LINCHAMIENTOS: JUSTICIA SALVAJE

Por Jesús Cantú/Proceso

PROCESO-2065-193x250En los últimos 27 años el número de personas ejecutadas en linchamientos creció 666%. Mientras en el periodo de 1988 a 1995 el promedio mensual de presuntos delincuentes que murieron a consecuencia de la violencia colectiva fue de 0.15 personas, en los primeros cinco meses de este año, con los dos presuntos secuestradores asesinados en Teotihuacán, Estado de México, el pasado martes 24, al menos ya suman cinco los fallecidos; uno al mes, en promedio.

El primer dato se obtiene de un artículo de Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila, publicado en el número de septiembre-octubre de 2014 de la revista El Cotidiano, donde hacen un recuento de los linchamientos en México entre 1988 y 2014.

El segundo, de una simple búsqueda en Google, que arrojó cuatro eventos que concluyeron con cinco fallecidos: el primero, el 27 de enero en Acatlán de Osorio, Puebla, con un fallecido; el segundo, el 29 de febrero, en Chapulco, Puebla, un fallecido y dos lesionados; el tercero, el 31 de marzo, en Nezahualcóyotl, Estado de México, con otro fallecido; y, finalmente Teotihuacán, Estado de México, con el saldo de dos fallecidos.

En un artículo publicado en 2001 en la Revista Mexicana de Sociología, Carlos M. Vilas, a propósito de la irrupción de los linchamientos en México, señalaba: “Cuando las instituciones del Estado no llegan, o llegan tarde o mal en la percepción de los actores, y esta situación persiste en el tiempo, la delegación del poder coactivo en el Estado pierde sentido y reaparece el ejercicio de la violencia por parte de los actores”.

Y continúa: “En estos escenarios, la violencia opera como una forma normal de mediación de las relaciones sociales cotidianas. Cuando el monopolio estatal de la violencia es inexistente o imperfecto, o no es percibido como legítimo, la sobrevivencia física y el prestigio social pueden depender de la capacidad de los individuos para desplegar una amenaza verosímil de violencia. La debilidad del monopolio estatal de la violencia, la tolerancia del Estado frente a despliegues de violencia privada, la extralimitación de las agencias estatales de prevención y coacción, la inseguridad del mundo de la pobreza, refuerzan la… resolución violenta de conflictos familiares, vecinales o de otra índole”.

Esto es precisamente lo que ocurre en México. Basten dos datos para respaldarlo: el pasado febrero, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, de la Universidad de las Américas Puebla, dio a conocer el Índice Global de Impunidad México 2016, donde se incluye entre los resultados más significativos: “Del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias. Lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad como consumados”.

A continuación señala: “La cifra anterior (delitos consumados) en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojaría que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son castigados”.

Por otra parte, al revisar la versión del linchamiento en Chapulco, Puebla, en el portal de noticias e-consulta.com, se desprende que cuando los pobladores del lugar descubrieron a los cinco presuntos delincuentes solicitaron el apoyo de la policía municipal, que se enfrentó a balazos con la banda, pero únicamente pudo detener a dos; los pobladores persiguieron y detuvieron a los otros tres.

La inoperancia de las instituciones del Estado para brindar seguridad a la población es más que evidente: se castigan 4.46 de cada 100 delitos consumados –es decir que la autoridad acreditó que sí se cometieron–, y cuando llegan a tiempo para auxiliar a ciudadanos en problemas, son incapaces de detener a los delincuentes, los vecinos de la víctima –sin armas– son más efectivos.

Ante la contundencia de las evidencias, se expanden los linchamientos, el vigilantismo y las autodefensas. Rodríguez y Veloz retoman el concepto del linchamiento del Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo”. Y de Carlos Vilas, el de vigilantismo: cuando los participantes en un linchamiento “se conocen entre sí generalmente porque habitan en la misma localidad y cuentan con formas organizativas y estrategias de acción para enfrentar por sí mismos eventos delictivos…”

Básicamente la diferencia es cuando el linchamiento es resultado de una acción espontánea e improvisada, o bien, cuando es una respuesta organizada. Las autodefensas serían la expresión de un vigilantismo extremo, en el que los pobladores se arman y realizan funciones de vigilancia y prevención y, al menos, en México mientras las dos primeras surgen en respuesta a la delincuencia común; la tercera lo hace para defenderse del crimen organizado.

En México en los años recientes están presentes las tres expresiones, precisamente por los abusos e incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de la población. Aunque ciertamente algunos inocentes han sido víctimas de cualquiera de estas tres manifestaciones (como el caso de los agentes de la Federal Preventiva linchados en Tláhuac, en 2004; o los dos encuestadores, en Ajalpan, Puebla, en octubre de 2015), en la gran mayoría de los casos finalmente se confirma que las víctimas sí eran delincuentes.

En 2014 los investigadores Rodríguez y Veloz concluían su artículo: “Podemos afirmar que mientras las condiciones de la injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva se sigan registrando con una mayor frecuencia, si no mayor intensidad”.

Los investigadores dividían su estudio en tres periodos: 1988 a 1995, 1996-2004 y 2005-2014; al dividir el número de muertos por los linchamientos consumados entre el número de meses en cada uno de ellos, en el primer periodo el promedio era 0.15; en el segundo, 0.44; y, en el tercero, de 0.61. En los primeros cinco meses del año ya está en uno por mes.

Así que la tendencia es clara y las causas de la misma (inseguridad, abusos de las fuerzas de seguridad, impunidad y corrupción) se agudizan, por lo que no hay razones para pensar que puede revertirse o detenerse. Al contrario.

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