DISTINTO AMANECER (pelicula completa de denuncia social

imagesDistinto amanecer es una película mexicana de 1943, dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Andrea Palma y Pedro Armendáriz. Está basada en la obra La Vida Conyugal de Max Aub, con diálogos de Xavier Villaurrutia. Distinto amanecer es un ejemplo clásico del cine mexicano de la primera etapa de la época de oro. El filme del director Julio Bracho -un intelectual de extracción teatral- posee una excelente factura técnica y destaca por su acertada combinación de excelentes actuaciones y una trama de actualidad ambientada espléndidamente en locaciones reales, algo inusual para el cine que se había hecho hasta ese momento.

Alabada por la crítica mexicana como una de las mejores películas de su tiempo, Distinto amanecer muestra a un cine mexicano alejado de los estereotipos rurales que se popularizaron a raíz del éxito de Allá en el Rancho Grande (1936). La gran protagonista de esta cinta es la ciudad -la metrópolis en que se estaba convirtiendo la capital mexicana- con sus ambientes sórdidos y personajes corruptos. Si la ciudad de México se estaba volviendo un sitio cosmopolita, el cine que se producía en ella reflejaba esta transformación. (Wikipedia)

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CASO MANUEL BUENDIA, UN ASUNTO DE LA CIA (Reportaje completo)

Por J. Jesus Esquivel/Proceso

PROCESO-1953-190x250WASHINGTON, DC.- La Agencia Central de Inteligencia (CIA), varios políticos mexicanos, un traficante alemán de armas y el asesinato del periodista Manuel Buendía forman parte de una trama que, de una u otra manera, involucra también al Cártel de Guadalajara, el cual dirigía en los años ochenta Rafael Caro Quintero, de acuerdo con un expediente del Gobierno de Estados Unidos elaborado por su Departamento de Justicia y clasificado como de máximo secreto.

Fechado el 13 de febrero de 1990, el documento —con una etiqueta en la cual se estampó el sello de “top secret”— contiene las declaraciones del ciudadano estadounidense Víctor Lawrence Harrison, subcontratista y operador de la CIA en México, quien en los ochenta colaboraba con el Cártel de Guadalajara, con la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y con la propia agencia estadounidense de espionaje.

“Entre 1981 y 1984, Buendía Téllez Girón (sic) recibió información de parte de otro periodista de apellido Velasco, de que en Veracruz, guerrillas guatemaltecas estaban siendo entrenadas en un rancho que pertenecía a Rafael Caro Quintero”, se lee en uno de los párrafos de la primera de cuatro páginas del expediente.

“Las operaciones/entrenamiento en el campo (rancho) eran dirigidas por la CIA, utilizando a la DFS para encubrirse”, subraya el documento, copia del cual tiene Proceso. Las declaraciones de Harrison fueron hechas el 9 de febrero de 1990 a los agentes de la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos Héctor Berrellez y Wayne Schmidt.

En el expediente el nombre del declarante (Harrison) está tachado para proteger su identidad.

Lo identifica Berrellez que, en entrevista, explica: “Harrison era un operador de la CIA, lo sacamos de México y lo regresamos a Estados Unidos para que cooperara con la DEA en la investigación del homicidio de Enrique Kiki Camarena (en Guadalajara el 9 de febrero de 1985)”.

El documento “top secret” es parte de la investigación del caso Camarena —la Operación Leyenda— de la cual Berrellez era supervisor cuando la DEA llevó a Harrison a Estados Unidos.

Berrellez sostiene que el Departamento de Justicia de Estados Unidos clasificó como “top secret” ese expediente y otros centenares más (recopilados en el transcurso de la Operación Leyenda) y los archivó como “riesgosos para la seguridad nacional” porque en ellos se menciona el involucramiento de la CIA con el narcotráfico mexicano, con las guerrillas centroamericanas y políticos mexicanos que colaboraban con los capos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros.

De la información recopilada en el documento cabe destacar la mención del nombre del periodista mexicano a quien, según Berrellez, “asesinó la CIA”.

El homicidio de Buendía sigue envuelto en una nube de dudas, mitos, teorías y misterios. Es un verdadero thriller. Nunca se ha tenido certeza de quién o quiénes ordenaron la eliminación del columnista, mucho de cuyo trabajo exhibía las andanzas de los agentes de la CIA en México.

EL ASESINATO

Manuel Buendía, autor de Red Privada, la columna periodística que publicaban diarios de todo el país, fue victimado el miércoles 30 de mayo de 1984 por un individuo que le disparó a quemarropa cuatro tiros calibre .38 cuando el periodista acababa de salir de su oficina, en la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.

En referencia al asesinato de Buendía, Harrison le dijo a Berrellez y Schmidt que este caso podría estar ligado al descubrimiento que hizo el periodista Velasco sobre el triángulo criminal CIA-Contras-narcotráfico.

En su libro “La CIA en México”, Buendía desmenuzó el sigiloso y secreto sistema de operación de organizaciones fascistas como Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara o el Opus Dei, además de relacionar a la agencia estadounidense de espionaje con la ultraderecha mexicana.

El asesinato del periodista se catalogó como un ajuste político de cuentas y nunca se dejó de mencionar entre los sospechosos a José Antonio Zorrilla Pérez, ex titular de la DFS, quien durante la presidencia de Miguel de la Madrid dependía de la Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Manuel Bartlett Díaz.

