SISTEMA PENAL MEXICANO: PARAISO DEL DELITO

Por Patricia Davila y Jorge Carrasco Arraizaga/Proceso

PROCESO-2067-193x250Concluido el plazo para aplicar el nuevo sistema de justicia penal, los problemas se acumulan y evidencian las disparidades tanto en las entidades federativas como en las instancias implicadas en su instrumentación. La liberación, el 9 de mayo pasado, de un presunto encubridor de secuestradores puso en entredicho las bondades de la nueva legislación, pero sus impulsores insisten en que la ley va.

A principios de mayo de 2009, Raúl Martínez Gutiérrez fue contratado para hacer un trabajo de santería. Fue llevado a una casa de seguridad en Iztapalapa donde estaban secuestradas las hermanas Esther, Martha y Susana Laguna Aburto. Los secuestradores lo contrataron para que “el trabajo” les saliera bien.

Martínez Gutiérrez las encontró vendadas. Las bañó con sangre de gallina y les frotó el cuerpo con hierbas. A los pocos días de ese ritual, ante el impago del rescate, los secuestradores le mutilaron un dedo a una de ellas. Fue el 10 de mayo, el Día de las Madres.

La policía de la Ciudad de México las rescató tras 28 días de cautiverio. Dos de ellas habían sido mutiladas. Tres y dos dedos de la mano izquierda, respectivamente. Los plagiarios fueron detenidos en un operativo; Martínez Gutiérrez, El Santero, tiempo después. En total hubo ocho arrestos.

Cada uno de los acusados fue condenado a 60 años de prisión.

El pasado 9 de mayo, siete años después del plagio, Martínez Gutiérrez obtuvo su libertad al amparo del nuevo sistema de justicia penal y se volvió el centro de la indignación mediática. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Tsjcdmx), Édgar Elías Azar, se vio obligado a explicar el fallo ante la prensa.

Su explicación descansó en los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adoptados por los ministros para operar la reforma penal aprobada por el Congreso y publicada el 18 de junio de 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, promotor de la reforma junto con el gobierno de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida (Proceso 1633).

Los legisladores pusieron un plazo de ocho años para el funcionamiento pleno de la reforma y pasar de un sistema de justicia de rasgo inquisitorial a uno acusatorio y oral, con procedimientos transparentes, dinámicos y garantistas.

El Congreso, además, pasó en junio de 2011 una reforma a la Ley de Amparo y otra de derechos humanos para ampliar la protección de estos bajo estándares internacionales y el principio pro persona. A partir de ahí, los ministros de la Corte comenzaron una serie de interpretaciones jurisprudenciales que los jueces y magistrados han tenido que seguir.

Uno de ellos fue el que permitió la liberación de Martínez Gutiérrez. Los ministros determinaron que la flagrancia equiparada, que se aplicó durante décadas en México, ahora es inconstitucional.

El magistrado Salvador Ávila Sandoval, integrante de la Quinta Sala del Tsjcdmx que amparó al Santero, también tuvo que acudir al tribunal mediático para explicar las razones de la liberación. Entrevistado en Radio Fórmula, dijo que ante un amparo promovido por Martínez, el Quinto Tribunal Colegiado de la Federación del Primer Circuito ordenó reponer el procedimiento por falta de firmas en el expediente del Ministerio Público.

En otro amparo, el Sexto Tribunal Colegiado federal también pidió a la Quinta Sala observar que cuando El Santero fue detenido, en 2009, estaba vigente el delito de flagrancia equiparada, lo que dejó de ser constitucional. En consecuencia, la sala declaró ilegales la detención, las pruebas, la propia declaración de Martínez y la de los policías que lo detuvieron.

El magistrado precisó que la flagrancia equiparada se daba cuando alguien era detenido aun varios días después del delito y uno de los detenidos lo incriminaba. Martínez fue capturado semanas después del hecho. Que haya practicado santería en la casa de seguridad y luego se haya ido, en todo caso dio lugar al delito de encubrimiento, precisó Ávila. Al consignar, el Ministerio Público no hizo tal precisión y lo señaló como auxiliador o cómplice.

En otra declaración ante la prensa, el propio presidente del Tsjcdmx insistió: “En este caso… él (Martínez) no participa en el secuestro. Él todo lo que hace es ser contratado, con una ignorancia extrema, para hacer ritos para que les diera buena suerte en el tema. Él no participo en el secuestro y esa fue la valoración que hizo el Tribunal Federal”.

Son las reglas que ha marcado la SCJN conforme al nuevo sistema penal, remató.

Apresuramientos

Hasta ahora, los jueces sólo se han guiado por esos criterios ante la falta de una Ley Nacional de Ejecución Penal, necesaria para la aplicación de sanciones en el nuevo sistema de justicia. Hasta la semana pasada tampoco estaba la Ley de Justicia para Adolescentes ni las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El Congreso tenía previsto aprobar esas disposiciones apenas durante el periodo extraordinario, el lunes 13, cinco días antes de la fecha fatal del 18 de junio, según dijo a Proceso el diputado del PRD Arturo Santana Alfaro, representante de mayoría relativa por la Ciudad de México.

