LA NOCHE NO DEJA DE LLORAR TINTA CHINA

Por Everardo Monroy Caracas

A Oirasor Zenitram

imagesTus besos huelen a menta y desnudan mis miedos. Sigo arrodillado ante el templo del amor y la vida donde los ateos se redimen. No hay retorno, porque las alondras intentan anidarse bajo tu lengua y los colibrís, brillantes y fugaces, revolotean ante tus labios de vinagre y miel. Los amaneceres sin ti, impiden que la aurora tenga colores cálidos y que el granizo, en forma de corazones, repique en los ventanales de mis deseos. No puedo creer que duermas envuelta en hojas de laurel y regaliz y el estallido del viento remueva tus cabellos de filigrana volcánica, humedecidos por la salinidad del mar Muerto y las lluvias de julio.
Mírame entonces, tócame, huéleme, dame un poco de ti antes de abrir los ojos y darme cuenta que sigo en guerra con la soledad de los condenados a muerte. No hay retorno, porque el tiempo nos dio la oportunidad de reencontrarnos en el tálamo de volutas de humo ígneo, quemante y virginal del Popocatépetl y el Manda Loa. Sigo ahí, resguardado por tu respiración de ninfa disoluta, navegando sobre las aguas inquietas de tu sangre impura de rubí e incienso, hasta agotarme. No quiero fenecer sin limpiar cada espiga que brota en el sendero de nuestro dormitorio y poblar de mandrágoras y rosales el alfeizar donde hemos instalado una orquesta de petirrojos alcoholizados y ciegos. Es tanto lo que debo decirte antes de ensuciar tus pechos de mulata infiel, nodriza generosa y carcaj de mis dardos de filisteo enardecido. La caza es incansable y pongo ante tu vientre de fuego fatuo la cobra salvadora de Cleopatra y el fenobarbital liberador de la Monroe. Has de tu sueño de trotamundos una aduana de amor y del deseo carnal, la prisión de los ahorcados. Hay tanto que decirnos en silencio con la piel sobre tu piel y mis manos de enfermo terminal acariciando tu espalda de esclava mora y ahogando mi respiración en tu nuca sudorosa y fértil. Es imposible huir, abandonar el campo de batalla. La derrota aguarda bajo el crepúsculo doloroso de un general desterrado. No hay retorno con gloria en el Waterloo de la demencia y lo sabes. Estamos atrapados en el fragor de unos cuerpos con pólvora y brea virgen. El calor del infierno nos consume. Debemos caminar descalzos sobre las brasas del Agia Eleni para purificarnos y redimirnos sin limpiar nuestra lujuria. Ni una santa griega debe apiadarse de nosotros, menos los arrepentidos de pecar en las camas ajenas, ya es muy tarde.
No dejo de observarte ahí desfallecida y ajena, diosa concubina, aderezada por los desiertos y praderas inhóspitas. Me deslizo en tus muslos de biso y seda, inhalando tus fragancias florales, hasta enloquecer y atacar sin rendición o destierro. Deja de pedir tregua, no intentes zafarte del combate… No hay clemencia, ni derrota, mientras cubres mis hombros con las piernas y te adhieres a mis costados en un aletear incierto, de abeja reina polinizadora… El tiempo pierde su dimensión y el cuarto se achica hasta que los petirrojos, en su piar nocturno, intentan arrullarnos para acallar nuestras maldiciones y resoplos lascivos y sucios. La noche no deja de llorar tinta china… La muerte acaba de besarme y descubrí tu nombre y la despedida en el espejo.

LA CIUDAD DE LOS EXPULSADOS DEL PARAISO

Por Everardo Monroy Caracas

5925-3La ciudad es una plasta de concreto y pavimento y la gente es de andar rápido para no morir. Cada individuo se conecta a dos puntos geográficos concretos y en esa rutina diaria logra allegarse de lo necesario. Sus casas y departamentos tienen habitaciones horadadas con cristales polarizados y espejos y jamás faltan los retretes, los muebles de fórmica y los retratos de miradas lánguidas y rostros adustos. Han aprendido a disfrazarse y maquillarse y esconder sus pintorescas vestimentas y máscaras en los roperos horadados en las paredes. Llevan una doble vida disoluta y un pasado con apellidos memorables para los vecinos. Les avergüenza la grasa humana y las arrugas faciales.
La ciudad tiene cerros y agua turbia por el exceso de desechos industriales y nieve derretida. Su necesidad de respirar en las calles les dio arrojo para perforar los acantilados y allegarse de las culturas y tornasoles del mundo exterior. Su trotar diario les exige sueño y televisión y sin ambas dejarían irremediablemente de existir. Es conmovedora la actitud que asumen al congelar sus alimentos: en cajones metálicos fabrican hielo y en su interior reposan trozos de cerdo y vaca y pequeños contenedores de plástico con ensaladas, jugos frutales y una sopa de espárragos con desperdicios de pollo sacrificado a la usanza kosher. Un vaho blanquecino resbala por el metal y lame sus descalzos pies de ermitaño. El pasado de hambre y penurias sigue latente.
La ciudad tiene hombres y mujeres, asimétricos y cabizbajos, a quienes les otorga amor y cobijo. Es la perfecta madre parturienta y religiosa. Como en Babel, donde la lujuria cabe en la palma de una mano, abre sus fauces de acero inoxidable y se allega, en la mayoría de sus costados vidriados, de escalones eléctricos para alcanzar el cielo. En sus entrañas se ha hecho construir grandes coliseos con vitrinas y luces de fosfato donde el barullo y el tintinar del dinero convierten a sus moradores en mercaderes avaros y desmemoriados. El sol es el padre de la electricidad y la luna, el sortilegio de los obesos arrepentidos que recorren en sillas de ruedas los gimnasios y supermercados de suplementos alimenticios, alentados a medianoche en la televisión. Es tanta su felicidad que consumen antidepresivos y Viagra antes de desayunar o dormir. La alegría tiene su precio.
La ciudad carece de dientes porque todo lo entuba y engulle sin masticar. Tiene vigilada a su gente y ha creado su propio ejército de místicos y militares que la protegen y alimentan. No la dejan morir y, por el contrario, la amamantan con sangre y huesos humanos. Los enfermos y miserables no necesitan ser refrigerados antes de ser engüidos. Simplemente son metidos en sarcófagos de madera enlacada y enterrados en los sumideros bendecidos por cardenales y notarios. El holocausto también debe ser practicado por exigencia de Dios. Ni los asesinos a sueldo lograr redimirse ante el poder de sus fusiles. El paraíso les exige desnudar su instinto y alimentarlo de carroña.
La ciudad ama el verdor de sus yerbas y la soledad de sus jilgueros. Sin embargo, cada cuervo que arriba, tiene derecho a depositar su miedo a la entrada y no dejarse ver durante los atardeceres. La noche es de los vagabundos y las ratas y el día de los productores de sudor y miedo. Han sido condenados a permanecer frente al mostrador pagano o en un escritorio con ordenador y sellos oficiales. Deben sonreír durante ocho horas por un salario despreciable. Únicamente los obreros industriales tienen prohibido mirar al igual, tan sucio como sus pensamientos, y jamás separarse del casco y los guantes color mierda. Cada palabra pronunciada sin autorización por el capataz carcome la paga semanal. Vagan entre etiquetas y reses destazadas que cuelgan en ganchos y no cesan de sangrar.
La ciudad alienta a sus hijos a no marginar su libido, muy necesario para la recreación, y en los prostíbulos e iglesias pueden encontrar sexo gratificante y el perdón de la divinidad. La saliva y el semen abonan la semilla de la vida y convierten a los mortales en personajes redimidos. Cada cuerpo es atrayente y sudoroso, una mercancía expuesta a la inconsciencia momentánea. Solo los santos oleos de una virgen inmaculada impiden que el pecador del lecho contrario transgreda el orden de la concupiscencia y haga del orgasmo repetitivo una divisa de libertad y cambio. Es importante aclarar que toda reacción tiene un efecto: el límite autorizado por los fabricantes de condones y la anuencia suicida de los espermatozoides vírgenes. Nadie puede girar la cabeza hacia la izquierda, porque corre el riesgo de perderla.
En una ciudad de enanos y deformes, el cine es la salvación. Gracias a las cámaras de video que pululan en todas las calles y semáforos, la belleza de la humanidad es un asunto público. Los espejos terminaron mintiendo y ahora es el cine quien refleja con verdad incuestionable la belleza y la esbeltez de los personajes que alquilan una butaca y lentes tridimensionales. No hay fealdad más horripilante que la de un purista alejado de las salas cinematográficas y del televisor. Cada actriz cincelada por la estética griega es la mujer que el hombre común, el de la calle, tiene en su cama y le cocina. El actor, de la misma arcilla virtual, también hace su parte y permite fabricar cuneros, sonajas y mamilas en los refugios temporales de salario mínimo. La felicidad es única, pero incompleta.
La ciudad mide el tiempo con el calzado de sus moradores. Cada pisada la oxigena y el taconeo produce una música tan amada y promovida por el inversionista privado. Sin ese sonido repetitivo y terrenal también los bancos perderían clientela. Nadie debe detenerse. (Odian a los camellos por tener el privilegio de conocer el cielo y lamer la sal ofrecida por algún arcángel). Los asilos de ancianos amenazan la supervivencia del capital y el cierre obligado de la industria de juguetes y ropa de lencería. Ni los darwinianos se oponen a la procreación selectiva, porque nadie armaría en línea sus rasuradoras eléctricas. No hay mayor peste que la vejez asexuada y el asesinato por vicios. La ciudad alienta el movimiento y en breve, de seguir así su masa mediatizada, tendrá que convertir en generadores de aliento a los rufianes y demagogos. El trabajo y la casa, los puntos referenciales del individuo común, han transformado la ciudad en el paraíso de los solitarios timoratos. Ni las serpientes parlantes o los profetas del Armagedón podrán alejarse de la electricidad, el papel sanitario y el grifo de agua. La salvación de la ciudad está garantizada.