En junio de 1989 Zorrilla fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato del periodista.

El 10 de septiembre del año pasado, por decreto de la juez de Ejecución de Sanciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Belem Bolaños Martínez, se le concedió a Zorrilla el arresto domiciliario.

“Buendía llevó a cabo una investigación sobre la colusión que existía entre Manuel Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación, con Miguel Aldana Ibarra, ex comandante de la Policía Judicial Federal, y Manuel Ibarra Herrera, ex director de la DFS, quienes eran consortes de los narcotraficantes”, expone el documento.

La información clasificada y archivada bajo el estatuto de la protección a la seguridad nacional de Estados Unidos hace otra referencia a Bartlett Díaz cuando aborda nuevamente el caso del asesinato de Buendía.

El documento explica “que colegas” de Buendía, a quienes no identifica por nombre, fueron contactados por agentes enviados por Edward Heath, entonces jefe de la DEA en México.

‘CONTRAS’ Y GUERRILLAS

Respecto a los otros asuntos, el documento clasificado dice: “Harrison reportó que representantes de la DFS, quienes eran los encubridores y frente (de la CIA) para el campo de entrenamiento, operaban en colaboración directa con los capos del narcotráfico para garantizar el flujo de drogas por México para que pudieran llegar a los Estados Unidos”.

Harrison contó a los dos agentes de la DEA que la CIA, por conducto del entonces famoso traficante alemán de armas Gerhard Mertins, metía armas a México para desde ahí enviarlas a la Contra nicaragüense, amén de entrenar a guerrilleros en Veracruz.

Para cubrir el costo de las armas que la CIA le compraba a Mertins, las avionetas que enviaba a Centroamérica con el armamento regresaban a México cargadas de cocaína colombiana que luego vendía al Cártel de Guadalajara. Berrellez afirma que Harrison les insistió en el hecho de que la CIA ayudaba al Cártel de Guadalajara a meter la cocaína y otras drogas a Estados Unidos, lo cual facilitaba el trasiego de narcóticos.

Sin un orden cronológico de los acontecimientos, Harrison reveló a la DEA que Mertins trabajaba para la “familia Leaño”, los fundadores de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Entre otros personajes del mundo de la política, los negocios y del Ejército de México, en el documento destacan los nombres de Rubén Zuno Arce, Manuel Bartlett Díaz, de los hermanos priístas jaliscienses Juan y Eduardo Aviña Bátiz, del general Vinicio Santoyo Feria y del abogado Everardo Rojas Contreras.

A Harrison la DEA le advirtió que si mentía y lo comprobaba el NCIC, sería sentenciado a cinco años de cárcel.

Al general Vinicio Santoyo Feria, entonces jefe de la Quinta Zona Militar en Guadalajara, el expediente lo señala por su presunta relación con los capos del Cártel de Guadalajara que reemplazaron a Caro Quintero y a Fonseca.

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DF: LA INMINENTE CAIDA DEL IMPERIO PERREDISTA (Reportaje completo)

Por Arturo Rodriguez Garcia/Proceso

PROCESO-1953-190x250La obstinación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por mantener presos a manifestantes sigue haciendo crisis. Sin entrar al fondo de las irregularidades procesales, dos amparos evidenciaron que, desde el auto de formal prisión, la autoridad violó las garantías constitucionales de los detenidos y no aceptó las pruebas con que los inculpados intentaban demostrar su inocencia.

En entrevista, defensores, familiares y amigos que han integrado comités de apoyo para los prisioneros, consideran que el amparo es apenas una esperanza. Dicen estar convencidos de que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha convertido a los procesados en “referentes de la criminalización de la protesta social”, es decir, en “presos políticos y de conciencia”.

El pasado 7 de marzo, Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Amparo en Materia Penal, resolvió que fue inconstitucional el auto de formal prisión que el Juzgado Cuadragésimo Penal del Distrito Federal dictó contra el joven Ilia Adad Infante Trejo el 10 de octubre de 2013. La tarde del viernes 4 el muchacho obtuvo su libertad.

Posteriormente, la misma juez constitucional resolvió en el mismo sentido los amparos promovidos por Iribar Ibinarriaga Ramírez, Adrián Gutiérrez Miguel, Víctor Efrén Espinoza Calixto y Salvador Reyes Martínez —quienes junto con Infante Trejo fueron capturados el pasado 2 de octubre durante las protestas conmemorativas por la masacre de Tlatelolco en 1968.

Otros dos muchachos —arrestados también aquella jornada, José Daniel Palacios Cruz y Abraham Cortés Ávila— están a la espera de una resolución similar. Al cierre de esta edición, el Juzgado Penal capitalino sólo había ejecutado el amparo de Infante Trejo y todos los demás indiciados permanecían en el Reclusorio Norte.

Los acusados fueron aprehendidos en avenida Reforma durante un operativo en el que la policía capitalina detuvo a decenas de jóvenes y que concluyó con la consignación de los mencionados, así como del activista Alejandro Bautista.

Conforme a los testimonios de los inculpados, difundidos por Proceso en sus ediciones 1933 y 1943, aquel 2 de octubre un numeroso grupo de personas, la mayoría menores de edad, fue rodeado por granaderos y acorralado frente al edificio número 93 de Paseo de la Reforma. Por esa razón, los atrapados fueron conocidos como “los encapsulados de Reforma 93″.

