LA CIDH GRILLADA POR EL GOBIERNO MEXICANO

Por J. Jesus Esquivel/Proceso

PROCESO-2071-193x250WASHINGTON.- Entre defensores de derechos humanos y diplomáticos latinoamericanos no hay duda y denuncian: México quiere debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dejarla sin dientes por haber derrocado la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Me da la impresión de que el enemigo principal de la CIDH en este instante es México”, dice a Proceso José Miguel Vivanco, director de la División para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).

Las acusaciones contra México, en las que coinciden defensores de los derechos humanos y diplomáticos latinoamericanos, se refieren al cabildeo sordo que lleva a cabo el gobierno de Peña Nieto para debilitar los poderes y alcances de la CIDH, aprovechando que el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra en una grave crisis financiera.

“Históricamente, este esfuerzo por debilitar a la Comisión ha sido orquestado por los países que conforman el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), liderados por Venezuela y Ecuador; pero a raíz de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa (en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero), la batuta la tomó el gobierno mexicano”, apunta Vivanco.

El pasado 22 de mayo, días después de que el gobierno de Peña Nieto diera por terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa, la CIDH develó detalles de su debacle financiera.

“La Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos de 40% del personal y no se cuenta con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovarlos. Asimismo, la Comisión informa con profundo pesar que se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los periodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre”, se lee en el comunicado de prensa que la CIDH difundió el 23 de mayo.

La endeble situación económica del órgano jurídico de la OEA –que por medio del GIEI exhibió las mentiras de la “verdad histórica” con la que el gobierno de Peña Nieto quiso darle carpetazo al caso Ayotzinapa– está siendo usada para hacerla inoperante.

“La posición de México sobre la CIDH da la impresión de que es en represalia por el informe del GIEI y por todo lo que ha descubierto y develado en México”, expresa Vivanco en la entrevista.

El director de la División para las Américas de HRW explica que la CIDH siempre ha sido objeto de ataques por parte de los gobiernos a los que denuncia por incumplir con la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Hasta que el gobierno de Peña Nieto entró al relevo, estos ataques los encabezaba Venezuela y el Alba, pero la crisis y el desprestigio del gobierno de Nicolás Maduro minimizaron los efectos de esa descalificación.

“El aislamiento de Venezuela es tal que no tiene ese músculo que tuvo en el pasado para dañar al Sistema Interamericano (integrado por 35 países). Y el Alba, al no contar con Venezuela, queda huérfano de representación. Quedó totalmente desarticulado”, abunda.

En el pasado, otros países como Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Chile y los centroamericanos fueron enemigos de la CIDH tras ser señalados por casos de violación a los derechos humanos, algo que los exponía ante la comunidad mundial.

Y de manera irónica, cuando los intentos de debilitar a la CIDH provenían de otras naciones, el defensor de la Comisión fue México.

“Esa actitud de México se dio antes de Ayotzinapa. El contexto actual es muy, muy distinto. Que el Alba siga cacareando, es un gaje del oficio y del ruido ambiental, pero no conmueve a nadie”, reconoce Vivanco.

Cuando la CIDH alertó sobre su situación económica, algunos países se preocuparon por las consecuencias que esto puede tener en la defensa de los derechos humanos.

Otros, como denuncian los entrevistados, aprovecharon la crisis para debilitar al órgano jurídico de la OEA con el poder de los dineros.

“Resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será inevitable que el estado procesal que se estaba intentando reducir vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia”, alertó la CIDH a la región interamericana en mayo pasado.

Máscaras

En el 46 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado del 13 al 15 de junio pasado en Santo Domingo, República Dominicana, el gobierno de México se presentó como el gran promotor para encontrar una solución a la crisis de la CIDH.

“La posición de México es de preocupación”, asegura Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador mexicano ante la OEA. “Porque nos parece que hay que atender obviamente lo más inmediato, que es la falta de recursos de este año, la posibilidad de que tenga que reducir actividades y que no pueda mantener los contratos de un número importante de personal”, agrega.

