CASO NOCHIXTLAN: LOS SICARIOS DE LA POLICIA FEDERAL

Por Arturo Rodríguez y Pedro Matías/Proceso

PROCESO-2071-193x250La Policía Federal tiene un protocolo para el uso de la fuerza. Está en un manual que recoge y sistematiza los procedimientos para enfrentar todo tipo de situaciones sin caer en el uso excesivo de la fuerza. Se dice, por ejemplo, que se debe proteger el entorno de hospitales o escuelas; nunca disparar a zonas letales; intentar la disuasión antes que la agresión… y una larga lista de procedimientos que respetan las convenciones internacionales. Los policías que participaron en los hechos violentos de Nochixtlán el 19 de junio hicieron caso omiso de ellos.

La mañana del 19 de junio, tras desalojar la carretera Tehuacán-Oaxaca, agentes de la Policía Federal (PF), oficialmente de varias divisiones, ingresaron a esta ciudad. Desde un helicóptero atacaron el modesto hospital local con bombas de gas, una estalló en el techo del área de cuneros y la otra en el acceso al nosocomio.

Los testimonios de esas horas obtenidos por Proceso y publicados en su edición 2069 daban cuenta de la forma en que un médico, dos enfermeras y un enfermero debieron abandonar momentáneamente a los heridos durante el operativo, para cubrir con toallas mojadas las hendiduras por donde penetraba el gas. Luego, los federales cercaron la instalación, pretendiendo registrarla.

Esa es apenas una de las numerosas violaciones que en ese operativo cometió la PF al Manual de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, que guía sus operativos y que, en su apartado 4.6. –relativo a los procedimientos en manifestaciones–, señala que se debe “evitar el uso de gases en inmediaciones de hospitales y escuelas”.

La noche del 19 de junio la indignación de esta comunidad desembocó en el incendio de diferentes instalaciones: el hotel Juquila, desde el cual señalan que se hicieron disparos; el rancho de los Cuevas, caciques priistas de la zona –el alcalde Daniel y su hermano, diputado electo, Hermilo–, así como en la Estación Nochixtlán de la PF.

En este último inmueble, como a un kilómetro de la zona del operativo, quedaron regados en el exterior documentos, manuales de procedimiento, informes, circulares y pases de revista. Numerosos casquillos de bala yacen aún a la vista en el patio, aunque no se pudieron recabar testimonios que ubiquen tiros en ese lugar. El mencionado Manual fue entregado a Proceso por organizaciones sociales que a su vez, afirman, los recibieron de vecinos de la comunidad.

El documento consta de 93 páginas, con prólogo de Genaro García Luna, y expone de manera precisa los diferentes procedimientos, con fotografías y especificaciones para el uso de la fuerza en todo tipo de situaciones, dedicando un amplio apartado al control de manifestaciones.

El manual contiene los procedimientos que no se aplicaron en el operativo del 19 de junio, como tampoco en numerosos casos de protestas o conducción de detenidos; se hizo uso excesivo de fuerza y se faltó al deber de los cuidados humanitarios a la población civil afectada en situaciones de violencia.

Dicho documento fue mencionado en la entrevista que el comisionado de la PF, Enrique Galindo Ceballos, concedió a Proceso para la ya citada edición.

En su numeral 1, “Niveles de uso de la fuerza”, se expone una pirámide en la que se describen las características del tipo de intervención y uso de la fuerza en una escala progresiva del 1 al 6, que se afirma corresponde a estándares de la Organización de las Naciones Unidas. Los dos primeros niveles muestran formas de actuación policial de ejercicio de autoridad, con presencia e interacción sin violencia.

En numerosas marchas en la Ciudad de México o Oaxaca, ha quedado documentado que la intervención policiaca se brinca el nivel de interacción, por ejemplo, para negociar sobre el repliegue de una manifestación o, como ocurrió el 19 de junio, no medió palabra previa a la actuación disuasiva, según los maestros que bloqueaban la autopista.

El tercer nivel corresponde a resistencia pasiva, y se refiere a aquel ciudadano “que se muestra poco colaborador” y que “se resiste de manera estática o se rehúsa físicamente a acatar voluntaria, pacífica y de manera inmediata las indicaciones”. Para ese caso, se muestran diferentes técnicas de sometimiento a partir de infligir dolor en articulaciones, rostro, cuello, nuca, esternón y manos.

En este caso, por ejemplo, las presentaciones de detenidos que suele hacer el gobierno federal muestran el procedimiento de infligir dolor en el cuello, nuca y pabellón auricular, perfectamente descritos y reservados a quien presenta este último nivel de resistencia, como ha ocurrido con Joaquín El Chapo Guzmán y otros presuntos capos.

La prevención es concreta: el policía debe hacer el menor uso de la fuerza posible y “tampoco puede emplear el uso de la fuerza como forma de castigo directo”, se señala en la introducción del Manual.