MICHOACAN: LLEGARON LOS PARAMILITARES BAJO EL SIGNO TRICOLOR (Reportaje completo)

Por Jose Gil Olmos/Proceso

PROCESO-1959-191x250Tras 15 meses de multiplicarse y avanzar en territorios que dominaban Los Caballeros Templarios, el sábado 10 las autodefensas michoacanas desaparecieron oficialmente y por orden del Gobierno Federal se transformaron en fuerzas rurales a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Así se cumplió la sentencia que el líder de uno de esos grupos y ex vocero de todos ellos, el doctor José Manuel Mireles, lanzó días antes de su destitución: que el movimiento ciudadano que ganó más simpatías en el país en los últimos años al combatir al crimen organizado, sería suprimido por considerarlo una amenaza para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

No obstante, para el nuevo vocero de las fuerzas rurales, Estanislao Beltrán, “Papá Pitufo”, este cambio benefició al movimiento en su afán de limpiar a Michoacán del crimen organizado, porque lo depurará de la gente que buscaba su propio beneficio y le permitirá actuar libremente y con las armas en la mano para recobrar la paz en la entidad.

Beltrán confía que con la transformación de los grupos de autodefensa en defensas rurales se avance en la pacificación del estado, se evite el surgimiento de organizaciones paramilitares como las colombianas y se acabe con el crimen organizado, que fue el objetivo inicial del movimiento.

Pero apenas desaparecieron las autodefensas y salieron a la calle con uniforme de defensas rurales, la violencia asomó una vez más. El domingo 11 fueron encontrados los restos de cinco hombres asesinados en la colonia Santa Bárbara de Uruapan; entre ellos estaba Magdaleno Zarco Bruno, hermano de un integrante de las autodefensas de Uruapan.

El martes 13, en el camino viejo a Zumpimito, de la misma ciudad, Verónica Alejandra Romero Valencia, esposa del servidor público del área de urbanismo municipal Armando Gómez Mier, fue asesinada de dos disparos cuando hacía ejercicio.

Y el día siguiente, en una conferencia de prensa que ofrecieron en la Ciudad de México, comuneros indígenas de San Miguel de Aquila denunciaron que la violencia, los secuestros y la venta de protección continúan, pero ahora los llevan a cabo nuevos grupos criminales que desde octubre de 2013 se hacen pasar por autodefensas y son avalados por el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, Octavio Villanueva Magaña, señaló que las acciones gubernamentales no han disminuido la inseguridad en la región, donde las supuestas autodefensas exigen cuotas mensuales de 700 mil pesos por darles seguridad.

No obstante el Gobierno Federal sigue exaltando sus avances en la pacificación del estado. Según la Comisión Nacional de Seguridad, desde el pasado 14 de enero —cuando entró en vigor el acuerdo para el apoyo federal de la seguridad en la entidad— hasta el 27 de febrero se detuvo a 675 presuntos delincuentes, se liberó a 10 víctimas de secuestro y se decomisaron 418 kilos de mariguana y 61 de droga sintética, así como 255 armas ligeras, 30 granadas y un lanzacohetes.

Al respecto el dirigente nacional de la Coordinación Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, Francisco Jiménez Pablo, advierte que el plan de seguridad impulsado por el gobierno de Peña Nieto en Michoacán, con la creación de guardias rurales, “pervierte el proyecto comunitario, porque las corporaciones policiacas y militares están corrompidas, en tanto que las autodefensas están partidas: hay unos que apoyan a Mireles y otros a Papá Pitufo. Lo que vemos es que con ese planteamiento se está dando paso, a mediano plazo, al paramilitarismo y a comunidades luchando contra comunidades”.

LAS FRACTURAS

En su primer año los grupos de autodefensa ciudadana se mantuvieron unidos y liberaron de Los Caballeros Templarios a 24 municipios, lo cual no consiguieron los gobiernos de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto, al mando de las fuerzas armadas y con sus políticas sociales.

En esos 12 meses, encabezadas por Mireles, las autodefensas tuvieron índices de popularidad y de aceptación ciudadana muy altos. La empresa encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica realizó tres mediciones entre enero y mayo pasados, en los que más de la mitad de los consultados, en Michoacán y en el resto del país, manifestaron una muy buena y buena opinión sobre ese movimiento.

Todavía en la encuesta telefónica del pasado martes 13 se le preguntó a la ciudadanía si creía que el objetivo de las autodefensas michoacanas era restablecer la seguridad pública y combatir al crimen organizado. Más de la mitad contestó que sí.

Sobre la posibilidad de que la violencia en el estado disminuyera con la “regularización” de las autodefensas como defensas rurales, 48% de los consultados en Michoacán dijo que sí bajaría, 28% que aumentaría y 9.8% que seguiría igual. En el resto del país las tendencias fueron casi las mismas, excepto que 36% creían que el cambio aumentaría la violencia en la entidad.

