LOS MEXICANOS, HASTA LA MADRE DEL GOBIERNO DE PEÑA NIETO

Por Arturo Rodriguez Garcia/Proceso

PROCESO-2066-193x250El desgarrón que padece México se puede cuantificar: actualmente existen 256 conflictos sociales irresueltos en el país, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, de guardias comunitarias a paramilitares, de movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas. Basado en datos oficiales, un análisis de Proceso evidencia la honda descomposición, que el presidente Peña Nieto llamó “mal humor social”, y revela fenómenos dolorosísimos para México: la administración federal legitimó el uso de la represión, buena parte de la violencia en los conflictos sociales proviene del gobierno, las “reformas” del peñanietismo detonaron 52 movimientos de repulsa y las detenciones de opositores se duplicaron.

El país está irritado. En los últimos años, el número de conflictos sociales va en aumento, lo mismo en las grandes ciudades que en pequeñas comunidades que se resisten a aceptar ciertas políticas públicas, a la imposición de grandes proyectos de energía o infraestructura o que responsabilizan al gobierno por sus problemas. Es lo que el pasado abril el propio Enrique Peña Nieto calificó de “mal humor social”.

Más allá del movimiento magisterial –que en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene hoy el rostro más visible y movilizado de la protesta contra el gobierno de Enrique Peña Nieto– por todo el país se pueden identificar más de 250 conflictos sociales, en su mayoría inconexos y con objetivos varios.

Transcurrido el primer semestre de la segunda mitad de la administración peñanietista, el balance es revelador: de enero de 2013 a la fecha han surgido o se reactivaron 187 conflictos sociales o comunitarios en todo el país, mientras que, de los heredados al iniciar el sexenio, subsisten 71.

La mayoría de los casos documentados se pueden fechar en los primeros tres años de administración, pues sólo 16 conflictos han surgido en lo que va de 2016. Así que, al llegar a la elección intermedia de 2015, el país ya contaba con 240.

Si bien la estadística no tuvo una variación significativa de la elección intermedia federal a los comicios de este 5 de junio en 13 entidades federativas, se concentran en éstas últimas 88 de los casos de movilización y protesta contra el gobierno.

Los estados de la República cuyos procesos electorales fueron más polarizados se ubican entre los que más conflictos registran desde hace tiempo: Oaxaca tiene 26 casos, incluido como uno solo el movimiento magisterial; Puebla 13 y Veracruz 11.

Sin embargo, de los 88 casos en las entidades con elecciones, sólo 11 pueden tener resolución en el ámbito estatal, y en 22 más puede incidir como coadyuvante el orden federal, al que compete la atención de 209.

Para calcular los conflictos vigentes se tomó como fuente oficial el último informe sobre conflictos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación. Los resultados de dicho análisis se cruzaron con el Informe sobre la Represión que integran cada año el Comité Cerezo y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Finalmente, se integraron casos documentados por este semanario. El resultado permitió establecer que en el país hay cuando menos 256 conflictos sociales irresueltos y activos en sus diferentes expresiones de protesta.

La marca de Peña

El 11 de junio de 2013, temprano su gobierno y a la par de la concreción de las reformas estructurales que surgieron del Pacto por México, Peña Nieto presentó su Plan Nacional de Infraestructura, un ambicioso programa que incluía cientos de obras por todo el país. A tres años se puede advertir que sus proyectos detonaron al menos 52 movimientos sociales o comunitarios que se oponen a sus planes.

Emblemáticos del sexenio por su dimensión, su costo y la persistente ventaja para grupos constructores cercanos a la élite mexiquense, los grandes proyectos despertaron oposiciones, inclusive en el Estado de México.

Un ejemplo es el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuya instalación está proyectada en el antiguo vaso del Lago de Texcoco, donde la oposición de los comuneros de San Salvador Atenco y otras comunidades aledañas se mantiene.

La autopista Toluca-Naucalpan registra la resistencia de los campesinos otomíes y nahuas, señaladamente en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, quienes acusan daños ambientales. El contratista es Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de la llamada Casa Blanca de las Lomas.