El 10 de octubre siguiente se les dictó el auto de formal prisión por ataques a la paz pública, daño doloso en propiedad privada en pandilla y ultrajes a la autoridad. Para esa determinación el juez se basó en los dichos de dos policías y no aceptó pruebas de descargo por parte de los implicados.

Entre las irregularidades que aún no se resuelven está la manipulación del material probatorio. El abogado defensor Rubén Díaz mostró a este semanario dos videos: en el original se ve a Abraham Cortés lanzando una botella de refresco que ni siquiera impacta en la línea de granaderos. En cambio, en la grabación editada que la fiscalía presentó al juzgado se ve a Cortés arrojando el envase, pero en vez de dejar correr la toma se intercambia por otra de un policía en llamas.

SENTENCIAS EXPEDITAS

Los amparos concedidos a los “encapsulados de Reforma 93″ se emitieron luego de una andanada de sentencias que, en dos casos, han sido confirmadas por magistrados capitalinos:

Alejandro Bautista y Jorge Mario González García fueron sentenciados en enero a cinco años y siete meses de prisión, por lo que no alcanzan libertad condicional. Ambos apelaron sus sentencias, pero la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal las confirmó, al primero, el 6 de marzo, y al segundo, el 21.

Bautista encabezó en los últimos años un movimiento de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México.

Fue detenido el 2 de octubre, mientras videograbada los disturbios de encapuchados y las agresiones de policías. Se le acusó de ataques a la paz pública en pandilla y ultrajes a la autoridad. No existen pruebas de sus presuntos delitos, sólo la declaración de dos policías. En contraparte, él quiso aportar videos que demuestran su inocencia, pero no se los aceptaron.

Jorge Mario González se opuso a las reformas que el rector José Narro Robles impulsó en la UNAM y, después de ser agredido por porros en febrero de 2013, fue expulsado por el Tribunal Universitario, que ni siquiera lo llamó ni le concedió el derecho a ser escuchado.

El 2 de octubre, el ex alumno del CCH Naucalpan viajaba en un autobús de transporte público que fue abordado por agentes ministeriales. Esos uniformados detuvieron a González, a César Uriel Cruz, Irene Pérez Villegas, Astlali Cabrera, Cristian Cardona, Carlos Berquin, Guillermo Mejía, José Luis Ramírez y Leonel Aguilar.

Todos fueron consignados y encerrados en el Reclusorio Oriente. Se les concedió enfrentar el juicio en libertad, con la excepción de Jorge Mario, porque la juez Marcela Ángeles Arrieta lo calificó como un individuo de “peligrosidad social” debido a su asiduidad a las protestas.

La magistrada Celia Marín Sasaki ratificó la sentencia de Jorge Mario González, pero fue ella quien lo sentenció a prisión, cuando aún era juez.

Ese hecho fue mencionado por el abogado Guillermo Naranjo, quien encabeza la defensa de González y de Gabriela Hernández, conocida en redes sociales como Luna Flores. Ella fue arrestada a finales de octubre por supuestamente agredir a policías en la marcha conmemorativa de Tlatelolco… a pesar de que existen videos donde se le observa sentada.

A Hernández se le negó un amparo contra el auto de formal prisión, y el pasado 1 de abril la juez Arrieta la sentenció a un año y tres meses de prisión y a pagar una multa de 19 mil pesos por ultrajes a la autoridad. Permanecerá en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, pues a pesar de ser un delito leve, la juez Arrieta decidió que la muchacha era de “peligrosidad social”.

Los argumentos para etiquetarla así fueron la frecuencia con que asiste a marchas y la mención de una nota periodística que, sin fuente identificable y rechazada por el Gobierno capitalino, la ubica como una de las anarquistas más peligrosas de México. Para el abogado Naranjo y el catedrático José Enrique González Ruiz —especialista en derechos humanos de la UACM y asesor de la causa de Jorge Mario González—, el delito de ataques a la paz pública y la calificación de peligrosidad social no son otra cosa más que la reedición de la “disolución social”.

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LOS FASCISTAS QUE VIENEN DE LA FRANCIA (Reportaje completo)

Por Anne Marie Mergier/Proceso

PROCESO-1953-190x250PARÍS, FRANCIA.- Marine Le Pen habla de triunfo y celebra el advenimiento del tripartidismo en Francia. Es categórica: el Frente Nacional (FN) acaba de imponerse definitivamente como competencia política ineludible para el Partido Socialista (PS) y la Unión por un Movimiento Popular (UMP).

La segunda vuelta de las elecciones municipales del pasado 30 de marzo la entusiasma. Por primera vez en sus 42 años de existencia el FN conquistó 11 alcaldías y colocó a mil 300 frentistas en concejos municipales de todo el país. Con estos resultados muestra que no sólo atrae votos de protesta sino también, cada vez más, de adhesión.

En estas elecciones el FN compitió en 597 de las 36 mil 681 municipalidades; sus candidatos contendieron en todas las ciudades de más de 100 mil habitantes, en 60% de las urbes con poblaciones de entre 30 mil y 100 mil habitantes y sólo en 1% de los municipios más pequeños. No se pudo imponer en las primeras pero ganó en el sector 7 de Marsella, ciudad de 150 mil habitantes.