A principios de 2014 el panorama empezó a cambiar para las autodefensas. El 4 de enero Mireles sufrió un accidente aéreo que lo tuvo retirado un mes y medio. El 17 de ese mes, desde Washington, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, admitió su preocupación por el surgimiento de las autodefensas en Michoacán.

En un encuentro preparativo a la reunión entre los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos en Toluca, Kerry dijo que Washington “no teme pero sí está preocupado” por la situación en Michoacán y está “preparado para tratar de ser útil en lo posible”.

Desde entonces Peña Nieto abandonó la estrategia de contención que había establecido en 2013 y dispuso que una fuerza conjunta de 10 mil soldados y policías persiguiera y detuviera a los cabecillas de Los Caballeros Templarios, nombró a Alfredo Castillo comisionado federal para Michoacán y dio los primeros pasos para transformar a las autodefensas. A Mireles lo hizo a un lado aprovechando su convalecencia.

La noche del 13 de enero Joaquín López Dóriga difundió en su noticiario de Televisa un video en el cual, aún con huellas del accidente en el rostro, Mireles decía: “Aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Recuerden que sólo somos civiles, somos gente de trabajo y de bien que asumimos una responsabilidad que no nos correspondía porque por más de 12 años no hubo quién nos las resolviera”.

Horas después, ya en la madrugada, en un nuevo video que grabó en la casa de su amiga Talía Vázquez, ex diputada perredista por Michoacán, Mireles aclaró que había sido engañado para hacer esa declaración y que no estaba de acuerdo con el desarme de las autodefensas hasta que se limpiara Michoacán del crimen organizado. Sus diferencias con el gobierno de Peña Nieto se acentuaron.

El 27 de enero Castillo se puso de acuerdo con algunos representantes del Consejo General de Autodefensas, depusieron a Mireles como vocero, instalaron en su lugar a Estanislao Beltrán y pactaron el inicio del desarme. Días después, el 4 de febrero, en una entrevista con el diario español El País, Mireles rechazó el convenio: “Ninguno de nosotros vamos a ir a registrar las armas de las autodefensas. Están burlándose unos de otros. No hay algo realmente formal, todo es teatro”, dijo. Y lo reiteró en el noticiario de Carmen Aristegui en MVS Noticias.

“A partir de esas declaraciones el Cisen y la PGR me quitaron todo el apoyo, los escoltas y la camioneta blindada. Me abandonaron a mi suerte, pensé que me iban a matar”, recordó Mireles, consultado al respecto por Proceso.

PRINCIPIO Y FIN

Antes de iniciar el movimiento, el 24 de febrero del 2013, Beltrán no tenía la barba que hoy lo identifica. “Como no tenía tiempo por andar de aquí para allá me la dejé crecer”, explicó a este reportero en febrero pasado, cuando los grupos de autodefensas devolvían a sus dueños huertas de aguacate en Tancítaro. El mote de “Papá Pitufo” se lo pusieron sus compañeros, y le agradó tanto que mandó ponerlo en la funda de su pistola.

Originario de la comunidad de Punta del Agua, municipio de Buenavista Tomatlán, cuando era un joven normalista solía leer a Carlos Marx, Federico Engels, José Stalin y al Che Guevara. Es ganadero y limonero, fue extorsionado por Los Caballeros Templarios. Conocía de años a Mireles. Cuando el doctor recuperó el conocimiento tras cuatro días de inconsciencia en un hospital de la Ciudad de México, pidió a los agentes federales que lo resguardaban que llevaran a Beltrán, porque era el único en quien confiaba. “No tengo familia”, les dijo Mireles.

“Papá Pitufo” se convirtió en un personaje clave para la estrategia del Gobierno Federal en la “regularización” de las autodefensas. Las dos veces que Mireles ha sido destituido como vocero y miembro del Consejo de Autodefensas, Beltrán lo reemplazó con el apoyo y la anuencia del Gobierno Federal.

De hecho, Castillo negoció con Beltrán y otros representantes del Consejo General de Autodefensas —entre ellos Alberto Gutiérrez, el Comandante Cinco—, la salida de Mireles de este órgano, que es la máxima autoridad del movimiento, al acusarlo de la muerte de cinco jóvenes en una barricada de Caleta de Campos, Lázaro Cárdenas, el pasado 27 de abril.

Las diferencias entre Mireles y Beltrán se ahondaron el pasado jueves 1 en una reunión de los jefes de las autodefensas con Castillo en las instalaciones de la 43 Zona Militar, en Apatzingán. “Papá Pitufo” llevó hasta allá a un grupo de familiares de los cinco jóvenes muertos para que le achacaran la responsabilidad de los asesinatos a Mireles.

Al terminar el encuentro, en el cual participaron otros líderes, Mireles se veía molesto y no quiso hablar a la prensa, pero flanqueó a Beltrán cuando éste desconoció a la autodefensa de Caleta de Campos y advirtió que se investigaría al responsable de la muerte de los jóvenes para castigarlo, “sea quien sea”.

La ruptura entre Mireles y Beltrán fue evidente el miércoles 7 cuando una fracción del Consejo de Autodefensas emitió un comunicado para destituir al primero como líder y vocero oficial del movimiento armado.

Sobre este cambio, el llamado Comandante Cinco dijo que “desafortunadamente el doctor comenzó a hacer declaraciones que no van con la realidad. Anda en (la Ciudad de) México sin permiso del consejo, que lo integran 34 coordinadores, y habla mal del movimiento”. Añadió que tiene “deficiencia mental”.

El martes 6 Mireles difundió un video en el que pedía diálogo directo con el presidente Peña Nieto y señalaba que temía por su vida. “Mi destitución es en represalia por pedir ese diálogo”, confió al reportero ese día.

Beltrán, entrevistado por teléfono el jueves 15, dice que todo tiene un principio y un fin. Se refiere a la conversión de las autodefensas en fuerzas rurales y al periodo en que Mireles dirigió el movimiento.

TEPJF: LA NEGRA HISTORIA DE UN “ALBAZO LEGISLATIVO”(Reportaje completo)

Por Jenaro Villamil/Proceso

PROCESO-1959-191x250Un “albazo legislativo” en el Senado, operado por el consejero político de Los Pinos, Humberto Castillejos, y ordenado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, permitirá a los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obtener millonarias pensiones vitalicias a cambio de “un pago de favores” del PRI y el Gobierno Federal, afirman negociadores del PRD y del PAN.

La incorporación a última hora de un agregado al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el dictamen de la reforma político-electoral ensombreció 80 días de negociaciones entre los tres principales partidos para aprobar una reforma que configura los alcances de la nueva autoridad. El Instituto Nacional Electoral, prohíbe e incorpora como causal de nulidad la compra ilegal de tiempo-aire en radio y televisión e introduce nuevos mecanismos de fiscalización.

Los magistrados del TEPJF constituyen la última instancia de decisión en todos los conflictos electorales e intrapartidistas, y todavía tienen pendientes dos casos clave en la elección presidencial de 2012: el Monexgate y el presunto rebase de topes de gastos de campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Entrevistados por Proceso, el negociador del PRD, Alejandro Encinas, y el del PAN, Javier Corral, advierten que el “haber de retiro” para los siete magistrados del TEPJF fue rechazado dos veces en las negociaciones con el Gobierno Federal: primero, al discutir la reforma constitucional en materia política en 2013, y después, al darse cuenta de que se incorporó en los dictámenes que se debatieron en el pleno del Senado el pasado miércoles 14.

