinco cuerpos fueron movidos del lugar donde cayeron y que se les colocaron armas que no accionaron.

La primera orden de formal prisión rezaba: “La posición de las citadas armas de fuego, así como de los cadáveres, fue modificada, pues es evidente que los cadáveres junto a los cuales fueron encontradas las referidas armas de fuego no pudieron utilizarlas para privar de la vida a otras personas que se encontraban en una posición diversa a las que en esos momentos estaban disparando contra ellos, es decir los militares” (sic).

Aguirre lamenta que tampoco fuera considerada como prueba la Orden General de Operaciones que recibieron los militares implicados en el caso Tlatlaya días antes de la multiejecución, que “les instruía a abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“En el Centro Prodh pensamos que, como mínimo, la PGR –como instancia civil– tenía que mandar llamar a los mandos militares que emitieron esta orden o que debían supervisarla. Ni siquiera estábamos pidiendo que se ejerciera acción penal sobre los mandos, sino que estábamos pidiendo que se les llamara para que dieran una explicación, y la PGR ni siquiera ha hecho ese mínimo ejercicio de supervisión y de rendición de cuentas.”

Aun cuando jurídicamente hay mecanismos para reformular acusaciones, Aguirre teme que el caso Tlatlaya sea uno más en la larga lista de violaciones a derechos humanos que quedan en la impunidad. “En México no tenemos casos exitosos de víctimas de violaciones a derechos humanos que hayan tenido acceso a la justicia, la prueba está en que al Estado le cuesta mucho trabajo dar cuenta de sentencias condenatorias por tortura, desaparición forzada o ejecuciones sumarias”.

Contrario a esa posición, el presidente de la gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, considera que en el caso Tlatlaya “no estamos hablando en este momento de impunidad, nadie ha declarado la inocencia de los militares”.

Reconoce que, a partir de este momento y además de lo que motu proprio pueda hacer la PGR, le corresponde a la CEAV asesorar a las familias de las ocho víctimas reconocidas en el expediente.

“La CNDH ya hizo su trabajo: determinar las violaciones a derechos humanos en su recomendación, que –recordemos– la aceptaron todas las autoridades implicadas: la Sedena, la procuraduría local y la PGR”, expresa el presidente de la CEAV.

El funcionario apunta que la CEAV ha identificado 13 núcleos familiares afectados por el hecho, de los cuales seis ya han sido reparados integralmente. “Una vez que las familias tengan la información, tendrán que decidir qué sigue. Con un sola familia que así lo decida se puede iniciar un proceso de amparo contra la resolución del magistrado, o bien podrían apostar por fortalecer la averiguación previa de la PGR, está en sus manos”.

El presidente de la CEAV insiste en que la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos de entre 12 y 15 personas no está en duda, a pesar de que algunos de los ejecutados tenían antecedentes penales.

“Nos critican, dicen que si apoyamos a víctimas o a victimarios. Pero aun si se tratara de personas que hubieran cometido delitos gravísimos tenían derecho a un debido proceso, igual que el que ahora le reconocen a los soldados con esa resolución; esas personas tenían derecho a la presunción de inocencia.”

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