A escala nacional el FN recogió 6.84% del total de votos, mientras sus principales contrincantes (UMP y PS, presentes en todas las municipalidades), recaudaron respectivamente 45.91% y 40.57%; 36.3% de los electores galos no votó, número inédito en una segunda vuelta de elecciones municipales desde la instauración de la Quinta República, en 1958. Numerosos analistas consideran que la tercera fuerza política del país en realidad es “el partido de los abstencionistas”.

EL FRACASO

En 1995 el FN, entonces dirigido por Jean Marie Le Pen, había logrado imponerse en tres ciudades del sur de Francia. La experiencia fue un fracaso: no pudieron administrar las ciudades y las fueron perdiendo en medio de escándalos de corrupción. Marine Le Pen sacó lecciones de esa experiencia y al parecer su partido es capaz de, ahora sí, arraigarse a nivel local.

Las ciudades que le toca administrar están devastadas por años de abandono, padecen altísimas tasas de desempleo, problemas de vivienda, inseguridad, tensiones raciales. Levantarlas es el reto de Marine Le Pen. Su éxito es indispensable para su estrategia de “desatanización” del FN: borrar su carácter extremista y presentarlo como un partido nacionalista, serio, respetable y capaz de gobernar.

La tarea será difícil para los flamantes alcaldes frentistas. Las restricciones presupuestales limitaron considerablemente las dotaciones del Estado a los municipios; además todos los candidatos del FN se comprometieron a bajar los impuestos locales. ¿Con cuáles recursos cumplirán sus numerosas promesas electorales? ¿Cómo revitalizarán sus ciudades moribundas y mejorarán la seguridad pública? La presidenta del FN se limita a asegurar que su equipo de alcaldes “asombrará” a Francia.

Imponerse como alternativa de poder es la mayor ambición de Marine Le Pen. Contra lo que preconizaba su padre, pretende lograr su cometido a partir de la implantación en los municipios y convirtiendo al FN —hoy con sólo 70 mil militantes— en un gran partido de masas.

No le fue fácil imponer ese cambio estratégico a su partido. En 1998 Bruno Mégret, entonces segundo hombre fuerte del FN, intentó defender esa línea política. Incluso abogó en favor de alianzas con sectores de la derecha tradicional. Jean Marie Le Pen no aceptó.

EL FACTOR MITTERRAND

El Frente Nacional nació el 5 de octubre de 1972 por iniciativa de una organización de corte fascista, Nuevo Orden, la cual buscaba unificar a diversos grupúsculos de extrema derecha.

En sus primeros 10 años el FN, originalmente llamado Frente Nacional para la Unidad Francesa, no se destacó en el panorama político. En 1980 estuvo a punto de desaparecer sacudido por querellas fratricidas, pero se volvió a movilizar tras la victoria de Francois Mitterrand en las presidenciales de 1981.

La lucha lanzada por la derecha para desestabilizarlo y el descontento de sectores populares decepcionados por el gobierno socialista generaron un clima tenso que supo aprovechar Le Pen. En 1982 y 1983 juntó suficiente fuerza para presentar candidatos a las elecciones cantonales y luego a las municipales. Los caballos de batalla de su campaña eran la inmigración, la inseguridad y el desempleo, los cuales denunciaba con tono virulento y discursos xenófobos.

La Unión por la Democracia Francesa y la Reagrupación por la República, ambos de derecha, salieron victoriosas en esos comicios. Mitterrand, preocupado, trazó un plan: dar más visibilidad al FN para provocar tirantez y divisiones entre la derecha. En nombre del pluralismo democrático el presidente presionó a los directivos de la televisión estatal para que le abrieran espacio a Le Pen.

El esfuerzo de Mitterrand surtió efecto: creció la fama polémica de Le Pen. El FN participó en las elecciones europeas de 1984, recogió 11% de los votos y colocó 10 eurodiputados.

Mitterrand no se detuvo: cambió las reglas electorales e introdujo el escrutinio proporcional plurinominal. La medida reforzó aún más al FN, que tuvo 9.8% de los sufragios legislativos de 1986 y pudo contar con 35 diputados en la Asamblea Nacional. El mismo año tuvo también éxito en las elecciones regionales, lo que permitió que 135 frentistas integraran concejos regionales.

A partir de esa fecha y hasta 1998 la influencia electoral del FN no dejó de consolidarse. En 1995 conquistó tres alcaldías en el sur de Francia y empezó a crear serias dificultades a la derecha tradicional, obligándola a aliarse con el Frente para conquistar algunos concejos regionales. Seguro de sí, el líder ultranacionalista multiplicaba escándalos y provocaciones.

NUEVA GENERACIÓN

Propulsado en el escenario político por Mitterrand, el FN empezó su “normalización” con Sarkozy. Pero fue realmente Marine Le Pen quien emprendió la ambiciosa tarea de pulir la imagen de la organización para ampliar su margen de influencia y su electorado.

En 2010, dos meses antes de cumplir 82 años, Jean Marie Le Pen anunció que no buscaría reelegirse en la presidencia del FN. Se celebraron elecciones internas para escoger entre Bruno Gollnisch, vicepresidente del partido, y Marine Le Pen, miembro de su buró político desde 2000.

