AYOTZINAPA: QUE HABLE EL DESGRACIADO POLITICO

Por Gloria Leticia Diaz/Proceso
PROCESO-2069-188x250La Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a llamar a comparecer a miembros de la clase política de Guerrero, presidentes municipales, altos mandos del Ejército y otros funcionarios, así como a delincuentes procesados, para conocer la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En febrero pasado, los padres de los desaparecidos y sus abogados, integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, entregaron a la procuradora Arely Gómez un escrito en el que advierten que en el curso de la indagatoria PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 “no sólo no se ha terminado de esclarecer el acto criminal; ni siquiera han comenzado a dilucidarse las relaciones que se dieron tanto en el grupo criminal como con actores políticos”.
Cuatro meses después, el nuevo responsable de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal —nombrado a principios de junio—, dio el visto bueno para llevar a cabo dichas actuaciones, que implican el desahogo de al menos 140 diligencias, que incluirán interrogatorios a militares, para indagar los vínculos entre el poder público y la delincuencia organizada en ese caso ocurrido hace 21 meses en Iguala, Guerrero.
Según el documento consultado por la reportera, hasta ahora la indagatoria se ha circunscrito a procesar a ex servidores públicos de Iguala y Cocula, pero se han omitido “los posibles vínculos que dicho grupo podría tener con servidores públicos dentro de otros municipios, e incluso de los ámbitos estatal y federal” (Proceso 2063).
MACROCRIMINALIDAD
El acuerdo de desahogo de diligencias “ocurrió dos días antes de la entrega del “Informe del Caso Iguala” de la PGR. Eso significa que la oficina que encabeza Higuera Bernal debería hacer esas diligencias, llamar a las personas enlistadas y efectuar las inspecciones que se incluyen en el escrito, comenta el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
“Buena parte de la clase política de la Zona Norte de Guerrero puede estar siendo objeto de una investigación, porque los hechos de Ayotzinapa no se explican sin el concurso de estos otros actores, antes y después de los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, dice en entrevista.
En el documento, los coadyuvantes recuerdan que la desaparición de los 43 jóvenes “y el posterior hallazgo de más de 100 cadáveres en fosas clandestinas localizadas en las inmediaciones de Iguala” son secuelas de la macrocriminalidad en la región.
Es indispensable esclarecer “cómo se fueron gestando las alianzas y las condiciones (para las desapariciones), en las que tienen una participación importante la clase política, las autoridades, los funcionarios de esa región”, insiste Rosales Sierra.
Y agrega: “El día de los hechos se da la concurrencia de ellos en los operativos, en el silencio, en las omisiones en que todos y cada uno de ellos incurrieron”.
POLÍTICOS
Además de la solicitud de ocho comparecencias a mandos militares y de enviar oficios informativos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), descritos en un reportaje publicado en la edición 2063 de Proceso, los padres de los 43 normalistas y sus abogados pidieron a la PGR esclarecer la posible colusión de algunos políticos guerrerenses con Guerreros Unidos, grupo al que se le atribuye la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
La lista de probables comparecientes incluye al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y su hijo Rubén Figueroa Smutny; Ángel Aguirre Rivero y su sobrino Ernesto Aguirre; el ex senador Héctor Vicario Castrejón; el ex alcalde de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado; Lázaro Mazón Alonso, ex presidente municipal de Iguala, ex senador y funcionario del gabinete durante la gestión de Aguirre Rivero.
Los solicitantes arguyen que los incluyeron porque recibieron llamadas anónimas, según consta en el expediente, de las cuales 25 son consideradas relevantes para las indagatorias.
A esas llamadas se debería dar el mismo trato que “a la llamada anónima que orientó a la PGR hacia la línea del basurero de Cocula, donde – sostiene Rosales Sierra– fue el destino de los estudiantes” (Proceso 2060).
Y abunda: “Algunas de esas llamadas son importantes, pueden aportar algún elemento de interés en la investigación y resultar de especial trascendencia en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Por eso, hoy en día deben dilucidarse todas esas llamadas, buscarse el origen, quién las hizo, dónde se hicieron, esclarecer lo que están señalando y seguir las pesquisas para ver a dónde nos lleva esta información”.
NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las relaciones de los políticos, presidentes municipales, funcionarios de seguridad pública y militares presuntamente vinculados con miembros del crimen organizado y con los procesados —como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa— aparecen también en testimoniales integradas en el expediente de 202 tomos, así como en averiguaciones previas abiertas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Ante las sospechas del involucramiento con el crimen organizado, los coadyuvantes piden a la Oficina para el Caso Iguala girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que proporcione los estados de cuenta del ex gobernador Aguirre Rivero, el ex procurador Iñaky Blanco Cabrera y el ex subprocurador Ricardo Martínez Chávez, así como del ex secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez.
La petición de investigación financiera se extiende al ex comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, y al capitán José Martínez Crespo, así como al policía federal Luis Dorantes Macías, quien habría declarado que durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014 se le impidió el acceso al C-4.
La coadyuvancia pide también que se investiguen las cuentas de los “ex presidentes municipales de Taxco de Alarcón (Salvador Majul González, actual diputado federal del II distrito), Huitzuco (Norberto Figueroa Almazo), Tepecoacuilco (Antonio Galarza Zavaleta), Apaxtla (Efraín Peña Damasio) y Teloloapan (Ignacio de Jesús Valladares Salgado); de los directores de Seguridad Pública de Taxco de Alarcón (Roberto Hinojosa Salinas), Huitzuco (José Guadalupe Salas Cruz), Apaxtla y Teloloapan (Jorge García Reducindo)”.
‘COBRADOR DE
 EXTORSIONES’
Respecto del ex senador Mazón Alonso, se pide su comparecencia para que explique su intervención en el Centro Comercial Galerías Tamarindos y en la empresa Yozis, propiedad del ex alcalde igualteco Abarca Velázquez, así como las gestiones que realizó ante la Sedena “para que fuera cedido el predio o parte de éste en el que se construyó dicho centro comercial”.
Por lo que atañe a Humberto Velázquez Delgado, quien formó o forma parte de la Policía Ministerial de Guerrero, los promoventes del documento piden a la PGR girar una “orden de presentación y localización”, pues fue identificado por un testigo dentro de una averiguación previa de la Procuraduría como vinculado a la esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa. Ella presuntamente “le ordenaba” al comandante “cobrar las extorsiones”.
Asimismo, consideran necesario solicitar la colaboración de la embajada de Estados Unidos, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección de Procesos Legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detectó que Abarca viajó en 2014 a Chicago en dos            ocasiones.
En tanto, la Dirección de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria reportó “diversas entradas y salidas” del matrimonio Abarca Pineda “entre los años 2013 y 2014, de los que resultan varios vuelos a Chicago”.
Esa información resulta relevante toda vez que, en sus informes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes —creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el caso Ayotzinapa— refiere la ruta del tráfico de cocaína y heroína entre Iguala y Chicago, por lo que “los viajes del ex alcalde y su esposa a dicha ciudad podrían tener algún vínculo con la estructura de trasiego trasnacional de droga, línea de investigación que hasta ahora no ha sido suficientemente investigada”.
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