Antes de iniciar la discusión y votación en lo general del paquete de tres leyes secundarias sobre la reforma político-electoral, Encinas y otros integrantes del PRD se percataron de que se incluyó una adición al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece como atribución de la Comisión de Administración del TEPJF, conformada por tres consejeros de la judicatura federal y dos magistrados de la Sala Superior, la siguiente facultad: “XXXI. Determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior”.

El lunes 12 —según Encinas— se repartió vía electrónica el primer borrador de los dictámenes. Ahí apareció la fracción alusiva al “haber de retiro”. El martes 13 la bancada del PRD envió un documento de observaciones para retirar esta fracción incorporada “de manera subrepticia”, y la propuesta “fue aceptada por la mesa de negociaciones”. Sin embargo, el miércoles 14 apareció en la Gaceta del Senado “en forma contraria a los acuerdos firmados ya en dos ocasiones”.

Durante la discusión en el pleno, la noche del miércoles 14, el senador Luis Sánchez, vicecoordinador de la fracción perredista, planteó una reserva para pedir que el pleno eliminara el “haber de retiro”.

El presidente de la Mesa Directiva, el priísta Raúl Cervantes Andrade, sólo mencionó que el documento se recibió y se fue al Diario de los debates de acuerdo a la versión estenográfica de la sesión. Ahora, la bancada del PRI admite que se votó y fue desechada esta reserva por la mayoría de los senadores.

EL ‘REGALO’ DE NUÑO

La historia de este “regalo” a los magistrados electorales —cuyo costo sería de 730 millones de pesos justamente para los servidores públicos mejor pagados en el servicio electoral— se remonta a la reforma constitucional de finales del año pasado.

El senador panista Javier Corral afirma que desde entonces “ya se había parado esta pretensión”. Recordó que Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quiso meter, a través de dos transitorios a la Constitución, dos beneficios para los siete magistrados: ampliar su período cinco años y homologar el sistema de pensiones a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que significaría un “haber de retiro” o una pensión vitalicia.

“Eso se paró en la reforma constitucional. Era un compromiso de Nuño con los magistrados porque hay dos asuntos pendientes en el tribunal que tienen que ver con la elección de Peña Nieto: el caso Monexgate y el rebase de topes de gastos de campaña”.

A su vez Encinas, negociador del PRD, relata que hubo un “acuerdo explícito” con los representantes del Gobierno Federal (Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, y Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación) para que no se incorporara este tema a la dictaminación de las reformas secundarias a la ley electoral, cuyas negociaciones se iniciaron en marzo de 2014.

“No aceptamos el concepto de ‘haber de retiro’ porque ya existen varias ‘economías’ y fideicomisos generados en los tribunales y en las cortes mexicanas que son millonarias”, afirma Encinas.

El perredista señala que los dos magistrados que recibirían los mayores montos por el “haber de retiro” son la ex presidenta del tribunal, María del Carmen Alanís (185.6 millones de pesos), y Salvador Olimpo Nava (196.8 millones de pesos), ambos autores de resoluciones favorables a los intereses del PRI.

Alanís votó a favor de Jesús Ortega en el litigio que entabló precisamente con Encinas por la dirección nacional del PRD en 2008 y fue señalada por el encuentro que tuvo en su casa con representantes del gobierno de Peña Nieto en vísperas de resolver el uso ilegal de recursos públicos del Estado de México para promover al entonces gobernador mexiquense en spots.

Nava Gomar, añade Encinas, fue fundamental en el voto para habilitar a Jorge Hank Rohn como candidato del PRI a la gubernatura de Baja California.

Por su parte, Javier Corral resume la operación del “madruguete” legislativo: “El responsable material fue Humberto Castillejos, el autor intelectual fue Aurelio Nuño, pero el responsable directo es Enrique Peña Nieto”.

—¿Por qué la responsabilidad de Castillejos?, se le cuestiona.

—Porque Castillejos fue el único que tuvo el control del dictamen de la reforma político-electoral desde el principio.

“Esta decisión tiene toda la significación de un pago de facturas, pasadas o próximas, con los magistrados. Es un mensaje muy grave porque están pendientes de resolver dos asuntos que afectan la legitimidad y la legalidad de la elección de Peña Nieto: el caso Monexgate y el rebase de topes de gastos. Es un golpe brutal a la credibilidad del tribunal electoral”.

El escándalo ha provocado una serie de reacciones y contradicciones entre los propios legisladores. El panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, y Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el Pacto por México, atribuyeron este asunto a los acuerdos del extinto pacto.

Los vicecoordinadores del PRD, Dolores Padierna y Luis Sánchez, condenaron este intento de “soborno anticipado” a los magistrados. “Es indignante que además de ser los servidores públicos mejor pagados ahora se les premie con un ‘haber de retiro’”, declaró Padierna, mientras Sánchez indicó que “nadie, ni en el Poder Judicial ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, puede determinar una pensión vitalicia”.

‘NO HUBO MALA FE’: PRI

Ante el escándalo que estalló en la sesión del jueves 15 en la Cámara de Diputados, revisora del dictamen aprobado un día antes en la de Senadores, la bancada del PRI en esta última negó que se trate de una “pensión vitalicia” o que hubiera actuado “de mala fe”, pero admitió que la atribución de la Comisión de Administración del TEPJF para definir un “haber de retiro” se incorporó y se votó.

El senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Reforma del Estado y negociador del PRI, afirmó que este “haber de retiro” es necesario “para garantizar la independencia y autonomía judicial” de los magistrados.

En un comunicado de prensa enviado la noche del jueves 15, Chico Herrera afirmó que el texto de la minuta aprobada en el Senado “estuvo en los correos electrónicos distribuidos por el suscrito, en mi calidad de presidente de la Comisión de Reforma del Estado, al grupo de trabajo integrado por las diferentes fuerzas políticas; e incluso sufrió modificaciones ese artículo en las mesas de trabajo previas a la dictaminación. La citada fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fue parte del proyecto de dictamen y del propio dictamen aprobado en lo general por las comisiones dictaminadoras”.

Afirmó que “incluso, en el pleno se desechó una reserva relativa a esta fracción en específico”, en clara referencia a la reserva presentada por el senador perredista Luis Sánchez, que no fue discutida en la tribuna.

Por eso “es falso que se haya otorgado una pensión vitalicia a los integrantes de la Sala Superior del TEPJF”, insistió Chico Herrera.

Ante la creciente reacción adversa, el coordinador priísta en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, emitió un comunicado el viernes 16 en el cual afirma que el PRI “está dispuesto a atender y procesar cualquier iniciativa que sobre este tema se presente a fin de despejar cualquier tipo de duda y que la transparencia con la que construimos esta ley, entre todas las fuerzas políticas, siga imperando”.

“Nadie entre quienes aprobamos este ordenamiento actuamos de mala fe”, aclaró Gamboa Patrón en el boletín.

Cuestionados al respecto, tanto Alejandro Encinas como Javier Corral reconocen que hay posibilidades de cambiar y modificar este ordenamiento antes de las elecciones federales de 2015.

La polémica generada por las pensiones a los magistrados electorales ha ensombrecido la discusión sobre el alcance de las reformas, en especial las nuevas facultades del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo que sustituye al IFE como autoridad y tiene atribuciones para delegar y atraer los comicios en los estados.