Apoyada por su padre, ella se impuso con 67.6% de los votos y asumió la presidencia del partido en 2011. Desde sus primeras apariciones públicas como presidenta fue obvia su voluntad de tapar la imagen agresiva del viejo líder con la suya propia: la de una mujer de 42 años, moderna, abierta, dos veces divorciada y viviendo en unión libre, líder de armas tomar y con una misión salvadora.

Ese cambio de liderazgo y de generación tuvo impacto. Los resultados del FN en las elecciones locales superaron todo lo anterior: empezó a recuperar a los electores seducidos por Sarkozy. Marine Le Pen cosechó 17.9% de votos en la primera vuelta de las presidenciales de 2012.

VIEJO DISCURSO

Marine Le Pen no sólo asume el hecho de que el FN sirva de desahogo para todo tipo de frustraciones sociales y políticas, sino que busca atraer a círculos cada vez más amplios de inconformes. La líder está dispuesta a todo con tal de lograr su cometido. Cuando le conviene, da giros izquierdistas a sus discursos económicos y recurre con frecuencia a los valores republicanos, tan denigrados por su padre.

La desconfianza que inspira la Unión Europea (UE) a sectores cada vez más amplios de la población francesa es sin duda una fuente de reclutamiento electoral más importante que el antiislamismo para el FN.

La eurofobia es uno de los grandes ejes de las campañas electorales y del proyecto político de Le Pen. En las semanas que precedieron a los comicios municipales no dejó de fustigar a “esa Europa que se construye sin los pueblos y contra los pueblos”. La presidenta del FN espera casi con avidez las elecciones europeas del próximo mayo. No duda de los resultados y se atreve a pronosticar que su partido, el del “no” a la UE, dejará atrás a todos sus contrincantes.

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MICHOACAN: LA LEY DEL REVOLVER SIN APACHES (Reportaje completo)

Por Jose Gil Olmos/Proceso

PROCESO-1953-190x250Tras un año de arriesgarse al enfrentar y expulsar a Los Caballeros Templarios de 14 municipios de Tierra Caliente, Costa y Meseta Purépecha, los grupos de autodefensa de Michoacán son ahora amenazados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretende obligarlos a dejar las armas con las cuales hicieron el trabajo no realizado en 12 años por las administraciones estatales y federales del PRD, del PAN y del PRI.

El anuncio enardeció a las autodefensas, que en voz del doctor José Manuel Mireles rechazaron desarmarse. El artículo 10 de la Constitución, argumentan, le da el derecho a todo mexicano de poseer un arma para su defensa. El vocero de las autodefensas de Tepalcatepec pidió el apoyo de las poblaciones para impedir que les quiten las armas.

El jueves 3 el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció en Morelia que en las próximas semanas se iniciará el desarme de las autodefensas y advirtió que, al concluir este proceso, quien sea encontrado en posesión de armas será detenido.

Horas más tarde, en la noche del jueves 3 se reportaron enfrentamientos en Sahuayo y Jiquilpan entre delincuentes, por un lado, y autodefensas y policías federales que presuntamente tenían acorralado a Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, dirigente de Los Caballeros Templarios.

Las amenazas de desarme agraviaron a las autodefensas. Al conocer las declaraciones del comisionado, de gira en el municipio de Coahuayana, Mireles rechazó el desarme y pidió unidad a la población.

Recordó que ante las amenazas de desarme ya ha habido reacciones violentas, como ocurrió en febrero en la tenencia de Antúnez, donde la población impidió que los soldados los desarmaran y hubo un enfrentamiento en el cual murieron cuatro personas, dos de ellas autodefensas.

Advirtió que no está de acuerdo en que la policía de mando único o la gendarmería nacional tomen en sus manos la seguridad de su pueblo, Tepalcatepec, porque no conocen la geografía, la gente ni a los delincuentes.

DIFERENCIAS PELIGROSAS

La voz de Mireles chocó con las declaraciones del comisionado federal. Según Salvador Maldonado Aranda, investigador de El Colegio de Michoacán, estas diferencias entre autodefensas y gobierno podrían traerle una nueva crisis de seguridad al estado.

Estudioso de la región de Tierra Caliente desde hace más de una década, Maldonado señala en entrevista que el convenio firmado a principios de año entre Castillo y los líderes de las autodefensas fue para dar certidumbre a la relación entre las partes y además que el desarme se preveía una vez que se atendieran las demandas de aprehender a los líderes templarios.

Observa que por lo menos en estos momentos de tensión hay un alejamiento en términos prácticos entre el equipo del comisionado y las autodefensas, las cuales se han fraccionado al menos en dos corrientes: las ligadas a Mireles y las que apoyan a Castillo.

“Creo que esta es la situación más tensa, porque no se sabe muy bien si se van a dar más acercamientos o se van a romper definitivamente las relaciones”, indica Maldonado y advierte que a las autodefensas no se les puede desarmar de un plumazo, como pretende el gobierno peñista, pues no se ha valorado su importancia para combatir al crimen organizado y dar gobernabilidad a Michoacán.

“Sin esta interlocución me parece que se nos sitúa en un dilema grave: cómo se van a tener que dar las relaciones, los acuerdos, entre qué tipo de actores se van a generar alianzas para seguir aminorando un problema de violencia e ir generando una mayor certidumbre de gobernabilidad. Ese es el problema.