El cuarto nivel corresponde a la “resistencia activa” y en esos casos muestra, además de las técnicas de sometimiento señalados, el uso del bastón PR-24, o tolete, con los puntos precisos en los que debe golpear: pantorrillas y antebrazos, esternón o abdomen, y el “golpe Yawara, particularmente valioso para el control de multitudes”.

El quinto nivel es la agresión no letal. Es cuando el agresor trata de atacar al policía con cualquier objeto no contundente (libro, celular, una botella plástica de agua) que pueda usar como proyectil. En esos casos se emplea la misma técnica del bastón, pero en zonas más dolorosas, como las rodillas, brazos y abdomen.

Finalmente, el sexto nivel es para la “agresión letal”, en el que se autoriza el uso del arma de fuego, pero sólo en defensa propia o de un tercero, para un delito grave que amenace la vida, para detener a una persona que represente peligro o “que oponga resistencia a la autoridad”, o para una persona en fuga con peligro de lesiones graves o de muerte.

La ambigüedad de algunas indicaciones deja al arbitrio del policía el proceder, y también la responsabilidad legal que, en todo caso, se asume de manera individual y no para la cadena de mando.

“En cualquier caso sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”, especifica el numeral 1.6.1., en el que además se añade que deben usarse de la “manera menos lesiva, ejerciendo moderación y tratando de reducir al mínimo los daños”.

Disparos a discreción

Un anciano con la pierna destrozada cuenta su historia. De pronto oyó disparos, se tumbó pecho-tierra y le dieron. Otro estaba dentro de una tienda y al oír disparos corrió y fue herido. Se lo contaron al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien, entre otras cosas, ofreció darles atención médica y agotar la investigación.

Las historias fueron contadas durante la reunión del viernes 8, cuando una caravana de funcionarios federales encabezada por Campa llegó a esta ciudad para sostener un encuentro con la comunidad y los interesados en el desalojo sangriento del 19 de junio, que cobró la vida de ocho personas, dejó heridas a más de un centenar, dos desaparecidos y 23 detenidos de manera arbitraria (ya liberados).

Hasta el cierre de esta edición, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no habían podido obtener los partes oficiales para determinar la actuación policial; tampoco de instituciones como el IMSS, donde según el comisionado Galindo Ceballos hubo dos policías heridos de bala. Y en general, ninguna dependencia les daba información, a casi tres semanas de los hechos.

Los informes solicitados son particularmente descritos en el Manual, deben elaborarse en los casos de uso de armas, inmediatamente después de la acción y, en otros casos, hasta 24 horas después. “Para evitar desapariciones forzadas” se debe registrar a todos los detenidos y los nombres y placas de los policías que los trasladan. Los vehículos de traslado deben ser apropiados.

En el caso del operativo de Nochixtlán, los 23 detenidos fueron esposados y apilados en un camión, en condiciones infrahumanas. De ellos, 18 fueron sacados del panteón cuando una familia mixteca sepultaba a su jerarca. En tanto, la CNDH informó el miércoles 6 que aún hay dos personas desaparecidas.

La opacidad con que se manejan los partes oficiales, en el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y en las dependencias federales, ha sido observada por organizaciones sociales, porque impiden conocer condiciones, por ejemplo, de las necropsias practicadas a las víctimas. Sólo por testimonios, este semanario ha podido contrastar algunas de las muertes con el tipo de disparos que los testigos entrevistados señalan provenían de los contingentes policiacos.

Por ejemplo, Jesús Cadena Sánchez y Anselmo Cruz Aquino murieron a orillas de un arroyo cercano a la carretera. Los hermanos de Anselmo, testigos de la agresión, cuentan que intentaban llevar a un herido cuando desde el otro extremo, donde se ubicaba el contingente de federales, les dispararon. Dos hermanos más resultaron heridos.

A Jesús Cadena, el joven catequista de Nochixtlán, el disparo le atravesó la vejiga y salió por su glúteo izquierdo. A unos metros, Anselmo, empleado de mostrador en una farmacia de Tlaxiaco, estaba pecho a tierra. El disparo le entró por la boca y le destrozó un pulmón.

En el Manual se insiste en que el uso de armas no debe ser letal o para abatir al “infractor”, e inclusive, en el caso de una manifestación que se convierte en turba o motín, especifica “no emplear la fuerza con personas que huyen, corren o caen”.

A Omar González Santiago, un mixteco reforestador voluntario, opositor a la caza furtiva y vendedor de flores en tianguis, originario de la comunidad Palo de Letra, el disparo le entró entre un ojo y el tabique nasal.

Conforme al numeral 1.6.3. “Situaciones hipotéticas en las que un policía no puede emplear su arma de fuego”, se muestra una gráfica con las zonas a las que no se debe disparar, pues son letales: testículos, esternón, cuello, rostro, nuca, cervicales, columna, zona renal y recto.