La flagrancia equiparada es sólo uno de los criterios modificados. Los ministros también se han pronunciado respecto a la tortura o a la prueba circunstancial, que han sido muy utilizadas para acusar y procesar en México. La Suprema Corte además se ha pronunciado respecto a la retroactividad o al debido proceso, que ha permitido la liberación, entre otros, de la ciudadana francesa Florence Cassez y los indígenas acusados de la matanza de Acteal, en Chiapas, en 1997.

Ante el escenario de que se multiplicaran ese tipo de casos por violaciones al debido proceso, los jueces han optado por reponerlo, sin conceder la libertad.

Una de las principales impugnadoras de ese tipo de libertades es Isabel Miranda, presidenta de la organización Alto al Secuestro, que con gran ruido mediático se ha opuesto, entre otras, a la libertad de Cassez, con el argumento del derecho de las víctimas. Fue también el caso de Raúl Martínez Gutiérrez.

Convertida en vocera de los críticos del hipergarantismo, a propósito de esta liberación arremetió contra la SCJN, acusándola de dar beneficios retroactivos a los delincuentes, desamparando a las víctimas. Ahora hasta quienes han estado presos por secuestro quieren una indemnización, criticó.

El martes 7, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, respondió públicamente: “Es y ha sido una mala práctica descalificar a los jueces fuera del contexto en que han juzgado”.

En un tono inusual en el presidente del máximo tribunal del país, dijo que la descalificación se hace “sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto y sin percatarse de las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales que rigen obligatoriamente su proceder”.

Además, esas reglas se han hecho a partir de las leyes aprobadas por el Congreso y han resultado de largos debates de interpretación en el que se ha favorecido el principio pro persona; todo a partir de la Constitución, subrayó al participar en el Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia.

“Por supuesto que los jueces no son infalibles… (pero) si el camino se pavimenta de acusaciones de corrupción, por sólo disentir de sus decisiones, pero sin razones y pruebas fundadas, en nada contribuirá a la legitimidad de los operadores que, al menos en el ámbito federal, constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena que soporta lo que ustedes mismos, destacados representantes de los diversos sectores, confluyeron para idear, diseñar, impulsar y hacer realidad: un nuevo sistema de justicia penal.”

Más directo no pudo ser. Lo escucharon, entre otros, el presidente Enrique Peña Nieto; el del Senado, Roberto Gil; el de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, y el de la organización México SOS, el empresario y activista Alejandro Martí, cuyo hijo adolescente fue asesinado durante un secuestro, también en ese junio de 2008.

Lo que operan los jueces lo aprobó el Congreso con la participación de organizaciones sociales, dijo a este semanario el diputado Arturo Santana.

Luis María Aguilar fue más allá y advirtió que si en verdad se quiere castigar al culpable, “mediante el respeto a la presunción de inocencia”, al tiempo que no deje de repararse el daño, se tiene que buscar la verdad “mediante el esclarecimiento de los hechos, pero sin ceder un solo espacio a las pruebas ilícitas”.

Desfases

Aunque los poderes del Estado se dicen listos para aplicar el nuevo sistema, las perspectivas no son alentadoras, a pesar de los 22 mil millones de pesos que se han dedicado tan sólo a nivel federal para la reforma penal, según estimaciones del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC).

La propia Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (Setec), dependiente de la Secretaría de Gobernación y a cargo de María de los Ángeles Fromow, advirtió que el nuevo sistema no funcionará de manera adecuada sino hasta 2024; es decir, 16 años después de la reforma.

Creada para impulsar la puesta en marcha del sistema, la Setec careció de fuerza política para coordinarse con las instancias federales y estatales.

En sus ocho años tuvo tres titulares: José Luis Santiago Vasconcelos, quien falleció en 2008 en el mismo accidente aéreo en el que murió el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; Felipe Borrego Estrada, ahora miembro del Consejo de la Judicatura Federal, que depende del presidente de la Corte, y Fromow, quien ahora busca que el Congreso transforme la Setec en un “área de consolidación” de la reforma penal que tenga su propio presupuesto.

En la Corte pasó algo similar. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo falleció cuando era el responsable del tema en el principal tribunal del país. Lo reemplazó en la anterior presidencia de la Corte el ministro Sergio Valls, quien también falleció sin haber impulsado la reforma penal. Incluso se negó a recibir a la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, dependiente del Departamento de Estado, que se encargó de impulsar la reforma penal en México.

Además de la Secretaría de Gobernación, que debió capacitar a la Policía Federal y al personal de prisiones, por parte del Ejecutivo también debió involucrarse la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la capacitación de los ministerios públicos y los defensores públicos. Pero en esos casos, la capacitación fue superficial (Proceso 2055).