RIESGOS DE MUTACIÓN

A contracorriente de la opinión de Castillo —que las autodefensas ya no tienen razón de ser—, dice que pueden ser un interlocutor importante siempre y cuando se establezcan nuevos acuerdos para revisar el tema de la infiltración y la labor hecha para limpiar territorios antes controlados por la delincuencia.

Precisa que el Gobierno Federal debería establecer una estrategia de largo plazo para dar certidumbre a la población y no esperar a que lleguen las autodefensas, limpien la zona y al mes nuevamente exista el problema.

Aún peor, asevera, si el Gobierno Federal no actúa con precaución y quiere desaparecer a las autodefensas podrían ocurrir fenómenos como en Perú o Colombia, donde grupos similares terminaron siendo un problema para la gobernabilidad y la seguridad.

“Ese es un dilema que también experimentaron otros grupos de América Latina, como los Comités de Defensa Civil de Perú y en cierta forma los Grupos de Autodefensa o paramilitares en Colombia; tuvieron que llegar a un punto de negociación para saber qué se iba a hacer con ellos.

No obstante acota que las autodefensas michoacanas son distintas de las peruanas o colombianas, grupos formados por militares y subvencionados por el Gobierno con intenciones de contrainsurgencia.

Si se mantiene el alejamiento con el Gobierno, añade, y se les desaparece, se corre el riesgo de que en el mediano plazo las autodefensas adquieran otra fisonomía y de que se incrementen otros problemas, porque ya no serían un peligro sólo los grupos del crimen organizado, sino también los que se crearon para combatirlo y ahora han sido considerados ilegales.

Sostiene que no cree que estos grupos vayan a dejar las armas aun cuando pasen a la clandestinidad, y en un contexto político adverso para ellos, pueden tejer alianzas con otro tipo de actores.

El problema, concluye, es que no se han tejido mecanismos más efectivos que den certidumbre en las formas de generar seguridad en Michoacán, más allá de desinflar un movimiento político y terminar con el crimen organizado.

Propone un plan de seguridad ciudadana, más que pública, donde el centro de la estrategia sean la sociedad y su bienestar en el largo plazo.

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PAN: UNA LETRINA POLITICA AL SERVICIO DEL PRI (Reportaje completo)

Por Alvaro Delgado/Proceso

PROCESO-1953-190x250Manchados unos y otros por la corrupción, que condenan en el discurso pero solapan en los hechos, la disputa por el control del Partido Acción Nacional (PAN) exhibe la desmemoria, el cinismo y las truculencias de Gustavo Madero y Ernesto Cordero.

Luego de tres semanas de campaña, un tercio del total, se ha configurado un escenario incierto para la elección del 18 de mayo, como lo registran las más recientes encuestas, una de ellas filtrada por el propio equipo de Madero y que le da ventaja de apenas cuatro puntos.

En el PAN todos lo saben: Ganará el candidato con mayores recursos para llevar a votar a la mayoría de los 217 mil 557 panistas con ese derecho y desde ahora arman y ensayan la estructura para ese fin… por las buenas o por las malas.

Ante la pasividad de la Comisión Organizadora de la Elección, que preside Francisco Gárate y cuya mayoría es afín a Madero, se perfila un “cochinero” el día de la jornada electoral.

Madero, a quien miembros de su propio equipo lo advierten arrogante en exceso, ha colocado su reelección en manos de los gobernadores y caciques locales del PAN —muchos de ellos ex priístas—, quienes controlan la estructura clientelar en los estados con mayor militancia.

Cordero, apoyado en los residuos del grupo de Felipe Calderón, apuesta a la estrategia de polarización, al castigo de la militancia a Madero por ser “comparsa” del presidente priísta Enrique Peña Nieto y a la estructura que creó el ex gobernador Juan Manuel Oliva —su compañero de fórmula— desde su cargo como estratega electoral en 2012.

La contienda tiene a Puebla como epicentro: En ese estado Madero inició su campaña nacional, el domingo 23 de marzo, donde el equipo de Cordero documentó los excesos de su adversario: Acarreo en cientos de autobuses de miles de personas, entre ellas niños y ancianos que ni siquiera eran militantes, a cambio de dádivas.

COORDINADOR VIRTUAL

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, es señalado además como el virtual coordinador de campaña de Madero y, según el equipo de Cordero, ha enviado a sus principales operadores electorales, la mayoría ex priístas como él, a Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala.

Uno de ellos, el consejero del Instituto Estatal Electoral de Puebla Víctor Cánovas Moreno –obligado por ley a la imparcialidad–, era el responsable de operar para Madero en Tlaxcala por órdenes de Moreno Valle, como lo confesó él mismo según una grabación.

El arranque de la campaña nacional de Madero en Puebla tuvo el sello priísta hasta por el yerro del alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad, quien gritó que, en la elección del 18 de mayo, “ganará el PRI”.

Justamente para neutralizar la operación electoral de Moreno Valle, Cordero nombró como su coordinador estratégico a Fernando Manzanilla Prieto, cuñado del gobernador, exsecretario general de Gobierno de Puebla y abiertamente confrontado con él.

Moreno Valle, quien trabaja conjuntamente con el operador electoral Jorge Manzanera Quintana en su proyecto presidencial para 2018, ha puesto al servicio de Madero inclusive a su proveedor de productos chinos para las campañas, el veracruzano Roberto Arandia Gutiérrez.

