CASO MONDRAGON, IMPUNIDAD

Por Gloria Leticia Diaz/Proceso

proceso-logoLa divulgación del informe sobre la muerte del normalista Julio César Mondragón Fontes reabrió la controversia sobre el origen de la imagen del rostro descarnado del estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, difundido en redes sociales la mañana del 27 de septiembre de 2014, horas después de ser ultimado.

El lunes 11, el responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Trinidad Larrieta Carrasco, presentó el resultado de una investigación sobre la muerte de Mondragón, derivada de análisis fotográfico, así como de bibliografía especializada y entrevistas con estudiantes sobrevivientes.

Asimismo, la indagatoria destaca la participación de la comisión como observadora en la exhumación y la segunda necropsia al cuerpo de Mondragón los primeros días de noviembre de 2015, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR)

También incluye los dictámenes elaborados a solicitud del Poder Judicial de Guerrero, donde se desarrolla el proceso penal por la muerte de Mondragón y cinco personas en los ataques armados en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Si bien concuerda con los dictámenes del EAAF y la PGR sobre las causas de muerte del joven estudiante –traumatismo craneoencefálico y múltiples contusiones en tórax–, el documento de la CNDH discrepa de los peritos independientes y de la dependencia federal en el punto que causó indignación mundial: la ausencia del rostro de Mondragón.

En su estudio, Larrieta descarta que Mondragón haya sido víctima de un desollamiento intencional y atribuye a la fauna nociva –perros y roedores– el desprendimiento del rostro.

El funcionario de la CNDH exhibió las conclusiones de los peritajes del EAAF y la PGR. Si bien ambos equipos coinciden en que hubo acción de animales carroñeros, sostienen que los asesinos del normalista utilizaron objetos cortantes; el EAAF advierte “sospechas”, pero para la PGR no hay dudas de la acción humana en el desprendimiento de la piel del cráneo.

Ante la divulgación del informe de la CNDH, que entre otras cosas recomendó que la PGR formulara cargos por tortura en agravio de Mondragón, las oficinas de Comunicación Social de la dependencia federal y el EAAF difundieron sus respectivos posicionamientos.

La PGR se comprometió a estudiar las cuatro recomendaciones que le formuló la CNDH; el EAAF respaldó que sea la dependencia la que tome el caso, hablaron de “sospecha de intervención de instrumento cortante” en cuello y de las dificultades para analizar el cuerpo por el tiempo transcurrido desde su primer inhu­mación, en octubre de 2014.

Marisa Mendoza, la viuda de Mondragón, y su abogada, Sayuri Herrera, lamentan las conclusiones más controversiales del documento de la CNDH y advierten que el caso puede quedar en la impunidad si la PGR no interviene.

Proceso entrevistó a Larrieta Carrasco, al responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Beltrán, así como a Mendoza y Herrera en vísperas de que se cumplan 22 meses de los ataques de Guerreros Unidos y de fuerzas de seguridad –desplegadas al menos en los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco– contra los normalistas.

La versión de Larrieta

Acompañado del perito de la CNDH, Paul García Torres, responsable de estudio forense, Larrieta defiende con vehemencia su informe. Para él, se trata de “un caso de tortura” en el que presuntamente participaron 10 integrantes de Guerreros Unidos y un funcionario de Protección Civil de Iguala, según la revisión de las testimoniales contenidas en el expediente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En entrevista en las oficinas de Proceso, Larrieta despliega varias fotografías que muestran las condiciones en que se encontró Mondragón la mañana del 27 de septiembre de 2014; dos de ellas fueron remitidas por la Secretaría de la Defensa y no están en el expediente judicial; también hay imágenes de perros callejeros, maleza, basura y de un río de aguas negras que colinda con el Camino del Andariego, donde se encontró el cuerpo.

En defensa del papel de observador de la CNDH en la necropsia, muestra también ampliaciones fotográficas de huellas de caninos; acercamientos a órganos analizados por los especialistas de la PGR y de la EAAF, obtenidos durante la necropsia de noviembre de 2015; acercamientos a zonas del cuerpo, donde se aprecian pequeños desprendimientos de piel, que de acuerdo con el peritaje del organismo corresponden a huellas de roedores, así como lesiones severas en cuello provocadas por mordeduras de perro, que respalda con imágenes similares extraídas de bibliografía especializada.

Larrieta presume que el análisis de la CNDH fue “más amplio” que los de la PGR y el EAAF, a los que critica por dejar entrever la intervención humana en el cuello de la víctima. De las conclusiones de los forenses, apunta: “No dicen que hay desollamiento, sino que puede haber una incisión en dos a tres lesiones de menos de tres centímetros cada una, y coinciden que en el resto del rostro hay intrusión de fauna.

“El EAAF dice que no puede determinar, pero que eso le causa sospecha; eso no es científico; en tanto, los peritos de la PGR sostienen que hay evidencia del uso de un objeto filoso, pero usan un método inadecuado. La PGR no determina el desollamiento.”

Apoyado por el doctor García Torres, quien asegura que el equipo de expertos de la CNDH tiene de 30 a 40 años de experiencia forense y que sabe discernir entre un desollamiento y la acción de fauna nociva, Larrieta asegura que, “según la literatura y la experiencia en México”, a los carroñeros les habrían bastado dos horas para descarnar el rostro de Mondragón.

El funcionario de la CNDH advierte que el cuello y el rostro del estudiante fueron corroídos por perros y roedores debido a las lesiones que le provocaron sus asesinos.