Durante las semanas previas al período extraordinario de sesiones que se convocó para aprobar el paquete de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, los negociadores del PRI y del PRD le atribuyeron al proceso electoral interno del PAN el retraso en las negociaciones y las diferencias en los alcances de las atribuciones del INE.

“La contienda interna del PAN no tuvo ninguna influencia en las negociaciones. Los que se pararon de la mesa fueron el gobierno y el PRI, el 26 de abril, porque no estuvieron de acuerdo con el método de negociaciones y con algunos de los planteamientos sobre el INE”, afirma Juan Carlos Romero Hicks, negociador de Acción Nacional.

Consultado por Proceso, Romero Hicks indica que su partido puso en la mesa 12 grandes temas y 50 observaciones. “Casi todo se cumplió”, pero quedaron pendientes temas como las candidaturas independientes, la subrepresentación y la sobrerrepresentación, así como “algunos detalles del modelo de comunicación política”.

WASHINGTON: FELIPE CALDERON, POSIBLE GENOCIDA (Reportaje completo)

Por Anabel Hernandez/Proceso

PROCESO-1959-191x250En diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón inició su “guerra contra el narcotráfico” con el envío a Michoacán —su tierra natal— de 4 mil 200 soldados, mil 54 marinos, mil 400 policías federales, 50 agentes del Ministerio Público y decenas de vehículos y aeronaves.

La administración del panista concluyó hace 18 meses y el país sigue incendiado por la violencia desatada con su guerra. Especialmente en Michoacán, donde la paz, la seguridad y el combate al crimen organizado siguen siendo una deuda del Gobierno hacia la población.

Y en Estados Unidos han surgido dudas sobre los verdaderos resultados de la guerra de Calderón —que le costó la vida a más de 80 mil personas— y la eficacia en el uso de mil 100 millones de dólares gastados el sexenio pasado, de los mil 900 aprobados para la Iniciativa Mérida.

A principios de este año Washington, por medio de la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) de su embajada de México y según los acuerdos de la Iniciativa Mérida, logró que el gobierno de Enrique Peña Nieto iniciara una revisión de resultados de la “guerra” del sexenio pasado y de la autenticidad de esos mismos resultados.

La NAS es el área de la embajada encargada de coordinar todos los proyectos comprendidos en el presupuesto de la Iniciativa Mérida. “Proporciona (…) equipo, asistencia técnica y creación de capacidades al personal de procuración de justicia y judicial mexicano”, según información oficial.

De acuerdo con información confirmada por Proceso con fuentes del Gobierno mexicano relacionadas con la investigación, la revisión es exhaustiva y se lleva a cabo en coordinación con la Procuraduría General de la República.

La Iniciativa Mérida fue acordada en marzo de 2007 por Felipe Calderón con el entonces presidente estadounidense George Bush para apoyar económicamente al Gobierno de México en la supuesta cruzada contra los cárteles de la droga.

Según información oficial del Gobierno estadounidense, de los mil 120 millones de dólares destinados a la Iniciativa Mérida en el gobierno calderonista, 400 millones fueron entregados a México en 2008, 300 en 2009 y 420 más mediante la Ley de Aportaciones Suplementarias firmada por Barack Obama en 2009.

Hoy la utilidad de esos recursos está sujeta a revisión.

INVESTIGACIÓN

Antes de la visita oficial de Obama a México el pasado 19 de febrero, funcionarios estadounidenses hablaron con representantes del Gobierno mexicano de las nuevas condiciones de la cooperación bilateral para el combate al narcotráfico y solicitaron información clara sobre los avances en la materia, específicamente en el sexenio anterior.

Las dudas sobre la estrategia de Calderón comenzaron, señalan, cuando la NAS recibió del Gobierno reportes imprecisos y que no correspondían con el impacto que se esperaba tuviera la Iniciativa Mérida. “El impacto no fue proporcional al dinero gastado (…) fue poco claro”, señala una de las fuentes consultadas.

La NAS ahora solicita que se revisen datos sobre las toneladas de droga incautada y las pruebas de que fue destruida; armas aseguradas, registro de dónde se encuentran y bajo custodia de cuál autoridad, y todas las cifras de personas vinculadas con el narcotráfico capturadas, si siguen detenidas y si ya fueron sentenciadas.

Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos —del cual depende la NAS— no sólo espera cifras, sino pruebas de que éstas son reales, señalan las fuentes. También se está revisando el uso del equipo tecnológico, de combate y de inspección entregado por Washington.

Otras áreas también sujetas a revisión son las unidades de inteligencia de las distintas dependencias del Gobierno Federal. Se verifica el método con el que elaboraron los informes sobre la composición y operación de los cárteles, para medir su confiabilidad y tener precisión en los blancos.

Hasta ahora los avances de la investigación arrojan que el gobierno de Calderón trabajó mal para evaluar los resultados de la “guerra contra el narcotráfico”. La información de las distintas dependencias involucradas en el combate a las drogas, agencias de inteligencia y bases de datos del gobierno es “caótica”, carece de “método”, llega a ser contradictoria y todo eso pudo propiciar la manipulación de cifras y resultados.

Una vez que se tenga un resultado de la investigación y un diagnóstico, se señala, el Gobierno estadounidense pretende ayudar al de Peña Nieto a aplicar un método para obtener información correcta y confiable y procesos de análisis adecuados para definir políticas públicas más acertadas.

Los resultados de la revisión a la “guerra” de Calderón van a ser plasmados en un reporte al Congreso de Estados Unidos que desde el año pasado exige pruebas de la efectividad de la Iniciativa Mérida. “De ahí se evaluará qué sigue”, dice la fuente consultada.

‘UNA VERGÜENZA’

Para 2013 el Congreso de Estados Unidos le autorizó 229 millones de dólares a la Iniciativa Mérida. En abril de ese año se liberaron 134 millones, pero el Congreso esperaba más información sobre el uso del dinero.

En agosto del año pasado el senador Patrick Leahy, presidente del subcomité de Asignaciones de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, bloqueó la liberación de 95 millones de dólares de los fondos con el argumento de que no hay una estrategia clara del Departamento de Estado ni del Gobierno mexicano.

“Parece como lanzar dinero sin rendición de cuentas”, habría dicho Leahy según distintos medios.

Michael Collins, director de la organización federal Alianza sobre Política de Drogas, explica en entrevista con Proceso la visión que tiene Washington sobre la “guerra del narco” de Calderón.

Respecto a la Iniciativa Mérida y la guerra de Calderón, señala: “El Congreso quería ver una reducción en el flujo de drogas a Estados Unidos y esto no ocurrió. También, tal vez hubiera sido un éxito si hubiera una clara reducción de la violencia, pero lo que ocurrió fue un gran aumento. De esa manera, a pesar de que para muchos congresistas Calderón es su gran amigo porque abrió la puerta a tanta cooperación entre los países, su sexenio y, por lo tanto, el Plan Mérida eran un fracaso y una vergüenza para el Congreso”, afirma Collins.

Los principales cuestionamientos a los resultados de la Iniciativa Mérida durante el sexenio de Calderón, dijo, son “demasiada violencia, el flujo de drogas no fue afectado por el Plan Mérida o por la guerra de Calderón, las violaciones de derechos por parte de militares, la corrupción del gobierno… La lista de problemas es larga”.