En Santo Domingo, México propuso que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se coordinen con la Secretaría General de la OEA para hacer una propuesta sobre su financiamiento. Se espera que la presenten, a más tardar, en octubre de 2016.

De Alba Góngora matiza que es la CIDH la responsable de su situación económica, porque se rezagó a la hora de presentar sus presupuestos.

“El gobierno que más ha contribuido de los países latinoamericanos con donaciones o recursos voluntarios es México”, presume.

Los fondos a los que se refiere el embajador de México son los dos millones de dólares que dio para financiar al GIEI en el caso Ayotzinapa, pero que para la CIDH nada tienen que ver con el presupuesto general.

“El GIEI es la CIDH. Es un mecanismo creado por la CIDH. Ahí es un manejo de la información que ya corrigió (sic) el presidente (de la CIDH), James Cavallaro. La contribución de México del año pasado y de éste es evidentemente a la CIDH, con la que establecimos un acuerdo para crear el GIEI”, admite De Alba.

“Aparte –insiste–, no puede haber recursos destinados para un fondo general. Eso nunca lo había planteado la CIDH, lo acaba de hacer hace unas tres semanas. Nos acaban de hacer una solicitud por 50 mil dólares para un fondo general.”

–¿Nada más 50 mil dólares? –se le pregunta.

–Exactamente, eso no le resuelve prácticamente nada a la CIDH.

–¿Cuánto dinero estaría dispuesto México a aportar para ese fondo?

–En este momento no le puedo dar una cifra.

Asegura que su prioridad sigue estando en relación con el caso Ayotzinapa: “A finales de este mes habrá una sesión con la CIDH. Seguramente habrá una cifra que el gobierno de México está dispuesto a financiar para las visitas del relator, seguimiento del caso, trabajo de investigación y otras cosas. La CIDH no ha presentado un presupuesto. Para el ejercicio de 2017 las cosas son mucho más sencillas”.

La crisis paliada

En respuesta a la crisis de la CIDH, pero no por iniciativa de México, varios países del hemisferio se comprometieron a entregar “aportes voluntarios”.

Los ofrecimientos han sido, hasta ahora, de 160 mil dólares por parte de Argentina; Panamá, 150 mil; Colombia, 100 mil; Perú, 50 mil; Chile, 22 mil, (más los 100 mil con los que costeó las sesiones de hace unas semanas); Antigua y Barbuda, mil 800 dólares, y Estados Unidos, con 100 mil.

El gobierno estadunidense también anunció, de manera unilateral, que los 600 mil dólares que había dado a la OEA para becas se podían reprogramar para que la CIDH los utilice.

Una fuente del Sistema Interamericano que solicitó el anonimato por razones de seguridad explica que muchas de las promesas de aportaciones voluntarias no se han materializado, pero que con las pocas ya entregadas la crisis se conjuró en el corto plazo.

La CIDH, revela, ya recibió 50 mil dólares de Panamá; los mil 800 dólares de Antigua y Barbuda, y 20 mil dólares de Chile.

Pero fueron sobre todo los 600 mil dólares que Estados Unidos permitió reprogramar los que permitieron extender los 30 contratos que expiraban el 31 de julio. “La CIDH sigue en una grave situación económica, siguen suspendidas la mayoría de las actividades”, apunta la fuente consultada que conoce los detalles de las finanzas de la Comisión.

Por los oficios de Cavallaro, quien sostuvo unas 17 reuniones bilaterales durante la Asamblea General en Santo Domingo, Canadá está en negociaciones con la CIDH para dar 500 mil dólares. La Unión Europea, en tanto, comprometería 400 mil. Y para 2017 y 2018, ofrece incluso incrementar esa cantidad. Hay además negociaciones con fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

Lo llamativo es que varias de las fuentes consultadas revelan que hay otros países americanos dispuestos a fondear la CIDH, pero el gobierno de México está interviniendo para que no lo hagan, al menos en el corto plazo.

“Costa Rica, por ejemplo, estaba lista para hacer un aporte voluntario, pero gracias a las presiones de México, que son muy fuertes, no lo ha podido hacer”, asevera una fuente diplomática.