“Según la literatura y la experiencia en todo el mundo, la fauna depredadora siempre se va a donde hay exposición de lesiones y líquido hemático, por eso se van directo al rostro, porque tuvo ocho fracturas en el cráneo, 13 en la cara, un hundimiento bárbaro en el macizo facial, muy posiblemente le florearon la cara, quedaron expuestos los tejidos blandos y hubo líquido hemático”, explica Larrieta, al destacar que los carroñeros no acabaron con Mondragón, quien presuntamente falleció entre las 00:45 y las 02:45 horas del 27 de septiembre.

Larrieta recuerda que desde el 23 de julio del año pasado, en su primer paquete de recomendaciones sobre el Caso Iguala, su oficina recomendó a la Fiscalía de Guerrero “reforzar la investigación”, y a la PGR hacer suyas al menos tres causas penales seguidas en esa entidad relacionadas con el caso Ayotzinapa, por la “conexidad” que hay con el expediente abierto por la desaparición de los 43 estudiantes.

Para el funcionario de la CNDH, son infundados los temores de que el caso de Mondragón quede en la impunidad, dado que el Poder Judicial de Guerrero ya ha librado 29 órdenes de aprehensión –26 de ellas ejecutadas– contra expolicías y el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, por los seis homicidios de esa noche, a los que se sumarían otros 11, seis de ellos detenidos ya y procesados por la PGR.

PGR, discrepancias

Ante los señalamientos del funcionario de la CNDH, Higuera Bernal sostiene que, a petición de la familia de Mondragón, la dependencia solicitó al Poder Judicial de Guerrero, a través de la Fiscalía General, copias del expediente.

En entrevista en su oficina, Higuera explica que, “tomando en cuenta que no podemos tomar el de Julio César Mondragón como un caso aislado”, la dependencia requiere “revisar las vías jurídicas de posible intervención de esta institución, visto que aquello está en un estado de proceso judicial y lo que tenemos radicado aquí es una indagatoria abierta; es decir, una fase previa al proceso, aun cuando tenemos algunos consignados y están siguiendo el curso procesal respectivo”.

Al apuntar que el expediente de Ayotzi­napa consta de 230 tomos, Higuera Bernal insiste en que el caso de Mondragón es “sustancial del acontecimiento en general (la desaparición de los 43 normalistas)”, de ahí que la dependencia tendría que sumar a la indagatoria “todo lo que hizo la fiscalía, lo hecho en el propio tribunal que está conduciendo el proceso en contra de los probables responsables, para hacer nuestro análisis”.

Y agrega: “Si de ese análisis surgen elementos para que integremos información y procedamos con una investigación en los rubros que ha señalado la familia o cualquier otro que sea necesario y que permita la intervención federal, lo vamos a hacer”.

Sobre los comentarios críticos de Larrieta Carrasco acerca del peritaje de PGR, Higuera Bernal es cauto. Dice que, por tratarse de un peritaje realizado por un ordenamiento judicial, no puede dar detalles, pero sostiene que hay más coincidencias que diferencias.

En cuanto a las razones del desprendimiento de piel en el rostro, “la institución habló de la existencia de ambas cosas, la utilización de un objeto de esa naturaleza (cortante) que pudo causar determinadas lesiones, como la presencia posterior de fauna”.

Ante la insistencia de la reportera sobre el posible desollamiento en rostro, agrega: “No quisiera entrar muy a detalle de lo que fue un trabajo pericial… pero por el conocimiento que más genéricamente tenemos y sin pretender ser especialistas en algo de esa naturaleza, nuestro dictamen, el de la institución, deja vertidas esas dos vertientes, de que sí pudo haber un acto deliberado en los términos que usted refería (desollamiento)”.­

Inconsistencias

Marisa Mendoza y la abogada Sayuri Herrera recuerdan que en los últimos 22 meses han pedido la intervención de la PGR en diversas reuniones con dependencias federales, incluso ante el presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mendoza y Sayuri insisten en la urgencia de que el caso sea elevado a nivel federal, dadas las inconsistencias judiciales.

Tras insistir que su esposo fue desollado y después comido por la fauna nociva, Mendoza agrega que ante las inconsistencias los policías procesados por el homicidio de su esposo promovieron un amparo contra la causa penal que los acusa de los seis homicidios ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Los policías decían claramente que no podían estar en los tres hechos de los que se les culpaba, no aceptan ser culpables de la muerte de Julio César Mondragón, menos cuando están procesados porque tenían pólvora en las manos. Eso no quería decir que ellos fueran responsables, porque él no tuvo impacto de bala”, advierte Marisa.

Mendoza, quien respalda el trabajo del EAAF, que encomendó el caso a Steve Symes, uno de los antropólogos forenses más reconocidos en el mundo, señala que el resultado de la necropsia es un elemento que debería favorecer la atracción del caso por parte de la PGR, “que nunca nos ha escuchado, para que este asunto no se siga fragmentando”.

Herrera explica que en el expediente sobre la muerte del estudiante “no hay declaración de alguno de estos policías en la que se autoincriminen por el homicidio de Julio César. No hay forma de demostrar que estuvieron en los tres escenarios de las muertes. Hay muchas contradicciones y las autoridades de Guerrero ya no siguieron investigando, ese caso se va a caer”.

La abogada advierte que, entre las próximas acciones, solicitará a la juez de Iguala conclusiones no acusatorias como parte de ser defensa de la víctima, para que no haya chivos expiatorios”.

A nivel federal, formalizará la solicitud a la PGR para que “abra una línea de investigación por tortura, en la misma averiguación, la 01/2015, que se sigue por la desaparición de los 43 normalistas, en la Oficina Especial a cargo del licenciado Higuera y del subprocurador Eber Betanzos.

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