Collins señala que hasta ahora el Congreso de Estados Unidos no tiene información confiable sobre los resultados de la Iniciativa Mérida. “A muchos no les interesa la política exterior. Quienes están interesados reciben la mayoría de la información del Departamento de Estado, que obviamente va a pintar una imagen positiva. Aunque dar una imagen positiva sobre lo que ha pasado con el Plan Mérida llegó a ser un reto enorme con tantas noticias negativas sobre la fracasada guerra contra las drogas.

“Hay ciertos buenos miembros que cuestionan la pérdida de dinero y están preocupados por el nivel de violencia y violaciones de los derechos humanos. Ese pequeño grupo sabe que el modelo de una guerra contra las drogas no va a ser un éxito nunca”, sentenció.

Sobre la visión que se tiene de la actuación de Peña Nieto respecto al combate a los cárteles y la droga, el especialista señala que “había una falta de confianza del Congreso al principio hacia el gobierno de Peña Nieto por una percibida falta de cooperación, pero tras la cooperación con la captura de “El Chapo” y otros, es claro que las afirmaciones de Peña Nieto sobre soberanía e independencia de los Estados Unidos han sido afirmaciones vacías. Al final, muchos congresistas que controlan el flujo de dinero están más contentos con Peña Nieto porque no ven mucha diferencia entre él y Calderón”.

La intención de Washington de supervisar mejor los recursos usados por el Gobierno de México en el combate a las drogas va más allá de la investigación que actualmente se lleva a cabo sobre el sexenio de Calderón.

El viernes 9 Eliot L. Engel, líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y Matt Salmon, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, presentaron una iniciativa para impactar en la reducción del tráfico de drogas.

La ley propuesta crearía una comisión independiente para evaluar las políticas y programas de drogas del Gobierno de Estados Unidos, determinar qué esfuerzos están teniendo éxito, si el dinero se usa eficientemente y hacer recomendaciones sobre la futura política antinarcóticos.

EL VATICANO: LOS PINOS AL SERVICIO DE LOS DEPREDADORES DE MEXICO (Reportaje completo)

Por Rodrigo Vera/Proceso

PROCESO-1959-191x250En discretísimas reuniones privadas y de manera muy personal, los obispos mexicanos le informan al papa Francisco acerca de la grave situación de violencia, inseguridad y pobreza del país durante la visita ad límina apostolorum que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) realiza en el Vaticano desde el lunes 12 y que se prolongará hasta el sábado 31.

Como parte de esa visita, la jerarquía católica mexicana difunde desde Roma su más reciente documento episcopal: Por México ¡actuemos!, en el cual cuestiona duramente las reformas constitucionales emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que —alertan los obispos— estos cambios legislativos pueden ser sólo para beneficio de “aquellos acostumbrados a depredar los bienes del país”.

Como requisito para realizar la visita ad límina, desde finales del año pasado y a principios del presente los titulares de las 91 circunscripciones eclesiásticas enviaron a Roma informes confidenciales en los que detallan la convulsa realidad mexicana, así como las medidas pastorales con que la afrontan y la situación religiosa de cada diócesis.

Y este lunes 19, en el Palacio Apostólico, el papa Francisco pronunciará un discurso en el que, se espera, condenará este clima de violencia y dará palabras de aliento al pueblo de México. Estarán presentes más de 100 obispos, arzobispos y cardenales mexicanos que ya aguardan expectantes el mensaje del pontífice jesuita.

Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la CEM, comenta: “Estoy seguro de que el Papa nos dará un mensaje muy realista, claro y alentador, pues le hemos hecho llegar información muy completa sobre la realidad de México. Él y su equipo de trabajo ya están bien informados”.

En una sala de juntas del Episcopado, a punto de hacer maletas para partir hacia el Vaticano, Lira agrega: “Aparte de la pobreza, México está enfrentando una situación de violencia muy compleja, particularmente la provocada por el crimen organizado. Esta situación provoca un desánimo generalizado. Pero un país desalentado y sin esperanza no va a ninguna parte… ¡No tiene ningún futuro! Por eso el mensaje del Papa nos iluminará y nos dará esperanza”.

La exhortación papal a México, prosigue, la están elaborando la Casa Pontificia, la Congregación para los Obispos y la Secretaría de Estado de la Santa Sede con base en los reportes de los obispos mexicanos. “Obviamente, el papa Francisco le dará la redacción y la orientación final a su discurso, imprimiéndole su sello característico”, aclara.

Desde el lunes 12, cuando arrancó la visita ad límina, Jorge Bergoglio ha tenido reuniones privadas con los obispos mexicanos. Los recibe en grupos de 10, por lo que tiene programados 10 encuentros hasta el último día de mayo.

Según Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y coordinador de la visita, en estos encuentros —en los cuales se habla español— cada obispo tiene cinco minutos para exponerle al Papa la síntesis de su informe previo, destacando los aspectos que considere relevantes, y lo hace delante de sus nueve compañeros.

Las reuniones no tienen duración programada; depende del Papa, quien hace preguntas, sugerencias y comentarios, y puede explayarse cuanto quiera.

VIOLENCIA Y MÁS VIOLENCIA

En entrevista con este semanario efectuada en febrero pasado, Castro aseguró que sobre todo abordarán los temas de la violencia y del crimen organizado los obispos más afectados por esos problemas, es decir los de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Durango y Morelos (Proceso 1948).

En efecto, Carlos Garfias, arzobispo de Acapulco, cuyo encuentro con Bergoglio está programado para el lunes 19, adelanta: “Le comentaré personalmente sobre lo que estoy haciendo en mi arquidiócesis ante los asesinatos, secuestros, levantamientos, disputas entre las bandas del crimen organizado y toda la ola de violencia que ya abordé en mi informe ad límina. Un problema, además, muy conocido por todos”.

—¿Cuándo envió su informe al Vaticano?

—En enero pasado. Es un informe de unas 140 páginas en el que, aparte de todo lo relativo al quehacer religioso de la arquidiócesis, tuve que mencionar este contexto social de violencia.

En un salón del aeropuerto de la Ciudad de México, poco antes de volar a Roma y vestido con una guayabera blanca de la cual sobresale su cruz de plata colgada al pecho, Garfias agrega: “En la reunión que tendré con el Papa también estarán presentes los obispos de las demás diócesis de Guerrero, junto con los obispos de las diócesis de Michoacán; cada uno le expondrá su propia visión de los hechos”.

—¿Por qué juntarían precisamente a los titulares de las diócesis con mayores índices de violencia, como Guerrero y Michoacán?

—No lo sé. Simplemente a los dos estados nos citaron para estar con el Papa la mañana del lunes 19. Así quedó en la agenda. Y por cierto, saliendo de esa reunión con nosotros, el Papa presidirá el encuentro plenario con todos los obispos mexicanos para darnos su mensaje principal.

—¿Y ustedes, los obispos de Guerrero y Michoacán, no organizarán un encuentro previo para ponerse de acuerdo y luego hacerle algún planteamiento conjunto al Papa?

—No. Nada de eso. Sólo nos sujetaremos a las indicaciones que nos dieron; llegaremos al encuentro y cada uno le expondrá verbalmente al Papa la situación de su respectiva diócesis.