Aun en los estados del norte, como Nuevo León, donde la protesta social y las movilizaciones son incipientes, uno de los principales proyectos hidráulicos del sexenio, el Acueducto Monterrey VI –entre cuyos contratistas destaca una vez más Hinojosa Cantú–, se encuentra frenado debido a la fuerte oposición que encontró en la zona metropolitana de Monterrey.

Y es que, en muchos casos, los proyectos del peñanietismo han perturbado comunidades y poblaciones que denuncian arbitrariedad en trazos y zonas de instalación. Un ejemplo son los gasoductos ideados como parte de un plan estratégico de la Secretaría de Energía.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea tender 16 nuevos gasoductos, de los cuales ya asignó 11 a empresas privadas. De esos proyectos, siete tienen la oposición de poblaciones que, afirman, se verán afectadas por daños ambientales y por alta peligrosidad dada la cercanía con zonas habitacionales.

Hasta ahora, además de los gasoductos, son los proyectos de la CFE o los relacionados con la electricidad los que han provocado más rechazo. Además hay 21 proyectos eléctricos, entre parques eólicos, hidro y termoeléctricas, que concitan la resistencia de las comunidades aledañas a las zonas donde pretenden instalarse.

En algunos casos, proyectos y conflictos fueron heredados por la actual administración federal. Un ejemplo es el Proyecto Integral Morelos, consistente en construir un gasoducto que atraviese Tlaxcala, Puebla y Morelos, en buena parte rodeando el volcán Popocatépetl. El objetivo es que alimente dos termoeléctricas que se proyectaron en Huexca, Morelos, cuyas turbinas pueden enfriarse con agua del Valle de Cuautla.

Ideado en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto impulsó su avance, pero se ha estancado por la firmeza de pueblos y comunidades afectadas en los tres estados, que ya con Peña Nieto han sido objeto de golpizas, prisión y acoso:

Ocurre que otro signo del sexenio es el incremento de los procesos represivos en 30 meses de gestión, según estadísticas de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y el Comité Cerezo.

Durante el sexenio de Felipe Calderón se contaron 192 casos de agresión a dirigentes sociales. Y en los primeros 30 meses de Peña Nieto suman 639 casos. Las detenciones y encarcelamientos contra estos activistas subieron de 999 en todo el sexenio anterior a mil 138 en los primeros meses del peñanietismo. Con Calderón hubo 67 asesinatos de dirigentes sociales; en 30 meses, Peña Nieto ya acumulaba 47. Y si con Calderón hubo en total 53 dirigentes sociales desaparecidos, con Peña Nieto, en 30 meses, ya iban 81.

Para los redactores del informe, el incremento de los casos refleja que se trata de una “estrategia de control social de la población”, pues el alto índice de violencia contra movimientos sociales inhibe la organización de la sociedad civil. Al mismo tiempo, la incidencia delictiva posibilita justificar la militarización institucional y de la vida social.

Lo anterior, advierten, se refleja también en el discurso: consiste en el uso abierto de militares o policías para labores de limpieza social. En un principio, durante el sexenio de Calderón, las acciones delictivas eran atribuidas al crimen organizado, en tanto, en el sexenio de Peña Nieto, la represión se normaliza mediante la introducción de la idea de que existen grupos que merecen ser reprimidos.

La violencia: realidad y latencia

La mayoría de los conflictos sociales en México son de naturaleza pacífica. De la lista, en 151 casos no hay registro de violencia, pero de éstos, en 102 se ha dado algún tipo de incidente represivo: amenazas, acosos, hostigamiento, vigilancia, agresión, desaparición, asesinato o prisión contra dirigentes o miembros de organizaciones sociales o movimientos comunitarios.

Para el registro de los movimientos sociales con las fuentes mencionadas, no se consideraron los grupos delictivos ni cárteles de la droga, pero sí los movimientos ciudadanos por la seguridad.

Los casos documentados permiten observar que por la violencia de los cárteles de la droga, hay cuatro procesos vigentes de autodefensa en Michoacán; dos policías comunitarias en Guerrero; mientras que en el Estado de México, Nayarit, Oaxaca y Veracruz hay al menos alguna guardia popular, aunque en estos últimos casos, la mayoría carece de armas de fuego.