El contraste entre los testimonios y el Manual refleja que no sólo se agredió a quienes no participaban en el ataque armado –en caso de que lo hubiera, como ha dicho Galindo–, que se estaban protegiendo e inclusive auxiliando heridos, sino que además se les disparó a zonas letales. En el caso de los dos heridos se observa que hubo tiros a discreción, también prohibidos, pues el documento establece que deben realizarse disparos selectivos.

Civiles, armas y protestas

La versión persistente en la comunidad es que había civiles que dispararon desde el techo del hotel Juquila. El segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López, confirmó a Proceso que en ese lugar se hizo registro fotográfico de cartuchos y georreferenciación.

Aunque ninguna autoridad ha reconocido la presencia de agentes ahí, en las instalaciones de la Estación Nochixtlán de la PF, entre los documentos que fotografiaron habitantes de la zona –compartidos a Proceso–, destaca una circular en la que se instruye al personal adscrito a todas las estaciones del estado a no usar uniformes desde el 11 de junio.

Ese día fue detenido Francisco Villalobos Ricártez, secretario de Organización de la Sección 22, y la circular expresaba que los miembros del sindicato podrían detener uniformados para negociar su liberación.

En cualquier caso, el Manual establece desde sus primeras páginas que el policía “debe estar perfectamente aseado y uniformado”.

El numeral 4, “Condiciones necesarias para el desarrollo del restablecimiento del orden público”, muestra las tácticas, el tipo de entrenamiento, equipo y las concepciones que en la lógica policial tienen “las diferentes manifestaciones sociales”, en dos grandes grupos:

Las marchas, mítines y plantones, “que no requieren del uso de la fuerza para su control” y, la turba y motín que sí la requieren:

“Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente. Sin embargo, el orden público puede alterarse cuando situaciones tales como huelgas, concentraciones, desplazamientos u otras, se tornan violentas.”

El equipo empleado para controlar manifestaciones contempla casco, escudo protector, equipo antimotines de protección, máscara antigás, el bastón PR24, armas disuasivas: granadas de gas y humo, rifles para dispararlas y balas de goma con alcance de 200 metros.

Luego cataloga las manifestaciones sociales: muchedumbre que se transforma en turba: “por excitación intensa, los miembros que la componen pierden su sentido de razonamiento y su respeto por la ley, la autoridad y las personas. Cualquier signo de debilidad de las fuerzas de seguridad, aun cuando sea momentáneo, puede ser suficiente”, se lee.

Considera disturbios por motivaciones económicas, por ejemplo en una gran depresión; los movimientos sociales son, para la PF, producto de fricciones entre grupos sociales, raciales o seccionales; los movimientos políticos nacen por inconformidad o simpatía con un sistema político y tienen como fin apoyar o desacreditar funcionarios e instituciones.

También contempla movimientos desencadenados por desastres y por ausencia de autoridades que pueden provocar disturbios. En las siguientes páginas expone una serie de procedimientos de comunicación y negociación con los manifestantes, para luego recorrer las formas de actuación, según los niveles de la pirámide de uso progresivo de la fuerza.

En este apartado no considera el uso de armas letales; para todos los niveles instruye un espacio de negociación y advierte de diferentes previsiones para el uso de las armas no letales: tácticas de ubicación de líderes; no emplear fuerza con personas que caen o huyen; dejar de usar la fuerza al cese de la resistencia; evitar arrebatar banderolas o pancartas; no usar objetos arrojados por los inconformes, y siempre usar el tolete.

También instruye el uso de protección con escudos y en formaciones para evitar ser dañados por objetos contundentes, como piedras, cohetones o bombas molotov, pero no considera disparar un arma de fuego para ese caso.

Además, no deben disparar las bombas directamente a las personas, deben evitar el uso de gases cerca de hospitales y escuelas, y luego dedica el numeral 4.7. a la “Asistencia a personas afectadas”, consistente en planificar previamente corredores humanitarios y el acceso de personal médico y socorristas, facilitar el acceso de médicos a los heridos. Los policías deben auxiliar a los lesionados, notificar a sus familias, brindar cuando sea necesario primeros auxilios, entre otros.

Esto es todo lo que no se hizo en Nochixtlán.

Finalmente, el Manual considera el estado psicológico de los policías en el numeral 5. Entre las reacciones básicas prevé tres: enfrentar, huir y paralizarse. Al respecto recomienda tomar la decisión de enfrentar conforme a procedimiento; huir para evitar ser dañados y sobrevivir pero esperar apoyo táctico, y evitar paralizarse para no quedar a merced de los captores.

En Nochixtlán hubo policías que se paralizaron; huyeron hasta que llegó el apoyo táctico en helicóptero con armas de fuego y, finalmente, contra la indicación del Manual, dejaron un reguero de heridos y al menos dos policías capturados.

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