“Por lo que a mí respecta, desde que llegué a Acapulco me he dedicado a construir la paz en respuesta a la realidad de violencia. Quiero que el Papa sepa de nuestra labor en la arquidiócesis: nuestros talleres sobre violencia e inseguridad, nuestros centros de escucha en los que damos atención a las víctimas, nuestras jornadas de oración por la paz… todo eso”-

Para Garfias, “el significado más profundo de la visita ad límina es el fortalecernos en la fe y el aliento que nos dará el Papa para seguir trabajando en nuestras diócesis con mayor entusiasmo y esfuerzo”.

De igual modo la diócesis de Apatzingán incluyó en su informe y le expondrá directamente a Bergoglio la difícil situación en la Tierra Caliente michoacana, disputada por Los Caballeros Templarios y otros cárteles.

El vicario general de esa diócesis, Javier Cortés Ochoa, señala: “En nuestro informe, de alrededor de 150 páginas, dimos cuenta de nuestra violenta realidad social: la fuerte presencia del crimen organizado, el clima de inseguridad, los asesinatos y la dura situación de las familias que sufren la muerte o la desaparición de sus seres queridos”.

—¿Esto se lo dirá personalmente al Papa el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño?

—Pues lo que alcance a decirle, ya que es muy breve el tiempo para la exposición verbal de los obispos. No puede profundizarse, pero en fin, eso también dependerá mucho del ambiente y de cómo se vayan dando las cosas durante la audiencia.

Castro, obispo de Cuernavaca, igualmente mencionó en su informe la violencia creciente en su circunscripción, la cual ya está provocando un movimiento ciudadano de inconformidad. Dice: “Yo envié un informe de 80 páginas donde le estoy manifestando al Papa el problema de violencia que tenemos”. Y cuenta que en el reciente recorrido que hizo por las 108 parroquias de su diócesis le tocó comprobar y oír testimonios sobre la “dramática situación” de la gente que se acerca a la Iglesia a pedir “auxilio espiritual”.

Detalla: “En el municipio de Temixco hay una situación muy violenta y compleja, lo mismo en Jojutla, Jiutepec, Cuautla y aquí mismo, en Cuernavaca, donde tan sólo en la parroquia de la colonia Tres de Mayo actualmente tenemos nueve secuestros. De modo que hay nueve familias que ahorita sufren ese drama.

“A tal grado llega la situación en el estado de Morelos que, por temor a ser asaltada, la gente ya hasta evita pasar por las lagunas de Zempoala, pese a ser una belleza natural y una zona turística. Ahí, por cierto, le robaron su automóvil al anterior obispo de la diócesis, don Alfonso Cortés.

“En proporción con su densidad poblacional, Morelos es el estado con el mayor número de secuestros en el país (en 2012 se denunciaron formalmente 92, y en 2013 la cifra se disparó a 150). Eso no es ningún secreto, es una realidad palpable. Tuvimos que pedir asesoría a Colombia para enfrentar la ola de violencia. Y la Conferencia Episcopal Colombiana nos envió un experto; vino a darnos pláticas sobre cómo afrontaron ellos la situación” (Proceso 1948).

Otras diócesis abordan en sus informes problemas específicos. La de Tampico enfatizó el peligro de muerte que corren los migrantes al cruzar su territorio rumbo a la frontera con Estados Unidos.

El sacerdote Artemio Garza, editor de la revista Navegando de esa diócesis tamaulipeca, comenta: “Aquí es un paso de personas sin trabajo que van en busca del ‘sueño americano’. Muchas son de Centroamérica. A través de nuestras parroquias las apoyamos en lo que podemos y les damos recomendaciones para evitar riesgos.

“Ahorita estamos realizando nuestra decimonovena asamblea de pastoral social y tocaremos el tema de seguridad, precisamente para ver cómo mejoramos nuestra ayuda a esa gente desamparada. En estos momentos aquí ha repuntado la violencia, lo mismo en las otras tres diócesis de Tamaulipas: Matamoros, Nuevo Laredo y Victoria”.

El obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón, resalta la lacerante realidad de la trata de personas en su región. Sobre este punto su informe manifiesta: “Aunque la diócesis, a través de la pastoral social, ha promovido la toma de conciencia de este grave problema, se necesita el compromiso efectivo de las autoridades a distintos niveles y una participación más evangélica de la Iglesia para dar signos claros de esperanza a tanta gente que sufre en carne propia y calladamente esta triste realidad, que mina la vida de nuestra sociedad”.

REFORMAS CUESTIONADAS

Los obispos también están preocupados por las aceleradas reformas constitucionales del presidente Enrique Peña Nieto, pues sospechan que sólo beneficiarán a la clase política y empresarial cercana al actual gobierno.

La CEM externó esta preocupación en su documento Por México ¡actuemos!, el cual dio a conocer el pasado 30 de abril y se incluyó en los reportes informativos enviados al Papa.

El documento es un fuerte cuestionamiento de la jerarquía católica a cinco reformas constitucionales de Peña Nieto: política, energética, fiscal, educativa y de telecomunicaciones.

Dice de entrada: “Ante las recientes reformas constitucionales aprobadas hacemos nuestras las inquietudes de nuestro pueblo y nos preguntamos de qué manera serán benéficas, sobre todo para los que han estado permanentemente desfavorecidos, o si serán una nueva oportunidad para aquellos acostumbrados a depredar los bienes del país”.

Sobre la reforma política se pregunta el episcopado: “¿Qué garantizará que la reforma política consolide una auténtica democracia y una real participación ciudadana que supere las artimañas de los más habilidosos para lucrar con el poder?”.

Asimismo cuestiona: “¿Qué garantizará que la reforma energética haga que los recursos del país se inviertan para superar los graves atrasos de gran parte de la sociedad mexicana, y que las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sean promotoras de progreso social, humano y comunitario, y cuidadosas del medio ambiente, por encima de intereses particulares?”.

Prosigue: “¿Qué garantizará que la reforma fiscal fomente una contribución verdaderamente justa, equitativa… o será una maraña en la que puedan evadirse o esconderse quienes se benefician de los recursos del pueblo de México?”.

Plantea también: “¿Qué garantizará que la reforma educativa impulse un verdadero desarrollo integral para todos… y no venga a alimentar una nueva estructura burocrática que sólo defienda sus propios intereses?”.

Y finalmente la jerarquía católica pregunta: “¿Qué garantizará que la reforma en telecomunicaciones ponga al alcance de todos las ventajas de la tecnología, la calidad de los contenidos y el respeto a la dignidad y privacidad de los ciudadanos? ¡Sin verdad y sin justicia los monopolios sólo cambiarán de manos, la manipulación de la opinión pública y de los contenidos la definirán los intereses dominantes!”.

APAGON ANALOGICO, ASUNTO ELECTORERO (Reportaje completo)

Por Jenaro Villamil/Proceso

PROCESO-1958-191x250El pasado 29 de abril, por quinta vez en menos de dos años, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió posponer otros seis meses —del 29 de mayo al 26 de noviembre de 2014— la fecha límite para el llamado “apagón analógico” en cinco ciudades del norte: Monterrey, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

Esta decisión afectará la viabilidad de la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta digital y retrasará el programa de Televisión Digital Terrestre (TDT) que incluye la devolución de los “canales espejo”, los cuales el Estado le entregó a Televisa y TV Azteca desde 2004.

Por lo tanto, la medida beneficia a estas dos empresas, que tienen un “alto nivel de concentración”. Según el propio IFT, el duopolio posee 95% de las concesiones, 96% de las audiencias y 99% de los ingresos por publicidad.