El coordinador de la campaña de Madero, Marko Cortés —cuyo equipo aplastó al calderonismo en Michoacán—, no da crédito a las acusaciones del equipo de Cordero y advierte que su estrategia es polarizar al PAN, como lo hizo Calderón con México en 2006.

Maximiliano Cortázar, quien de vocero de Calderón pasó a ser el coordinador de la campaña de Cordero, responde: “Lo que realmente divide y ofende al panismo son las prácticas priístas: El acarreo de gente, darle prebendas. Eso se vio en Puebla y hay evidencia también en el Estado de México y en Veracruz…”

Si el órgano electoral solapa los excesos, advierte Cortázar, la elección puede convertirse en un cochinero: “Es muy importante que la comisión preste mucha atención a lo que ha estado haciendo Madero. Es como el ladrón que sale de la tienda y grita: ¡Agarren al ladrón!”

LAS ESTRUCTURAS

El lenguaje áspero del equipo de Cordero le está dando resultados: Ya se desvaneció la imbatibilidad de Madero, una percepción que prevaleció todavía al inicio de la campaña, el 18 de marzo.

La semana pasada se difundieron dos encuestas que muestran un cierre en la competencia, luego de que otras cuatro marcaban una ventaja amplia para Cordero. Una de las más recientes, la de Blanco y Asociados, fue publicitada por el equipo de Madero y le da tres puntos de ventaja.

Difundida por TV Azteca, esta encuesta le da ventaja a Madero de 47 puntos por 44 de Cordero, quien en otra de Ana María Covarrubias, hecha para el portal SDP-Noticias, se coloca 13 puntos arriba.

Para ganar la elección se debe obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos o al menos 37%, con una diferencia de cinco puntos porcentuales en relación con el rival, y el temor del equipo de Cordero es la estructura que ha armado Madero.

De acuerdo con los equipos de campaña de los dos candidatos, en los tres estados con mayor militancia el voto está dividido, aunque con tendencia hacia Madero: Jalisco (20 mil 700), Veracruz (16 mil 800) y Estado de México (15 mil 200).

VÍCTOR CÁNOVAS, EVIDENCIADO

Además de los estados donde el PAN tiene gobernador o grupos locales que lo apoyan, Madero cuenta con la operación de Moreno Valle para ganar en otros seis estados, según el equipo de Cordero.

La estrategia de Moreno Valle se evidenció cuando su operador en Tlaxcala, Víctor Cánovas Moreno, consejero del IEE de Puebla, fue sorprendido como organizador del arranque de campaña de Madero, el martes 18, por instrucciones del gobernador.

Cuando se difundió la información de su asistencia a un acto partidista en Tlaxcala, donde hay 3 mil panistas, alegó que fue sorprendido por el alcalde de Huamantla, Alejandro Aguilar López. “Es un error, no sabía de qué se trataba, así de simple.”

Mintió: Una grabación difundida por el columnista Alejandro Mondragón del portal StatusPuebla.com —sometido a un boicot publicitario por Moreno Valle, igual que E-consulta e Intolerancia— lo evidenció a él y a su jefe.

Cánovas —protegido de Beatriz Paredes en el PRI— tuvo que renunciar como consejero electoral, aunque el alcalde de Huamantla lo contrató de inmediato como asesor…

‘COMPARSAS DEL PRI’

Cordero, mientras tanto, concentra su fuerza en Guanajuato, que gobernó Oliva y que pretende hacerlo también el diputado Villarreal, identificado como el principal beneficiario de los “moches”. En esta entidad Madero sería minoría entre los 10 mil 600 militantes con derecho a voto.

Hijo del poder, miembro activo del PAN desde apenas 2008, Cordero se juega todo en esta elección luego de fracasar como aspirante a la candidatura presidencial, con todo el poder de la Presidencia de la República.

Cordero ha integrado su equipo con funcionarios del gobierno de Calderón, muchos de ellos legisladores por designación como él, sin jamás haber ganado ninguna elección: Maximiliano Cortázar, su coordinador, y Roberto Gil Zuarth, senador y derrotado por Madero en la elección de 2010.

El discurso de Cordero y su equipo se ha centrado en la corrupción asociada a Madero y sus allegados, como el diputado Villarreal, quien no ha aparecido en los principales actos de campaña.

Ante la corrupción que mancha a unos y a otros, los equipos de Madero y Cordero sólo repiten que se investigue sin ir más allá, y cruzan culpas de quiénes son peores.

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INE, EL NUEVO BOTIN ELECTORERO DEL PRIAN Y SUS SATELITES (Reportaje completo)

Por Jesus Cantu/Proceso

PROCESO-1953-190x250Los coordinadores de los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) conformaron un Consejo General del Instituto Nacional Electoral que les garantizara una interpretación letrista y restrictiva de la ley y la defensa de sus intereses; a pesar de todas las declaraciones en el sentido de “evitar cuotas y cuates”, los 11 designados evidencian el reparto de posiciones entre las tres principales fuerzas políticas.