En los estados el panorama es peor. Del casi medio millón de policías de todo el país, 95% tuvo una capacitación básica de 40 horas, de acuerdo con la propia Fromow. Lo mismo ocurre en la infraestructura requerida. El Poder Judicial de la Federación llegará al inicio del sistema con Centros de justicia Penal Federal en todo el país. En los estados, sólo hay 804 salas de juicio oral, aunque se necesitan otras mil 200.

Ritmos desiguales

De acuerdo con el reporte Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, elaborado por el CIDAC, 83% de los operadores del sistema de justicia –policías, ministerios públicos, defensores de oficio y jueces– no está capacitado.

El rezago es más evidente en los policías ministeriales, policías preventivos y personal penitenciario, quienes son los que tienen el primer contacto con las víctimas y con los imputados. Detalla que más de 80% de ese personal no cuenta con capacitación y destaca que al menos 271 mil operadores no han recibido capacitación, pese a que desde 2010 se han gastado 484 millones de pesos sólo en esta función.

En el marco normativo sucedió lo mismo. Layda Negrete, de la organización no gubernamental México Evalúa, explica que desde 2008 cada estado fue a su ritmo. Hubo los que empezaron antes de la reforma, como Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León, que ya habían elaborado sus códigos estatales porque tenían competencia para hacerlo.

Después de seis años de rezago, fue en 2014 cuando el Congreso de la Unión modificó el artículo 73 de la Constitución, quitando esa facultad a las entidades federativas. Luego, aprobó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que obliga a todos los estados.

Cuenta: “En México Evalúa empezamos la discusión en 2013 sobre la Ley de Ejecución Penal. En 2014 la aprobó el Senado pero quedó pendiente en la Cámara de Diputados. Finalmente, con la premura del término, decidieron retomarla hace un par de meses y prometieron que se aprobará el lunes 13, cinco días antes de la entrada en vigor de la reforma”.

Con la Ley de Justicia para Adolescentes pasó igual. Presionada por organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se sentó a analizarla. Pero la dejaron dos años suelta: “El que lo dejen para el último da una sensación de una improvisación tremenda”.

Para la abogada de México Evalúa, algo que no está claro y también ha quedado muy rezagado es qué se va a hacer con las policías y los ministerios públicos, “porque si no se cambia a fondo su actuación, el ciudadano va a sentir que no hubo reforma”.

En el caso de los policías, “vamos a ver qué sale del mando mixto, figura en la que el presidente Enrique Peña transformó el mando único, porque no nos han querido enseñar la iniciativa enviada por el Ejecutivo; todo en torno a ella ha sido a puerta cerrada. El mando único propuesto por Peña no resolvía nada, porque sólo transfería recursos económicos a los estados.

“Los gobernadores estaban encantados, les daba poder y dinero. Que controlaran la fuerza pública en todo su territorio y no dejarle acción a los municipios nos parecía muy delicado, porque si quieres acabar a un municipio que te es adverso políticamente, le quitas la fuerza pública y lo prendes en dos minutos”. Pero el mando mixto se ha mantenido en secreto, a pesar de que también será aprobado en el periodo extraordinario de sesiones.

Otro tema que entrará en el periodo extraordinario es el sistema de cárceles, con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que va a normar a los centros penitenciarios. Tendrá que garantizar la seguridad de los internos, para que no sean asesinados o se escapen; pero también deberá dar garantía de que se trate igual a todos y no haya abusos, que no haya extorsión ni maltrato por parte de la autoridad ni por parte de los mismos internos”. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esa situación se vive en al menos dos terceras partes de las prisiones.

La ley deberá crear mecanismos para que los jueces sancionen a las autoridades que incumplan. Además, la sociedad civil podrá representar a prisioneros. “Va a haber jueces de ejecución penal exclusivamente para eso, músculo para la sociedad civil y una serie de obligaciones que va a tener el Estado. Vamos a ver si funciona”, señala.

Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace-Solidaridad y Justicia, dice que sólo siete estados implementaron la reforma en su totalidad: Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Morelos, Edomex y Guanajuato. Aunque aclara que aún no hay uno que opere de forma ideal, dice que los tres primeros son los mejores. Indica que el Estado de México es de los peores, pues aún desahogan pruebas con el sistema tradicional inquisitorio, a pesar de que tienen implementado el sistema acusatorio.

Asegura que ya tienen infraestructura suficiente, con tecnología de la información, porque recibieron capacitación de la federación y del Proyecto de Projusticia de la USAID.

El mayor de los atrasos está en la Procuraduría General de la República (PGR). Durante el Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, la procuradora Arely Gómez dejó ver que en siete años la institución no trabajó en el nuevo sistema: “En marzo de 2015 lo primero que se hizo fue la Unidad de Implementación, adscrita directamente a la oficina de la procuradora y acuerda directamente con ella. Se le dotó de herramientas humanas y materiales para cumplir con su reto.

“En marzo tenía cuatro delegaciones con el sistema penal acusatorio. Ahora tenemos ocho y en una semana tendremos las 32. De 11 juicios que se han llevado en el nuevo sistema, tenemos nueve sentencias condenatorias, lo que quiere decir que trabajamos sobre el tema”, resumió.

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