En su comunicado el IFT argumentó que la nueva prórroga se debe a que la penetración de la TDT en estas plazas es menor a 90%. Pero el informe que sustentó la decisión indica algo peor: en cuatro de esas ciudades la cobertura digital es menor a 30%, sólo en Ciudad Juárez llega a 43%.

De acuerdo con la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del IFT, en Monterrey sólo 30% de los telehogares tiene acceso a la señal digital, en Nuevo Laredo, 22%; en Reynosa, 27% y en Matamoros, 23%.

“De acuerdo con lo previsto, si un mes antes del apagón analógico en una localidad no se ha alcanzado un nivel de penetración de 90% de la TDT, se deberá ajustar la fecha para realizar la terminación de transmisiones analógicas en esa ciudad”, argumentó el IFT.

Esta baja penetración se considera un error grave en el diseño y ejercicio de la política de TDT, producto de la decisión de sustituir el programa de trabajo de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), de abandonar el reparto de decodificadores para otorgar televisores digitales de alta definición y dejarle esta responsabilidad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en lugar de al IFT.

Mony de Swaan, ex presidente de la Cofetel y quien se opuso a sustituir el trabajo diseñado en este órgano regulador, critica que en ocho meses bajo el nuevo esquema de trabajo y con el “modelo SCT”, no se ha operado el “apagón analógico” en ninguna ciudad: “Ahora tienen más recursos, decidieron repartir televisores en lugar de decodificadores, hicieron a un lado la experiencia previa en Tijuana y aún no han cumplido con ninguna de las cinco ciudades restantes”.

GRAN AFECTACIÓN

Consultado por Proceso, De Swaan considera que el retraso afectará todo el proyecto de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital terrestre, el reparto de televisiones licitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la liberación de la banda de 700 Mhz.

“Aplazar TDT genera incertidumbre en la licitación de las dos nuevas cadenas, pone en riesgo el modelo de negocio en la red abierta de 700 Mhz que debe liberarse con la devolución de los canales espejo que les fueron otorgados a Televisa y TV Azteca, y limita la pluralidad en los contenidos televisivos”, argumenta De Swaan.

“De haberse quedado la política de TDT en el IFT —abunda—, en mayo se encenderían digitalmente cinco ciudades. Ahora el plazo se prolonga hasta noviembre y en 2015 la Secretaría de Desarrollo Social y la SCT estarán repartiendo televisores en año de elecciones federales”.

El ex comisionado recuerda que en 2011, cuando la Cofetel quiso impulsar el apagón analógico en el Estado de México, el PRI se opuso argumentando que era una “estrategia electorera” del gobierno panista de Felipe Calderón en plena campaña. Ahora “resulta que ellos (los priístas) repartirán televisores”, comenta.

El mismo día que IFT decidió posponer el “apagón”, la SCT reiteró en otro comunicado que este mes “iniciará la prueba piloto de entrega de televisores digitales a la población beneficiaria en los siguientes municipios: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Camargo, Méndez, Nueva Ciudad Guerrero, Ciudad Mier y San Fernando (Tamaulipas), así como en Anáhuac, Doctor Coss, China y General Bravo (Nuevo León) y en Hidalgo (Coahuila).

La dependencia no aclaró qué pasará en Ciudad Juárez y Monterrey, pero reiteró que este año adquirió 120 mil televisores digitales para entregarlos “en las siguientes etapas del programa”.

El costo de adquirir y repartir televisores digitales en lugar de decodificadores aún no está claro. La SCT primero informó que serían 19 mil millones de pesos, pero el subsecretario Ignacio Peralta calculó el 28 de febrero que el monto sería de 26 mil millones de pesos; sin embargo aún no se informa cuánto costarán las antenas exteriores, las visitas domiciliarias y la instalación.

Según la SCT, el padrón de beneficiados de la Sedesol en las comunidades de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde se repartirán televisores en mayo, es de 107 mil personas. Pero nadie ha aclarado cómo se garantizará que no se entreguen miles de televisores con criterios electorales, dada la coincidencia de la distribución de aparatos con los comicios federales de 2015.

IMPACTO POR EL RETRASO

Desde que dio a conocer el Programa de Licitación y Adjudicación de los 246 canales de televisión abierta digital que configurarían dos cadenas de 123 frecuencias cada una, el IFT advirtió la importancia de la política de TDT para el avance de la futura competencia.

“Resulta conveniente señalar que nuestro país se encuentra en proceso de transición a la televisión digital terrestre desde el 2004, con el objeto de que la población cuente con los beneficios de esta tecnología, así como una mayor calidad de las señales transmitidas. Este esfuerzo de transición tecnológica concluirá el 31 de diciembre de 2015, en términos de lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional”, asentó el instituto en su acuerdo del 17 de diciembre de 2013.

“Una vez que se ejecute la transición a la televisión digital terrestre, se generarán oportunidades para replanificar progresivamente el espectro radioeléctrico, a efecto de comprimirlo hacia las bandas bajas de UHF por debajo del canal 37, por lo que la política de TDT establece que los canales deberán asignarse, preferentemente, entre el 7 y el 36″, agregó el IFT.

La viabilidad de los dos nuevos competidores del duopolio depende de que se cumplan los plazos del apagón analógico. El pasado 16 de abril, al dar a conocer el valor mínimo de referencia para los interesados en participar en la licitación de las dos cadenas, el IFT también pronosticó que cada uno de ellos hasta el quinto año tendría 8.5% del mercado de la televisión abierta.

El IFT afirmó que el operador o los concesionarios entrantes realizarían 50% de sus inversiones el primer año, 70% en el segundo, 90% en el tercero, 95% en el cuarto y la culminarían en el quinto año (es decir 2020, ya que el fallo se conocerá en marzo de 2015).

A cambio de ello, en el primer año tendrían 0% de participación del mercado, 4.25% en el segundo, 7.23% en el tercero, 8.08% en el cuarto y 8.5% a partir del cuarto año y hasta el término de la vigencia de cada concesión, que es de 20 años.

La especialista Irene Levy considera que el monto fijado por el IFT para cubrir el valor mínimo de referencia, de 830 millones de pesos por cada cadena, es apenas una parte de lo que invertirán, ya que el costo mayor lo exigirá el despliegue de infraestructura, así como la producción y compra de contenidos.

“¿Cuáles serán los números si el apagón se retrasa a 2017, como pretende la iniciativa de ley secundaria que hoy se discute en el Senado?”, preguntó Levy, presidenta de Observatel, en su columna del 21 de abril en el diario El Universal, en referencia a un polémico artículo transitorio de la iniciativa del Ejecutivo federal que todavía está atorada en el Senado.

Especialistas consultados por Proceso señalan que dicho costo podría elevarse entre 350 y 400 millones de dólares a fin de tener la infraestructura necesaria para operar una cadena de televisión, a lo cual se deben sumar entre 10 y 15 millones por la producción de contenidos.

En 1993, en la última licitación de las frecuencias que conformaban las cadenas del Canal 7 y el Canal 13, TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego pagó 464 millones de dólares y le costó más de 10 años tener un porcentaje similar del mercado hasta alcanzar el 30% actual. En 2006 el empresario Olegario Vázquez Raña adquirió el Canal 28, que detentaba sin explotar el empresario bajacaliforniano Raúl Aréchiga, de Aerocalifornia. Pagó alrededor de 126 millones de dólares por la concesión y el canal tiene un impacto mínimo en el Valle de México.