Los coordinadores optaron por seleccionar fundamentalmente a candidatos ya probados, es decir, que hubiesen actuado en órganos jurisdiccionales o administrativos electorales y que en su actuación hayan evitado interpretaciones sistemáticas y teleológicas de las normas aplicables. Pero también buscaron algunos consejeros que estuvieran dispuestos a defender sus intereses al interior del máximo órgano de dirección de la autoridad electoral nacional.

Así, no se privilegió el compromiso con la democracia o el estado de derecho, sino la actuación dócil y conservadora. De los 11 consejeros designados (incluyendo al consejero presidente), siete tienen experiencia previa en órganos administrativos o jurisdiccionales electorales; uno, en un tribunal superior de justicia estatal; y tres, como asesores de consejeros electorales.

El reparto de cuotas llegó al grado de que se hizo en función de periodo para el que eran elegidos: para nueve años el PRI colocó a Adriana Margarita Favela; el PAN, a José Roberto Ruiz Saldaña, y el PRD, a Ciro Murayama; para seis años: el PRI, a Marco Antonio Baños y Enrique Andrade González; el PAN, a Benito Nacif, y el PRD, a Alejandra Pamela San Martín Ríos; y para tres años: el PRI, a Beatriz Eugenia Galindo Centeno; el PAN, a Arturo Sánchez Gutiérrez, y el PRD, a Javier Santiago Castillo.

De este modo, el PRI se quedó con cuatro posiciones; el PAN, con tres, y el PRD, con las tres restantes. El PRI apostó por dos fieles escuderos: Baños y Andrade, y dos magistradas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el PAN, por su parte, por dos ex consejeros del IFE y ya probados en su identificación blanquiazul (Sánchez y Nacif), así como por un magistrado del Tribunal de Justicia de Sonora (Ruiz); mientras tanto, en el caso del PRD, el único ya probado en los consejos de órganos electorales es Javier Santiago Castillo, y los otros dos (Murayama y San Martín Ríos) fueron en su momento asesores de consejeros.

En el caso del consejero presidente, el consenso se dio en torno a Lorenzo Córdova, quien en noviembre del 2011 llegó al Consejo General del IFE a propuesta del PRD, pero que en su actuación como consejero electoral dejó constancia de ser sumamente cauto y de apegarse a una lectura literal de las normas, lo cual es muy importante para los otros dos partidos, particularmente para el PRI.

En estas condiciones, se puede decir que el PRI y el PRD colocaron a cuatro miembros del consejo cada uno, y el PAN a tres; sin embargo, en los hechos el PRI sabe que entre los consejeros propuestos por el PAN y el PRD fácilmente encontrará otros dos que se plegarán a sus demandas y requerimientos; además, el tricolor también introdujo al consejero (Baños) con mayor experiencia en el ámbito de la organización electoral, con lo cual apuesta a designar consejos estatales, distritales y municipales que les sean afines, y a mantener un cierto control de la estructura ejecutiva. El tricolor logró la conformación de un consejo cómodo y manejable.

El PAN fue el que enfrentó las condiciones más desfavorables para la negociación, pues únicamente tenía un candidato en las cuatro quintetas para nueve años (la de consejero presidente y las tres de consejeros electorales). Precisamente por ello pedía que se pudieran reacomodar los nombres entre las 11 quintetas; eso lo llevó a sacrificar a varios de sus mejores exponentes, como lo eran María Marván, Horacio Vives y Carla Astrid Humphrey. No tenían otra opción si querían asegurar por lo menos un consejero durante los siguientes nueve años.

Mientras tanto, los candidatos del PRD estaban mejor distribuidos que los del PAN, pero no que los del PRI (el único que logró colocar opciones en todas las quintetas), lo que le aseguró la presencia de un operador ya probado (Javier Santiago) al que había impulsado en casi todas las renovaciones del Consejo General del IFE, y a otros dos que le aseguran la interlocución.

El perfil conservador y cauto del consejo favorece al partido en el gobierno, y así, nuevamente, es el PRI el que logra imponer su mayoría de legisladores en la conformación del consejo, aunque es un hecho que tuvo que ceder la presidencia (quinteta en la que había colocado a tres de sus principales candidatos) al PRD, para lograr que éste se sumara a la propuesta de 11 consejeros y conseguir así la mayoría calificada requerida para aprobar la lista. La opción del PAN fue tomar al único candidato que tenía en las quintetas para nueve años y tratar de impulsar a sus mejores cartas en los seis y tres años.

La integración del Consejo General es fiel reflejo de la cartelización de las tres principales fuerzas políticas en México, que en general quedan satisfechas con un órgano cauto, dócil y conservador que se dedicará fundamentalmente a la organización de las elecciones, lo cual descansará sustancialmente en la estructura ejecutiva (con la intervención y cuidado de Baños, el candidato más fuerte de los tricolores) y evitará los temas y resoluciones controvertidos.

No será el Consejo General del INE el que buscará impulsar los acuerdos y decisiones que permitan corregir las grandes deficiencias que han aflorado en materia de fiscalización de recursos de los partidos políticos, su presencia en los medios masivos de comunicación, la rendición de cuentas de sus dirigentes, la compra y coacción del voto, la intromisión de los gobernantes en la contiendas electorales; en fin, todos los asuntos que vulneran claramente la equidad en la contienda y que es indispensable detener para revertir la involución que hoy vive el país.

El proceso concluyó sin sorpresas: la integración de un consejo a partir de las cuotas partidistas y de bajo perfil.

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