Que no

–Hay algunos de sus colegas, embajadores ante la OEA, que aseguran que México pidió al gobierno de Costa Rica que no aportara fondos para sanear la crisis de la CIDH… se le comenta a De Alba.

–Absolutamente falso. Al contrario, estamos buscando financiamiento para la CIDH y no quiero mencionar países en particular. Lo digo con la mayor tranquilidad del mundo; es falso, me parece hasta curioso.

–Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que el gobierno de México quiere imponer medidas correctivas a la CIDH por el caso Ayotzinapa –se le insiste.

–Nunca pedí medidas correctivas. Yo dije que habría que abrir un debate, porque había percepciones correctas o incorrectas de que la CIDH se estaba distanciando de los Estados y que estaba siendo parcial, o algo por el estilo. Que eso podía explicar que estuvieran recibiendo menos recursos.

“Eso, y lo puedo decir, es un sentimiento generalizado en la OEA, de que la CIDH tiene que fortalecer su relación con todos los Estados miembros, no nada más con México, porque la CIDH no es una organización no gubernamental, es un órgano creado por los propios gobiernos para apoyar procesos de transformación normativa, política, legislativa. Es un órgano que creamos para que nos ayude a cumplir mejor con nuestras obligaciones contractuales en materia de derechos humanos.”

–¿Cree usted que la CIDH está politizada?

–La CIDH lo que tiene que hacer es una revisión, y eso puede ser muy rápido. Primero, de por qué tiene el retraso procesal que tiene. Hay quejas que le han sido presentadas y que no se han resuelto, que ni siquiera se ha respondido a los peticionarios, denuncias que tienen más de 10 años. ¿Qué sistema es ése? Algo está fallando. Desde el punto de vista de derechos humanos eso es muy grave.

“Luego tiene el problema de la distribución de casos, tiene que haber un cierto equilibrio por regiones y temas. Hay que abrir un debate sin temores, porque no se trata de debilitar la Comisión, se trata de fortalecerla. Si la Comisión es cuestionada no va a conseguir más recursos.”

En la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada el mes pasado en Ottawa, Canadá, el presidente Barack Obama (Estados Unidos), Enrique Peña Nieto, y el primer ministro Justin Trudeau (Canadá) en una declaración conjunta reafirmaron su compromiso con el sistema interamericano y en especial con la CIDH.

El director de la División para las Américas de la CIDH ve con suspicacia el contenido de esa declaración.

“Señalan textualmente que entre los tres estados financian tres cuartas partes, 75% del presupuesto de la CIDH, lo cual a mí me parece que es una declaración descarada, tanto de Canadá como de México, porque en realidad 65% del presupuesto de la CIDH lo financia Estados Unidos. Y México no ha ofrecido ni un centavo este año. México alegará que en 2014 dio un millón de dólares y en 2015 otro millón a la CIDH, ¡pero fueron para el GIEI!, no me vengan con tonteras”, sentencia Vivanco.

HRW insiste en que la propuesta que hizo México en Santo Domingo para la CIDH exhibe con claridad las verdaderas intenciones del gobierno de Peña Nieto para debilitar al órgano jurídico de la OEA.

Vivanco cuenta que la propuesta de México condiciona a que sólo sean los estados que han ratificado la Convención Americana los que puedan hacer aportes económicos a la CIDH.

“Curiosamente, los países que no son parte de la Convención son Estados Unidos y Canadá, además de islas menores, países pequeños que no tienen peso. La fórmula de México es que Estados Unidos pueda hacer aportes voluntarios, pero que esos aportes tengan un tope. El tope podría ser de 40%. ¡Ojo!: 40% es menos que 65%. Entonces, ¿quién cubriría el saldo de 25%? ¿Y qué pasa con los países observadores, todos los países de la Unión Europea que aportan y que están interesados en seguir aportando voluntariamente?

“Da la impresión de que esta fórmula agravaría la crisis y dejaría a la CIDH todavía más expuesta, vulnerable y mucho más debilitada. Ésa es la propuesta de México”, concluye el director de la División de las Américas de HRW.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s