En contraste, existen comunidades que se duelen de la subsistencia de grupos armados paramilitares, en la mayoría de los casos auspiciados por los gobiernos, como ocurre en cuatro casos en Chiapas, tres en Guerrero y uno en Oaxaca.

La presencia de paramilitares, o bien de grupos delictivos que operan en diferentes zonas del país, ha provocado al menos 12 desplazamientos de poblaciones.

Si bien no se consideraron, por ser efímeros, los conflictos político-electorales, sí se tomaron en cuenta los relacionados con derechos políticos: 31 casos en total. Destaca uno cuyo origen es la transparencia.

Se trata del conflicto suscitado en las comunidades indígenas de Chenalhó, Chiapas, que crearon un Consejo de Contralorías Comunitarias, integrado por representantes de 15 localidades del mismo municipio. Estudiaron finanzas públicas municipales y se capacitaron en el manejo de herramientas de contraloría social con organizaciones internacionales.

A partir de enero de 2013, por hacer solicitudes de información para elaborar expedientes técnicos y revisar los presupuestos públicos de obras comunitarias, el ayuntamiento, además de negarse a responder, emprendió una campaña de linchamiento y persecución contra los promotores de la iniciativa, y de castigo a las comunidades que presentaron solicitudes de información, amenazando a sus habitantes con el exilio. Ahí, las tensiones se mantienen.

Sin embargo, los enfrentamientos con mayor violencia social –generalmente con nula intervención del Estado– se registran en las disputas por tierras entre comunidades, que suman 52 casos, localizados principalmente en Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero. O bien, en los religiosos, que suman cinco casos en Chiapas y uno en Oaxaca.

En cuanto a la guerrilla subsisten, en paz, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas; el Ejército Popular Revolucionario, en Oaxaca y Guerrero; el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, en Guerrero, y la recientemente autonombrada guerrilla Insurgencia por el Rescate Institucional y Social, en
Michoacán.

Otros procesos

La minería de hoy se distingue por 39 casos de crispación comunitaria debido al despojo de tierras o daños ambientales producto de tiraderos tóxicos y procesos de lixiviación. En ocasiones, el intento de imponer proyectos extractivos llega a extremos violentos, como ha ocurrido en Comala, Colima, con los ambientalistas de la organización Bios Iguana, sometidos a golpizas, cárcel y hostigamiento constante.

En sus datos abiertos, en tanto, la Secretaría del Trabajo no reconoce el estallamiento de huelgas desde octubre de 2013, mes en el cual, por cierto, se cumplió el primer año de la aprobación de la reforma laboral.

Sin embargo, sólo en los primeros meses de 2016, se contaron diferentes luchas laborales que llegaron, así fuera brevemente, a la huelga. Es el caso de Arcelor Mittal en Lázaro Cárdenas Michoacán (antes Sicartsa), de una planta de la armadora coreana Kia, en Nuevo León, y de la armadora Nissan, en Morelos, cuyas huelgas duraron unos cuantos días.

Se suman también 10 movimientos laborales con paros frecuentes y demandas específicas, así como las huelgas de larga data como la de los mineros de Taxco (Guerrero) y Sombrerete (Zacatecas).

En realidad, el principal conflicto laboral se centra en el sector educativo, tanto por la CNTE como por las organizaciones gremiales como la Ceteg, en Guerrero; o el Sector Educativo Independiente, en el Estado de México, entre otras.

Menos notorios, por locales, son los movimientos del magisterio universitario que, sin embargo, han dejado marchas, protestas y paros. Esto ha pasado en Guanajuato, con trabajadores de bachilleres; en las universidades autónomas de Veracruz y Nayarit, y las protestas frecuentes en las universidades públicas de Durango y Sinaloa.

Respecto de los conflictos estudiantiles que tienen una cierta permanencia, destaca el caso de las normales rurales de Tiripetío y Cherán, en Michoacán, así como de Ayotzinapa, en Guerrero, donde la irresuelta desaparición de 43 alumnos ha provocado las manifestaciones más costosas a la imagen de Peña Nieto.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s